El presidente cubano Miguel Díaz-Canel catalogó la Helms-Burton como “una ley anticonstitucional que pretende tratar a Cuba como otra posesión norteamericana”.
Las autoridades de Cuba calificaron el domingo como un fracaso la Ley Helms-Burton, firmada el 12 de marzo de hace 27 años por el entonces presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Bill Clinton, y que recrudeció el bloqueo económico contra la isla caribeña.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recordó la fecha en la cual Clinton firmó la Helms-Burton, que señaló como “una ley anticonstitucional que pretende tratar a Cuba como otra posesión norteamericana”.
“Fue hace 27 años y aquí seguimos, independientes y soberanos”, manifestó el jefe de Estado, que acompañó su tuit con las etiquetas: #CubaEsDeLosCubanos y #YoVotoXTodos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó en la red social de micromensajes que la Ley Helms-Burton “es un instrumento de dominación imperialista y sustento del bloqueo genocida de EEUU, de carácter extraterritorial”.
“Ha fracasado durante 27 años en su objetivo de adueñarse de Cuba”, sostuvo Rodríguez, quien remarcó que la norma estadounidense es “un engendro que castiga a las familias cubanas y viola el Derecho Internacional”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, sostuvo que la Helms-Burton es parte del inmenso entramado que el imperialismo ha construido para implementar su política criminal de asedio y cerco económico contra la mayor de las Antillas.
“La Ley ‘Helms Burton’ forma parte del inmenso entramado que el imperialismo ha construido para implementar su política criminal de asedio y cerco económico contra Cuba”, aseveró el mandatario venezolano en su cuenta deTwitter.
El gobernante Maduro agregó que Estados Unidos implementa esa política “ignorando el Derecho Internacional, ante la mirada indiferente de las Organizaciones de Derechos Humanos”.
La norma Helms-Burton recrudeció el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla caribeña, en particular su Título III, que permite a ciudadanos estadounidenses que fueron objeto de nacionalizaciones o expropiaciones por las leyes cubanas a partir de enero de 1959, de bienes por un valor superior a 50 mil dólares, presentar reclamación ante las cortes de EE.UU.