Carlos Alberto Escorcia Polanco*
Ellos se “autoconvocaron”, ellos hicieron zanjas en las carreteras, ellos salieron a la calle y levantaron tranques, ellos amenazaron a los empresarios del COSEP con quemarles sus negocios si no se unían al paro.
Ellos asesinaron a 22 policías, ellos incendiaron buses, alcaldías y saquearon tiendas y supermercados, ellos destruyeron 500 mil empleos, ellos y nadie más.
Destruir medio millón de empleos en un pequeño país de solo 6,4 millones de habitantes, es una verdadera chambonada y un verdadero crimen de Lesa Humanidad contra un pueblo pobre y humilde. Y esa cifra no fue proporcionada ni por el gobierno ni por la prensa de izquierda latinoamericana, sino por el Dr. Néstor Avendaño, economista de la prestigiosa universidad de Yale, en Estados Unidos.
Según el distinguido economista Dr. Néstor Avendaño, de esos 500 mil empleos, 200 mil eran empleos formales (que cotizaban al INSS) y 300 mil eran informales (que no cotizaban al INSS).
De parte del gobierno, los únicos empleados despedidos fueron los médicos que robaron medicinas y materiales quirúrgicos para usarlos en los tranques y atender a sus heridos, con lo que demostraron lo muy bien “autoconvocados” que iban.
En cambio, el sector privado se dio a la tarea de despedir a cuanto empleado pudo para reducir costos de operaciones y costos de beneficios sociales en sus empresas. Los desventurados informales no se despidieron a sí mismos, sino que vieron sus medios de trabajo destruidos o su clientela desaparecida.
La violenta marejada golpista de la democracia tarifada arrastró a su paso y lanzó a la quiebra, salones de belleza de madres solteras, fritangas, talleres de reparación de celulares, cerrajerías, pulperías, panaderías, venta ambulante de cosa de horno, “bienmesabe”, talleres de mecánica y cuanta actividad emprendedora tuviera el pueblo pobre.
La consecuencia lógica de tan brutal, cruel e inhumana destrucción de la economía del pueblo, fue la hemorragia migratoria jamás vista en los últimos 40 años en Nicaragua. El pueblo hambriento, desesperado, salió virtualmente en estampida migratoria.
Dicha estampida migratoria, provocada por ellos, los “autoconvocados”, los tranqueros, los saqueadores, los pirómanos, los asesinos de policías y civiles sandinistas, fue motivo de sádica y genocida felicidad para los mercenarios Chamorro-somocianos.
Cantaron victoria. Si hay algo que debemos reconocer es que tuvieron un éxito contundente en destruir la economía. Triunfaron en su objetivo de hacer que niños menores lloraran ante sus padres desempleados: “papito, tengo hambre.”
“Vamos ganando, los tenemos locos” decía un rollizo pingüino tropicalizado, hoy deportado al paraíso terrenal de Miami, el estercolero político de Estados Unidos y venadero por años al servicio de una potencia extranjera.
Vulgarearon al pueblo pobre, se mofaron de los migrantes, estigmatizaron a los pobres por salir de la patria que los vio nacer para buscar empleo, “de lo que sea” y “donde sea”, para poder alimentar a sus tiernos niños. Los “autoconvocados” los lanzaron al hambre a ellos y a sus pequeños hijos.
Sí, celebraron en grande la agonía del pueblo, sí, bailaron de felicidad por la migración del pueblo pobre. Cometieron genocidio socio económico contra el pueblo. Se ensañaron con el pueblo pobre, se “embijaron” con los humildes, que corrían despavoridos a otras latitudes.
¡¡¡Y claro!!! Culparon al presidente Ortega de lo que ellos mismos hicieron. Ellos saquearon supermercados, ellos incendiaron buses, ellos trancaron y paralizaron la economía nacional por 3 meses y descaradamente culparon al presidente de Nicaragua de su propia destrucción vandálica.
En base a las mismas cifras triunfalistas proporcionadas por los mercenarios de la informaron y vividores del presupuesto fiscal de Estados Unidos, de esos 500 mil nicaragüenses que perdieron sus empleos, en muchos casos para siempre, el 70% emigró a Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y España.
