Bianca Carreto | Sputnik
* Autoridades se aferran a vender una imagen de paz y estabilidad que hace rato perdieron, pese a que su entrega a Estados Unidos los ha salvado de una mayor censura internacional. Aunque ya hay voces dentro de la política costarricense que señalan que el país está en vías de convertirse en un narcoestado.
La nación centroamericana enfrenta el aumento de sus niveles de violencia, en medio de un escándalo que involucra a un exministro de Seguridad en un caso de tráfico de drogas.
La seguridad en Costa Rica muestra signos claros de deterioro. Un análisis del Observatorio de Violencia del Ministerio de Justicia y Paz muestra un aumento constante en el número de homicidios dolosos desde 2014, cuando se registraron 471 casos.
En 2023, el país cerró con un máximo histórico de 906 casos. Y, aunque 2024 hubo una ligera reducción, con 879 homicidios, las proyecciones para este 2025 indican que cerrará con una cifra cercana a los 1.000 asesinatos.
Con una población de apenas cinco millones de personas, la tasa de homicidios en el país pasó durante la última década de 10,01 casos por cada 100.000 habitantes, a poco más de 17 casos.
En contraste con las cifras y lo que reportan los medios de comunicación, para el presidente Rodrigo Chaves la situación no es tan grave como se anuncia, mientras que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que la seguridad en el país ha mejorado.
«En nuestra Administración, hemos logrado por primera vez en cinco años reducir los homicidios (…). [Sin embargo], tenemos solo un delito fuera de control, el delito de homicidio», dijo el 10 de septiembre durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Hasta el 23 de septiembre, el país ya contabilizaba 653 asesinatos.
De acuerdo con especialistas consultados por Sputnik, varios factores explican la situación de inseguridad y violencia. Costa Rica, que históricamente había reflejado una imagen distinta, hoy enfrenta hechos comparables a los de otros países de América Latina, principalmente ligados al narcotráfico y el crimen organizado.
Punto de trasiego de drogas
La ubicación de Costa Rica lo coloca en el corazón de las rutas de tráfico de drogas –vía marítima, terrestre y aérea– hacia el norte y el sur de América. Así lo muestra el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
Apenas el 16 de septiembre, Estados Unidos incluyó, de nueva cuenta, a Costa Rica en la lista de los principales países de tránsito o producción de droga. De acuerdo con medios locales, son al menos 15 años en los que la nación ha figurado dentro del listado, que incluye a Afganistán, México, Pakistán, Panamá, Jamaica y Perú, entre otros.
El doctor Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional Estatal a Distancia, explica que la extensión marítima del territorio costarricense ha hecho que sea un punto de paso para la droga proveniente de países como Colombia y Ecuador.
«Costa Rica está en el centro de la ruta para llevar la droga, del sur que la produce, al norte global que la consume. Ese tema nos exige decisiones estratégicas que aún hoy no se han tomado, o que se han tomado mal», dice el académico, quien entre 2010 y 2012 fue jefe de análisis del Ministerio de Seguridad Pública.
Los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) dan cuenta de la magnitud del problema. De 2011 a 2021, los decomisos de cocaína crecieron casi cinco veces, al pasar de 8,9 toneladas a 44,3. Se trata de la droga con mayor presencia en el país.
Aunque para 2023, los decomisos cayeron poco más de 50%, la situación actual revela una dinámica criminal atravesada por enfrentamientos por el territorio y las rutas de trasiego, según el académico.
«Siempre van a pasar por Costa Rica. Y como ese servicio logístico se paga con droga, ese [enervante] debe convertirse en efectivo en el mercado local. Es ahí donde tenemos el enorme desarrollo y luchas, dentro del país, entre los grupos criminales locales para tener los mercados cautivos y convertir esa droga en dinero», dice.
En esto coincide Karen Jiménez, directora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, quien señala que, desde el año 2000, inició la transformación del país como un punto de tránsito de droga a centro de operaciones y centro de consumo.
