Carmen Parejo Rendón | RT
Aún resuenan aquellas palabras que el exprimer ministro israelí, Yair Lapid, en medio del debate que restringía el acceso de prensa a la Franja de Gaza, pronunció en octubre del año pasado: «Si los medios internacionales son objetivos, sirven a Hamás. Si solo muestran los dos lados, sirven a Hamás. Mi argumento es que los medios no pueden decir que cuentan los dos lados de la historia. Si lo haces, estás sacando solo uno: el de Hamás».
El exprimer ministro, que ejerció como periodista con anterioridad, se apresuraba a esclarecer la premisa que las autoridades israelíes y sus aliados internacionales han seguido en todo momento: analizar las causas políticas del conflicto, establecer un recorrido histórico o dar voz a los palestinos, debe ser censurado.
Ese temor al debate se comprende mejor atendiendo a la estrategia de construir una «legitimidad» en el relato, que contrarreste el incumplimiento sistemático de Israel al respecto de la legalidad internacional. Israel no puede decir que «la historia le absolverá» y, en ese sentido, evita todo análisis profundo sobre el conflicto, al tiempo que establece un planificado sabotaje a la obtención de pruebas sobre sus crímenes.
Sin embargo, no estamos ante un escenario novedoso, fruto de la actual ofensiva israelí en Gaza. Desde el año 2000 hasta 2014 (con el inicio de la anterior gran ofensiva de Israel en la Franja), fueron asesinados 40 periodistas o trabajadores de medios palestinos. En 2014, otros nueve periodistas palestinos fueron aniquilados, siete de ellos en tan solo cuatro días, desde el 7 al 11 de octubre de ese año.
La situación se recrudece con el inicio de las protestas de la Gran Marcha del Retorno en 2018. Solo durante la primera mitad de ese año, un informe del Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de información denunciaba 227 ataques contra el libre desarrollo de la prensa palestina tanto en Gaza, como en Cisjordania y Jerusalén este.
En 2022, Reporteros Sin Fronteras registraba 140 violaciones israelíes contra periodistas palestinos desde que iniciaron estas protestas, cuatro años atrás. Destacando algunos casos, como los de Ahmed Abu Hussein o Yasser Mortaja, periodistas palestinos asesinados por francotiradores israelíes mientras cubrían las protestas.
A su vez, esta organización denunciaba que al menos 144 periodistas palestinos habían sido víctimas de disparos con munición real, balas de goma, granadas de aturdimiento o gases lacrimógenos, por parte de soldados o policías israelíes. El fotógrafo independiente Youssef al-Kronz fue alcanzado en sus extremidades inferiores, y le tuvieron que amputar la pierna izquierda. Dos periodistas, Yahya Khalid (Palestina Today News) y Sami Misran (Al-Aqsa TV), quedaron total o parcialmente ciegos de un ojo.
Reporteros sin Fronteras presentó entonces una queja ante la Corte Penal Internacional, que fue admitida en 2021, cuando la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, consideró que existían motivos suficientes para iniciar una investigación. Durante el actual pico de conflicto, esta organización ha vuelto a presentar, hasta en tres ocasiones, una reclamación a la Corte para la investigación de la vulneración sistemática de Israel de la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, aprobada en 2015.
Desde 2008 hasta 2017, 226 periodistas palestinos fueron arrestados por la fuerza de ocupación israelí. Desde el inicio de la actual ofensiva, el Sindicato de Periodistas Palestinos, ha denunciado más de 500 ataques contra comunicadores, incluyendo el ataque a las oficinas de Al Jazeera, de Palestina TV, de la agencia de noticias Maan, así como de los periódicos Al Quds y Al Ayyam.
Hasta el 16 de agosto, Israel mantiene en prisión a 51 periodistas palestinos, de los más de 90 que han sido detenidos desde el inicio de la actual ofensiva. Al menos 16 de ellos se encuentran en prisión bajo la forma de «detención administrativa», que supone una forma de arresto sin garantías, donde la base de acusación no es comunicada ni siquiera al equipo de abogados de los acusados, y que puede ser renovada en intervalos de tres a seis meses, sin mayor explicación.
Según el artículo 48 de la Cuarta Convención de Ginebra, la detención administrativa es una medida extrema del derecho internacional humanitario, que solo puede ser utilizado por «razones imperativas de seguridad». Israel utiliza esta medida de forma rutinaria, y vulnerando los preceptos legales.
Entre otras vulneraciones, los detenidos administrativos de Cisjordania son deportados del territorio ocupado e internados en Israel, en contradicción evidente con las prohibiciones formuladas en la Cuarta Convención de Ginebra (artículos 49 y 76), o no manteniendo la separación entre este tipo de detenidos y la población penal ordinaria, como también establece la ley.
El 2 de mayo de 2024, la UNESCO entregó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa a todos los periodistas palestinos que trabajan en Gaza. Mientras escribo estas letras, el número de reporteros asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza, solo desde el 7 de octubre de 2023, ya supera los 170.
En 2023 aumentó en un 44 % el número de comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión a nivel mundial. El Comité para la Protección de los Periodistas presentaba un informe en febrero de 2024, cuyo resultado era esclarecedor: más del 70 % de los reporteros asesinados en el mundo durante 2023 eran periodistas palestinos masacrados por los ataques del ejército israelí en Gaza.
Este escenario, anómalo, ha incidido en una alteración en las estadísticas mundiales. Aunque habitualmente estas cifras sean presentadas como parte de esos datos fríos sobre Gaza, reflejan una vez más la normalización de la barbarie a la que estamos asistiendo.