Luego vino la pandemia del COVID-19 en donde hasta Estados Unidos, supuestamente la potencia más rica de la tierra, actuó como pirata del Caribe y a punta de pistola se robó un cargamento de mascarillas en un aeropuerto de China, porque los yanques lo necesitaban urgentemente en Estados Unidos. Claro que los títeres antisandinistas no dijeron nada.
Pero el tiempo pasó y ese 70% de nicaragüenses, despatriado por los autoconvocados, forzado a abandonar su patria, porque “el dictador tiene que sentir la presión”, encontraron trabajo en Estados Unidos.
No llegaron a Estados Unidos en un avión fletado por el departamento de Estado, como lo hicieron los mercenarios y traidores, quienes de rodillas y a gritos pidieron sanciones y agresiones contra la patria que los vio nacer.
Estos humildes obreros nicaragüenses llegaron en un tren llamado “La Bestia”, que cruza todo México y luego, con ayuda de “coyotes”, entraron mojados a Estados Unidos. Cada caso personal es una historia única, diferente y triste. Pero estos más de 350 mil nicaragüenses, entraron a Estados Unidos y comenzaron a trabajar en tareas que los mismos estadounidenses de color no quieren hacer.
Trabajaron en los campos cosechando las verduras en el inclemente sol californiano, más calcinante que los algodonales de León. Trabajaron como jardineros, como albañiles, destaqueando inodoros; las mujeres como domésticas, niñeras, lava platos o cuidando ancianos, pero luchando por sobrevivir y por enviar las ansiadas remesas a sus familiares, sus madres, hijos, esposas, novias, etc.
Los traidores a la patria, los enemigos del pueblo, los mercenarios de la misma potencia extranjera que asesinó a Sandino y nos impuso a sangre y fuego a la sangrienta tiranía somocista, han ido a Washington a cabildear para que a Nicaragua se le agreda más todavía por medio de la NICA Act y la ley RENACER.
Ya son más de 1,000 funcionarios nicaragüenses los que han sufrido sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dichas sanciones no han derrocado a ningún gobierno en ninguna parte del mundo, pero sí causan incomodidades personales, pero no siempre. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos constituyen una flagrante violación al Derecho Internacional, consignado en la carta de las Naciones Unidas en su artículo 39, capítulo VIII de dicha carta.
El articulado en mención autoriza únicamente al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer castigos o sanciones punitivas a aquellos países culpables de terrorismo o que ponen en peligro la paz internacional. En ninguna parte dice que Estados Unidos puede, unilateralmente, imponer sanciones a terceros.
De igual manera, las sanciones impuestas por el Departamento de Estado son un atropello al Debido Proceso de rango constitucional, consagrado en la misma constitución de los Estados Unidos. Se les conoce también como garantías procesales, derechos constitucionales o comúnmente como “derechos Miranda.”
Según los Derechos Constitucionales consagrados en la propia carta magna de los Estados Unidos, todo ciudadano, no importa si tiene o no tiene la nacionalidad estadounidense, tiene el derecho a la “presunción de inocencia”, hasta que un tribunal de justicia lo juzgue y determine lo contrario. La excepción a esta regla o derecho a la presunción de inocencia sucede cuando el ciudadano está acusado de terrorismo, tal como lo consigna la “Ley Antiterrorista” promulgada por el presidente George W. Bush Jr.
Para evadir la obligación de cumplir dichas leyes, Estados Unidos posee cárceles clandestinas fuera de Estados Unidos, siendo la más conocida la prisión de Guantánamo, que Estados Unidos ocupa ilegalmente en la isla de Cuba y en donde ellos aplican, porque así les conviene, el principio de la NO jurisdiccionalidad de la constitución de los Estados Unidos.
Los mercenarios antisandinistas viven despotricando que en Nicaragua no hay estado de derecho y que el gobierno del presidente Daniel Ortega, actúa arbitrariamente contra los ciudadanos sin forma ni figura de juicio.
Lo que jamás dicen es que cada vez que los Estados Unidos impone una sanción contra un funcionario nicaragüense, eso es exactamente lo que hacen. Actúan arbitrariamente contra los ciudadanos de otro país, por supuestos delitos cometidos en otro país, sin ninguna forma ni figura de juicio. Aplican castigo o sentencia contra un ciudadano de otro país, siguiendo los criterios de democracia de Estados Unidos, pero sin apegarse a la Constitución de los Estados Unidos.
El funcionario sancionado, ni siquiera es informado de cuál es la acusación en su contra. Esa es exactamente la acusación contra el gobierno de Nicaragua, que este no les informa a los mercenarios terroristas de qu+e se les acusa, aunque comparecen ante un juez y el juez “Orteguista” les informa verbalmente de las acusaciones.
El funcionario nicaragüense no goza de la “presunción de inocencia” aunque dicha presunción está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos. Al sancionado nicaragüense no se le da el derecho a la defensa, ni es juzgado por un juez o jurado imparcial tal como mandata la constitución.
Las sanciones con las cuales Estados Unidos pretende flagelar a los ciudadanos de otro país, de manera unilateral y extraterritorial, violan el ordenamiento jurídico y constitucional de Estados Unidos, por cuanto dichas sanciones son originadas en el seno del propio gobierno de Estados Unidos, cuyo titular juró ante la Corte Suprema y con la Biblia en la mano, cumplir y hacer cumplir todas las leyes de los Estados Unidos de América.
Ni la Carta de las Naciones Unidas, ni la Constitución de los Estados Unidos autorizan al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones unilaterales contra ciudadanos, que, aunque fuese cierta la acusación en su contra, son violaciones extraterritoriales, no ocurridas en Estados Unidos.
Las sanciones de Estados Unidos son unilaterales, son venganzas y prejuicios políticos abusivos, son ilegales, son extraterritoriales y carecen de jurisdicción de acuerdo con la carta de las Naciones Unidos y la Constitución de los Estados Unidos.
En ninguna de los dos casos autorizan a Estados Unidos a violar el debido proceso y actuar por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo más grave aún, tampoco los autoriza a violentar la constitución de los Estados Unidos.
Y para hacer el agravio más nocivo todavía, el funcionario estadounidense que impone la sentencia, ni siquiera es un juez, ni fiscal judicial, sino un funcionario administrativo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, carente de toda investidura judicial para imponer sentencia.
Si el presidente Ortega desterró a 222 traidores a la patria, los “autoconvocados” desterraron a más de 350 mil nicaragüenses, sin darles un avión fletado y forzándolos a hipotecar sus casitas para pagar un “coyote” y buscar trabajo para saciar el hambre de sus hijos, causada por la destrucción de 500 mil empleos provocada por los mismos autoconvocados durante el golpe fallido de 2018.
Pero estos nicaragüenses pobres, comenzaron a enviar remesas ganadas con el sudor de su frente y a costa de enormes sacrificios personales. Y las remesas comenzaron a crecer y a darle una poderosa bocanada de oxígeno a la economía nacional. Según cálculos del mismo tarifado del imperio, Manuel Orozco, a finales de 2023, las remesas totalizarán $ 5,000 millones de dólares y generarán impuestos hasta por $ 750 millones de dólares este año.
A los mercenarios y traidores, apátridas antisandinistas les salió el tiro por la culata. Celebraron el hambre del pueblo luego del maldito golpe de estado. Pegaron gritos de alegría al ver la pobreza del pueblo.
Vulgarearon y estigmatizaron al presidente Daniel Ortega por la hemorragia migratoria y obviamente no asumieron su responsabilidad por la destrucción y vandalismo a todas luces causados por ellos mismos.
Hoy lanzan gritos de dolor y lloran como mica mal tirada, porque la economía nicaragüense está recibiendo esta fuerte inyección en dólares. Han llegado a la estupidez de decir, que Ortega exporta migrantes para que luego le manden dinero en un acto de “inaudita crueldad del dictador.” El contraste entre los traidores al servicio de la oligarquía blancoide y el imperialismo, los mercenarios Chamorro-somocianos, no puede ser más claro.