«En Costa Rica se fueron abriendo los mercados de consumo. La droga que iba hacia el norte, poco a poco fue quedándose. Ahora, Costa Rica es además un centro de operaciones para exportar droga a Europa. Además, es un país objetivo, porque ya tiene un mercado de consumo», menciona la experta.
El caso contra Celso Gamboa
La situación en Costa Rica en materia de seguridad tiene además un elemento político: la detención del exministro de Seguridad Celso Gamboa, acusado en Estados Unidos de conspiración para la fabricación y tráfico de cocaína.
Junto con Gamboa –cuya trayectoria en dependencias de seguridad se extendió por 22 años con cargos incluso dentro del Poder Judicial– también fue detenido Edwin Daney López, alias Pecho de Rata, quien es señalado de operar el trasiego internacional de droga de Costa Rica hacia Estados Unidos, ello desde 2008 a 2025.
Según Campos, si bien el involucramiento de funcionarios no es nuevo, en el caso de Gamboa –quien se encamina a ser la primera persona extraditable del país– es una evidencia de la penetración que el crimen tiene en las estructuras políticas e institucionales.
“En nuestros poderes de la República, se han encontrado casos donde personas vinculadas al crimen organizado tienen relaciones cercanas, o visitan despachos [gente] en política en el ejercicio de sus funciones”, señala.
Se trata, destaca, de redes que trascienden el partido político en turno y que, en el caso de las dependencias de seguridad, funcionan como una especie de «puerta giratoria» criminal, en donde la información estratégica que poseen los funcionarios abre la puerta a su expansión territorial.
Para Jiménez, la extensión del crimen organizado en el país también está relacionada con la capacidad de control que han logrado instaurar, ya sea aprovechando espacios para la corrupción o a través de amenazas y amedrentamientos.
«Al haber tantas estructuras criminales, se genera ese aumento en los homicidios por ajustes de cuentas, por venganza. De acuerdo al organismo de investigación judicial, el 70% está asociado a casos de narcotráfico», explica.
De acuerdo con los datos oficiales, en Costa Rica operan 120 bandas criminales. Su desarticulación tomaría al menos tres años, debido a las limitaciones de recursos con las que operan las instancias de seguridad.
Policía insuficiente y hacinamiento en cárceles
Tanto para Campos como para Jiménez, la falta de continuidad en las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos ha llevado al país a la situación actual.
Aunado a ello, la policía enfrenta un desgaste acumulado desde la pandemia de COVID, dice Campos, situación que se agudiza ante la falta de recursos y de desarrollo de talento.
«Ante toda esta emergencia que hemos tenido en la que, prácticamente, triplicamos la tasa promedio global de homicidios con alrededor de 18 por cada 100.000, la fuerza policial sigue siendo los mismos 14.000 oficiales que hemos tenido desde hace décadas», reconoce.
El panorama en las cárceles también es un problema. Esto lo ha documentado Jiménez, quien a su vez cuestiona que el Gobierno proponga como solución la construcción de una mega cárcel, como ya se hizo en El Salvador.
«Desde hace ya bastantes años, Costa Rica ha tenido un problema de hacinamiento en el sistema penitenciario. Esto ya ha empezado a generar estructuras criminales a lo interno, sobre todo por estafas electrónicas”, explica.
Otro de los factores asociados al aumento de la violencia tiene que ver con el tráfico de armas que, en los últimos años, se ha incrementado, particularmente el de armas de grueso calibre.
Aunque ya hay voces dentro de la política costarricense que señalan que el país está en vías de convertirse en un narcoestado, para Jiménez, la situación aún no escala a ese nivel.
Más allá de estrategias punitivas, considera que lo que Costa Rica requiere es una estrategia integral, que considere proyectos que apuntalen la reestructura del tejido social, así como una policía más profesional.
Mientras que, para Campos, el punto de retorno está presente, pero conlleva riesgos para el país que podría colocarlo en la situación de países vecinos como Ecuador o El Salvador.
“Es aquí donde llegamos a extremos peligrosos, donde ya [la situación] sea tan invivible que la única manera de [de atenderlo] sea aplicando penas máximas.