Jorge Elbaum │ Cohete a la luna
La represión sufrida por el pueblo jujeño las últimas semanas está enmarcada en un contexto internacional ligado al control de los recursos naturales, la tierra y especialmente el litio. El último 13 de junio, uno de los analistas de seguridad estratégica más reconocidos de Estados Unidos, Walter Russell Mead, publicó una nota en el Wall Street Journal titulada Rusia, China e Irán en el patio trasero de Estados Unidos, en la que advierte la necesidad de limitar de forma perentoria la cooperación que desarrolla América Latina y el Caribe con China.
Para eso necesita controlar las tierras en donde se hallan las reservas estratégicas de ese mineral. Y esa potestad requiere alejar a los campesinos y a los pueblos originarios de dichas tierras. Mead advierte que, hace dos décadas, el monto de las exportaciones de la región hacia China rondaba los 30.000 millones de dólares, y que ese monto asciende en la actualidad a 450.000 millones de la misma moneda.
Los cálculos más conservadores conjeturan que esos guarismos ascenderán a 700.000 millones en los próximos tres lustros. En el artículo del WSJ se hace referencia, en este marco, al resurgimiento geopolítico de América Latina y el Caribe como producto de la competencia global que la guerra en Ucrania dejó en evidencia. La confrontación entre el atlantismo –agrupado en el G7– y el polo euroasiático, expresado básicamente por los BRICS, propone dos formas alternativas de vinculación global.
El modelo impuesto por Washington impulsa un orden internacional basado en reglas, diseñado de forma unilateral. Frente a él se plantea un sistema multilateral –sugerido por Moscú y Beijing– que propone normas instituidas de forma colectiva, respetando la soberanía y cuestionando el modelo de las sanciones unilaterales.
Según el Center for Strategic and International Studies, China “ha incrementado sus relaciones comerciales y de inversión en todas las regiones en desarrollo y ha proporcionado un importante apoyo financiero para el desarrollo de infraestructuras, un ámbito de crecimiento muy deseado que Estados Unidos y sus socios no están dispuestos a financiar”.
Con el doble objetivo de sabotear las relaciones con Beijing y acceder a los recursos naturales de la región, los funcionarios estadounidenses han planificado una serie de visitas a la Argentina en las que se hizo presente, de forma reiterativa, el tema del mineral necesario para la fabricación de baterías. En abril aterrizó en Buenos Aires la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman.
En forma casi paralela, se hicieron presentes el máximo representante de la Comisión Reguladora Nuclear, Christopher Hanson, y la titular del Comando Sur, Laura Richardson. En forma previa a esta última visita, la generala estadounidense explicó en enero de 2023 –ante el Atlantic Council– que la región es importante porque posee “ricos recursos y elementos de tierras raras.
Tienes el triángulo del litio, el cual es necesario para la tecnología; hoy en día 60% de esa materia se encuentra en el triángulo del litio entre la Argentina, Bolivia y Chile”. En marzo, Richardson participó en una audiencia ante el Congreso estadounidense en la que catalogó a Latinoamérica como “sumamente importante para la defensa de la patria y la seguridad de Estados Unidos”, dadas las amenazas generadas por China y Rusia.
Según los utilitarios relevamientos realizados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la Argentina cuenta con 870 mil hectáreas disponibles para su explotación, motivo por el cual su producción debe ser monitoreada por quienes se asignan la tutela de su patio trasero.
Un reciente informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales considera al litio argentino como “un recurso fundamental para Estados Unidos, en su carrera con China”. El documento considera que las provincias del noroeste ofrecen oportunidades únicas comparadas con Bolivia y Chile.
Estos países, que han aprobado diversas formas de nacionalización del recurso natural, vienen priorizando aspectos de la protección del medioambiente –sobre todo en relación con los recursos hídricos– y han establecido mecanismos de consulta con los campesinos y los pueblos originarios. El paper señala que la Argentina es el país menos regulado de la región, que además tiene carencia de dólares –por su endeudamiento externo– y tiene fuerza de trabajo capacitada.
Este es el contexto que explica la visita a Jujuy de Ivanka Trump, la hija del ex mandatario estadounidense, en septiembre de 2019. En aquella oportunidad, la hija y asesora de quien hoy es juzgado por media centena de delitos vino acompañada por David Bohigian, el máximo responsable de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), la institución encargada de financiar programas de desarrollo del gobierno de Estados Unidos.
Durante su estadía en la Argentina, Bohigian anunció “la aprobación de fondos por 400 millones de dólares destinados a ampliar y mejorar el tránsito del Corredor Vial C, una ruta comercial esencial para la economía de la Argentina”, sobre todo para el transporte del litio. Sesenta días después de la visita de la delegación estadounidense a Jujuy, se produjo el golpe cívico militar de Janine Áñez.