Fernando Vicente Prieto | Mauricio Ferolla
El 24 de julio —en conmemoración del natalicio 238 de Simón Bolívar— se llevó a cabo la XXI reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este encuentro, realizado en México, además de preparar la próxima Cumbre presidencial, tuvo en agenda algunos temas importantes como el acceso igualitario de vacunas, la reactivación económica de la región y la firma del tratado constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). De fondo, se trató de una señal en el marco de una disputa más amplia, por el sentido de la integración en el continente.
¿OEA o CELAC?
La reunión de los diplomáticos latinoamericanos y caribeños se dio en el marco de un proceso de reactivación del organismo, impulsado fundamentalmente por México, que asumió la presidencia pro tempore en enero de 2020. Y en un contexto de reconfiguración de nuevos equilibrios.
En términos generales, durante los primeros años del siglo XXI la OEA —como espacio de articulación entre Estados americanos— perdió la referencia que ostentaba en el siglo anterior. El surgimiento y la articulación de gobiernos progresistas y de izquierda puso en cuestión la hegemonía de EE.UU. en el continente. Dos resultados de este proceso fueron la fundación de Unasur, en mayo de 2008 y la puesta en marcha de la CELAC, en febrero de 2010. Este último es el primer espacio diplomático que reúne a todos los países del continente sin participación de EE. UU. y Canadá.
El contragolpe fue inmediato. Golpes de Estado en Honduras (2009), en Paraguay (2012), en Brasil (2016) y múltiples intentos de golpes fallidos en Venezuela (2014, 2017, 2019-2020) se combinaron con los triunfos electorales de Mauricio Macri en Argentina (2015) y de Bolsonaro en Brasil (2018), gracias a la proscripción de Lula.
Estos acontecimientos, entre otros, configuraron un nuevo equilibrio, que habilitó a su vez una ofensiva aún mayor de EE. UU. Uno de sus principales objetivos fue la desactivación de iniciativas como Unasur y CELAC, lo que explica el protagonismo casi excluyente que tuvo la OEA en los últimos cinco años, en los que fue utilizada de manera cada vez más abierta para incidir en la vida interna de los países en coordinación con la agenda y la perspectiva del Departamento de Estado de EE. UU.
Fue precisamente en ese momento de clímax de la ofensiva conservadora, marcado por el golpe en Bolivia, en el que las luchas sociales abrieron la posibilidad de una nueva etapa política. De acuerdo a lo que venimos analizando en el marco de OBSAL, el Observatorio de coyuntura de América Latina y el Caribe, en el segundo semestre de 2019 se empezó a registrar la posibilidad de un cambio de tendencia respecto al quinquenio anterior.
Si bien en el escenario conviven movimientos y fuerzas contradictorias (como la elección de de Lacalle Pou en Uruguay y de Lasso en Ecuador), la principal novedad en los últimos dos años fue la eclosión de importantes luchas que ponen en crisis a gobiernos neoliberales, como en Chile, Perú, Colombia o Haití, por mencionar algunos países. Esto se combinó con el triunfo electoral de Alberto Fernández en noviembre de 2019 en Argentina, lo que se sumó a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México desde diciembre de 2018.
A su vez, las luchas sociales impulsaron cambios institucionales y abrieron la posibilidad de gobiernos progresistas o de izquierda en el eje andino, con el triunfo ya confirmado en Perú y escenarios más favorables que en otros momentos en Chile y Colombia.
Este es el marco en el que se desarrolla, por momentos en forma explícita, la disputa que encarnan la OEA y la CELAC como expresiones de diferentes proyectos de integración.