El fundador de WikiLeaks continúa siendo víctima de un complot político por dar a conocer al mundo los crímenes cometidos en Irak. “Nunca había visto a un grupo de Estados democráticos organizándose para «aislar, demonizar y abusar» de una sola persona por tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana”, dice funcionario ONU.
A pesar de que la Fiscalía sueca insiste en que el ciberactivista Julián Assange responda por una acusación de violación, ya rechazada legalmente desde 2010, el lunes, un tribunal local eliminó la emisión de orden de arresto en ausencia (in absentia) para el fundador de WikiLeaks.
El jueves 20 de mayo, la fiscal adjunta Eva-Marie Persson solicitó el arresto en ausencia del periodista australiano y la posterior activación de una orden de detención a nivel europeo para juzgarlo por presuntos delitos sexuales, lo cual implicaría su traslado hacia este país europeo.
De acuerdo con Persson, con el encarcelamiento de Assange el 11 de abril por la policía británica, era necesaria la reapertura del caso de violación del que el inculpado afirma ser inocente.
La corte de Uppsala, por su parte, determinó que esta petición es «desproporcionada», pues al analizar el caso, decidió «llevar a cabo los procedimientos de investigación bajo el régimen de decisión de investigación europea», herramienta de colaboración regional.
Kristin Hrafnsson, portavoz de WikiLeaks, aseguró que Suecia recibe una presión política considerable para la reapertura de la investigación.
Mientras Julian Assange se encuentra en la prisión británica Belmarsh para cumplir con una condena de 50 semanas, su condición de salud empeora cada vez más y se enfrenta a otra petición similar de extradición por parte de Estados Unidos.
EE.UU. planea juzgarlo por una veintena de cargos bajo la Ley de Espionaje, lo cual implicaría una condena de hasta 175 años en prisión e incluso hasta la pena de muerte, si se agregaran más acusaciones en el futuro.
Aclara este medio informativo que el relator especial de la ONU, Nils Melzer, demandó poner fin a la persecución colectiva a la cual se encuentra sometido Assange y criticó las acciones de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Ecuador al referir su temor porque los derechos humanos del activista pudieran ser violados de concretarse su traslado a Estados Unidos.
Afirmó que durante los 20 años que lleva trabajando con víctimas de la guerra y la persecución política, nunca había visto a un grupo de Estados democráticos organizándose para «aislar, demonizar y abusar» de una sola persona por tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana.