Mariano Saravia | Granma
A menos de dos meses de haber asumido su cargo, el presidente argentino Javier Milei enfrentó la primera huelga general contra su gobierno, autodefinido como anarcocapitalista. Luego, el 24 de enero, confluyeron las distintas centrales obreras en un paro nacional activo.
Fue el resultado de las primeras medidas de una administración que casi triplicó la inflación, al tiempo que recortó fondos en distintas áreas, sobre todo salud y educación, y ayudas sociales a un pueblo que ahora está contra las cuerdas.
No hubo luna de miel ni los famosos primeros cien días de crédito de un gobierno. Es sorprendente la velocidad con que está aplicando su plan antipopular, en tanto pierde apoyo político, casi tan rápido como la forma en que llegó al poder, producto de los medios de comunicación hegemónicos por los que, un año antes, paseaba disfrazado de superhéroe, o vociferando su doctrina de odio, racismo, machismo y neoliberalismo.
Con la asunción, dio un giro autoritario, al derogar por decreto más de 300 leyes, y en solo 15 minutos anunció la imposición del dogma neoliberal y la pérdida de derechos y protecciones para los más vulnerables. Se desregula toda la economía, principalmente en sectores tan importantes como los alquileres de viviendas, la industria farmacéutica o los alimentos.
Se transforman las empresas del Estado en sociedades anónimas, para favorecer su posterior privatización, empezando por Aerolíneas Argentinas. Y hasta se reforman las sociedades deportivas, con el objetivo de transformar a los clubes de fútbol en empresas privadas (anhelo del expresidente y actual aliado, Mauricio Macri).
Inmediatamente, se presentaron en los tribunales argentinos distintas denuncias sobre la inconstitucionalidad de la medida, ya que los decretos presidenciales deben ser de necesidad y urgencia, cosa que no se cumple en este caso, y también deben ser muy puntuales y no tan amplios como en este caso. De hecho, muchos constitucionalistas e historiadores están comparando lo hecho por Milei, en el primer mes de gobierno, con las acciones del exmandatario peruano Alberto Fujimori, cuando en 1990 empezó así, y terminó cerrando el Congreso.
Para el constitucionalista argentino Eduardo Barcesat, «se trata de un golpe de Estado, porque Milei usurpa funciones propias del Poder Legislativo, que es el primero de los tres poderes en la Constitución. Es el primer poder porque representa mejor el mapa político del país. A ese poder le acaban de sacar las atribuciones que la Constitución confiere, con lo cual se está atacando a la Constitución y a la democracia».
En la vida cotidiana, la desregulación económica permite que en Argentina el mercado sea la ley, y que no tengan ningún límite los precios de los alimentos, los medicamentos, los combustibles o los alquileres de casas, que golpean a los pobres y a la clase media.
Otra norma antipopular es la que llaman, eufemísticamente, «reforma laboral», que propone una desregulación según la cual el patrón ignora los derechos laborales del pueblo argentino. Por tanto, están en juego el aguinaldo (sueldo 13), las vacaciones pagadas, la jornada laboral de ocho horas, las horas extras, y hasta el régimen de jubilaciones y pensiones.
Pareciera que en Argentina se vive más de lo mismo, con las derechas oligárquicas en acción, las mismas que han gobernado la mayor parte de los 213 años de vida independiente. Pero no, no es más de lo mismo. Esto es mucho peor.
Milei representa, sí, los intereses del gran capital, y también los de su amo, Estados Unidos; pero tiene novedades. Reúne lo peor de cada expresión de la extrema derecha mundial: el militarismo y la reivindicación de los dictadores que propone en Chile el pinochetista José Antonio Kast; los rasgos neofascistas de Santiago Abascal, líder de Vox, en España; la xenofobia y el racismo de la corriente italiana en el poder; el dogma neoliberal y apátrida del expresidente brasileño Jair Bolsonaro; el racismo y el machismo de Donald Trump; y la intolerancia y el odio de Benjamín Netanyahu.
Milei hizo campaña prometiendo recortes y ajustes, pero, principalmente, prometió recortar lo que él llamaba «la casta», es decir, la clase política y empresarial. Curiosamente, esa casta es la que ha copado el flamante Gobierno, y el decretazo está hecho a la medida de los monopolios farmacéuticos, energéticos, alimenticios, incluso multinacionales de comunicaciones como la de Elon Musk.
El ajuste no fue a la casta, sino al pueblo argentino, y la motosierra avanzó sin piedad, cortando órganos vitales de la sociedad. Por supuesto, en el Gobierno saben que esta arremetida contra el pueblo tendrá protesta social, pero se han preparado para eso.
En Argentina ya se está viviendo en un virtual estado de sitio. La Policía sube a los buses del transporte urbano para revisar y filmar a los pasajeros, como pasó en asambleas sindicales y manifestaciones. Una realidad distópica, propia de la novela 1984, de George Orwell. Gritaban «¡Viva la libertad, carajo!»; ese era su grito de guerra. Y lo primero que hicieron fue terminar con la libertad de protestar, de hacer una huelga.
En las estaciones de trenes, en estos días se escucha por los parlantes: «El Ministerio de Capital Humano informa: si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Puede denunciar anónimamente al 134. El que corta (calles) no cobra».
Con esos mensajes se busca atemorizar, aterrorizar a las personas para que no protesten, por miedo a perder los pocos pesos que cobran de ayudas sociales.
Como en los años 50 en Estados Unidos, el insulto de moda hoy en Argentina es decir que alguien es comunista. Y eso baja desde el propio presidente, que insultó a medio mundo, empezando por el Papa Francisco, de quien dijo que era un representante del maligno y defensor del comunismo.
De Lula da Silva, dijo que «es un ladrón y un comunista furioso»; de China, que es un régimen comunista sin libertad, y que él con comunistas no quería tener trato. Ahora que llegó a la Casa de Gobierno quiso moderar su posición, pero la respuesta de Beijing fue contundente: canceló un crédito por 6,500 millones de dólares, que se había acordado con el Gobierno anterior.
Milei ve el «peligro» comunista por todos lados, y anunció que no nombraría embajadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua. No quiere tener trato diplomático con estos países. Es una vergüenza más, de tantas, en tan poco tiempo de gobierno.