El informe técnico del Senado concluyó que la denuncia contra Rousseff no se ajusta a derecho, lo que puede complicar la tarea de destituir a la suspendida mandataria. Y se alzaron las voces que hablan de golpe institucional.
Fue divulgado ayer el resultado del peritaje realizado por técnicos del Senado brasileño sobre los crímenes de responsabilidad que, según la acusación, fueron cometidos por Dilma Rousseff. Y el resultado significó un vuelco en el proceso que tramitan los senadores y que podrá llevar al alejamiento definitivo de la mandataria electa en 2014: los peritos llegaron a la conclusión de que la denuncia no se ajusta al derecho.
Reconocieron que Rousseff emitió tres decretos de “créditos suplementarios” sin previsión en el Presupuesto Nacional y sin la autorización del Congreso. Aun así, no estaría configurado crimen de responsabilidad, una vez que el mismo Congreso autorizó alteraciones en el Presupuesto, amparando de esta manera los decretos presidenciales.
De inmediato los que se oponen al juicio abierto en el Senado reforzaron sus denuncias de que efectivamente se trata de un golpe institucional, y reiteraron que no existen razones legales para alejar a la presidenta de su mandato conquistado en las urnas.
Hace algunos días, durante una de las sesiones de la comisión especial del Senado que examina el juicio, la senadora Rose de Freitas, aliada al vicepresidente en ejercicio, Michel Temer, había reconocido, con todas las letras, que la verdadera razón del alejamiento de Rousseff era que “ella ya no tiene condiciones de gobernar”.
La Constitución no prevé, en ninguno momento, que por tal motivo sea posible interrumpir un mandato alcanzado por el voto popular, y Rousseff obtuvo 54 millones de ellos.
Para los que critican el gobierno interino acusándolo de ser ilegítimo, está ahora claramente configurado que se trata de un golpe, y la denuncia presentada no se sostiene bajo ningún otro punto de vista. Sin respaldo constitucional, no hay cómo legitimar el interinato que Michel Temer ejerce con poderes imperiales.
Ayer mismo Rousseff anunció que pretende intensificar los encuentros con centrales sindicales y movimientos sociales, buscando respaldo para su propuesta de realizar un plebiscito tan pronto reasuma su mandato, para que se realicen nuevas elecciones presidenciales. Antes, deberá reunirse hoy mismo con la Ejecutiva del PT para detallar la estrategia a ser adoptada. De momento, la iniciativa enfrenta resistencias, especialmente en la poderosísima Central Única de Trabajadores (CUT), muy allegada al PT. Otro importante movimiento, el de los Sin Tierra, también resiste a la propuesta.
El ex presidente Lula da Silva, por su parte, viene insistiendo cada vez más en la necesidad de que las fuerzas que resisten al golpe encabezado por Michel Temer presenten propuestas concretas, en lugar de esperar que nuevas denuncias de corrupción inviabilicen de una vez el gobierno interino.
Lula considera que la eventual realización de nuevas elecciones sería una ‘salida legítima’ para la actual crisis, que parece sin fin: encuestas de opinión pública, cuyos resultados también fueron divulgados ayer, indican que 70% de los entrevistados son contrarios a la permanencia de Temer en la presidencia.
Es fácil imaginar qué pasará cuando, con semejante índice de reprobación, Temer anuncie la implantación de medidas drásticas, como la reducción de derechos laborales, cambios violentos en el sistema de jubilaciones, recortes en los recursos destinados a salud y educación, entre otras que reposan sobre su mesa a la espera de obtener seguridad de su aprobación en el Congreso.
La generosa distribución de cargos, puestos y presupuestos a diputados y senadores forma parte de la doble negociación llevada a cabo por Temer y sus aliados. De un lado, está la necesidad de asegurar que las medidas impopulares sean aprobadas. Y de otro, conquistar previamente el respaldo seguro de 54 senadores para que Rousseff sea definitivamente destituida y tenga sus derechos políticos suspendidos por al menos ocho años.
Temer tiene prisa. Ayer, mientras se conocía el laudo que puede complicar la tarea de destituir en el Senado a la presidenta electa, el interino se reunió con sus principales ministros para anunciar una determinación más en lo que parece una política de tierra arrasada contra todo lo que se hizo en los últimos trece años y medio.
La nueva orden del interino es radical: privatizar todo. Y por todo, se entiende todo. De inmediato, autopistas, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, sistema de suministro de agua, saneamiento público. No quedó dicho, pero sí está implícito que luego los activos de la Petrobras entrarán en la lista.
Con eso, Temer busca el respaldo aún más amplio del sacrosanto mercado financiero. Y, al mismo tiempo, hacer con que los senadores que se declararon proclives a cambiar su voto original y reconocer el derecho de Rousseff reasumir la presidencia se mantengan favorables al golpe institucional. ¿Cómo? Demostrando fuerza política.
Si muchas de las medidas adoptadas por el presidente interino en ese corto espacio de tiempo son reversibles y el golpe fracasa, otras podrán ser irreversibles. Temer y los defensores de la aplicación radical de la receta neoliberal tienen prisa en implantarlas. Los que resisten al golpe tratan de impedir que eso ocurra.