Mientras los traidores por un lado piden sanciones y ya han logrado agredir a más de 1,000 ciudadanos nicaragüenses, por otro lado, los humildes trabajadores nicaragüenses envían remesas solidarias para sus familias.
Los venaderos y mercenarios ya se dieron cuenta de que las sanciones no pasarán de causar incomodidades a ciertos ciudadanos agredidos, pero a la mayoría, no les hacen nada. Las sanciones carecen de verdadera garra coercitiva y son un mero consuelo de tontos para los fanáticos y desesperados golpistas Chamorro-somocianos.
Ningún alcalde Sandinista está interesado en ir a pasar vacaciones a las contaminadas playas de Miami, hediondas a “chicuís”. Una zambullida en las supuestamente “cristalinas” aguas caribeñas les puede significar una sarna que difícilmente se cura con antibióticos.
Sus dólares estarían mucho mejor invertidos, si en vez de ir a Miami, guarida de dictadores, miembros de la ex mafia petrolera de Venezuela y asesinos de la exguardia somocista y gusanos batistianos, este alcalde viajara a la paradisiaca isla de Corn Island, en el Caribe nicaragüense.
En su propia patria Nicaragua, en el Caribe nicaragüense, disfrutaría de verdaderas playas cristalinas, con cero contaminación y restaurantes muy amorosamente atendido por hermosas meseras, morenas costeñas que le harán sentir en el paraíso terrenal.
Los traidores se jactan de las sanciones del imperio, pero para los pobres que se ganan la vida honradamente en Estado Unidos, el envío de remesas es un gesto solidario de amor hacia sus familias. Si las sanciones vienen cargadas de odio, las remesas vienen cargadas de amor. Si las sanciones son el látigo del mismo imperialismo que asesinó a Sandino, las remesas representan la dignidad y el sudor de los trabajadores nicaragüenses.
Si las sanciones unilaterales son ilegales y violatorias del Derecho Internacional, el ordenamiento jurídico de las Naciones Unidas, y la propia carta magna de los Estados Unidos, las remesas llevan toda la dignidad del trabajo honesto de humildes nicaragüenses.
Estos trabajadores nicaragüenses que fueron expulsados de su país por la maldita destrucción de sus empleos, provocados por quienes no soportaron el crecimiento de la economía “Orteguista” de antes del golpe de 2018, son la verdadera reserva moral de la patria.
Mientras quienes piden sanciones, expulsiones y la destrucción de la nación nicaragüense, se cubren de vergüenza e ignominia, los compatriotas que sostienen con sus remesas gran parte de la economía nacional, demuestran una vez más que solo el pueblo salva al pueblo.
Reitero, les salió el tiro por la culata. Dejaron desempleados a 500 mil nicaragüenses en 2018, se jactaron de su conquista, pero el pueblo de Nicaragua revirtió la agresión y hoy los mercenarios no saben cómo detener el flujo de las remesas del pueblo.
Mientras las sanciones inmorales e ilegales, desde todo punto de vista, vienen manchadas con la sangre santa del pueblo nicaragüense, las remesas del pueblo vienen lavadas con el sudor y las lágrimas de los obreros, desterrados por los golpistas con su vandalismo de abril de 2018.
Todo Sandinista que no ha sufrido sanciones, debe preguntarse en que está fallando que el imperialismo no lo mira como peligro. Todo ciudadano que tiene la honra de ser sancionado, debe verlo como un privilegio y un honor de la ironía y el orgullo de ser nicaragüense.
Todo Sandinista que es sancionado por el gobierno de Estados Unidos, debe ver dicha sanción como un honor al mérito, como una condecoración, como si el comandante Daniel Ortega le ha impuesto la orden Augusto Cesar Sandino, en el grado de “Batalla de San Jacinto.”
El comandante Fidel Castro Ruz dijo: “Los pueblos son como los volcanes, son invencibles.” Las sanciones no podrán doblegar la dignidad del pueblo nicaragüense, pero las remesas sí derrotarán los efectos negativos de las inmorales e ilegales sanciones del imperialismo.
* Carlos Alberto Escorcia Polanco es analista político nicaragüense, afincado en la ciudad de Los Ángeles, California.