La sentencia, que no incluye condena penal, pone en peligro su cargo al frente del Fondo Monetario Internacional.
Contra todo pronóstico, la Corte de Justicia de la República (CJR) ha considerado hoy en París culpable de negligencia en el desvío de fondos públicos a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dadas las circunstancia de la crisis mundial que se vivía en 2007 y 2008 y dada la personalidad internacional de Lagarde, la Corte no le aplica, sin embargo, pena alguna ni la condena aparecerá en sus antecedentes penales. Un veredicto tan contradictorio obliga al organismo internacional a replantearse su opción de prorrogar el mandato de Lagarde.
Christine Lagarde no ha comparecido hoy ante la Corte de Justicia de la República para escuchar este varapalo a su gestión política cuando era superministra de Francia de Economía, Finanzas, Industria y Empleo. Había volado ya a Washington este fin de semana, donde trabaja, al frente del FMI. Su brillante carrera política queda, a pesar de la contradicción del veredicto, en suspenso.
El Director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, en relación con este caso, ha realizado una declaración oficial en Washington. «El Directorio Ejecutivo se ha reunido en ocasiones anteriores para considerar los acontecimientos relacionados con el proceso judicial de Francia. Se prevé que el Directorio Ejecutivo vuelva a reunirse próximamente para analizar los acontecimientos más recientes”, se ha limitado a señalar.
Un resultado inesperado
Solo la instrucción del caso en el seno de la Corte de Justicia de la República (CJR), que dedicaba gruesas apreciaciones sobre la actuación de Lagarde, y el duro interrogatorio al que le sometió la semana pasada la presidenta del tribunal, Martine Ract Madoux, presagiaban este resultado. En Francia hay cierto escepticismo hacia el CJR, un tribunal especial en el que participan los propios parlamentarios para juzgar a su pares. Según los hechos ahora sancionados, Christine Lagarde actuó de manera negligente en uno de los escándalos políticos de la época del presidente Nicolas Sarkozy que aún hoy sigue enredado en otras jurisdicciones francesas.
Lagarde, nombrada ministra de Economía en 2007, dio luz verde nada más aterrizar en su ministerio a organizar un arbitraje privado para atender las demandas millonarias del empresario Bernard Tapie, que había apoyado la campaña de Sarkozy y era amigo del recién llegado al Elíseo. Ese arbitraje privado, anulado el pasado año por la justicia, se resolvió en 2008 con la adjudicación al empresario de 403 millones de euros.
La CJR no ha condenado la decisión de ir al arbitraje. El contencioso que enfrentaba al empresario con el Crédit Lyonnais llevaba años en los tribunales de comercio y estaba costando dinero al Estado. La considera culpable de negligencia, sin embargo, por no haber presentado recurso nueve meses más tarde, cuando llegó el acuerdo de los 403 millones, porque Christine Lagarde desechó de manera precipitada presentar recurso contra el resultado, tan «nefasto» para el Estado, según ha dictaminado ahora el tribunal en su sentencia.
Dentro de la suma de 403 millones se incluyeron 45 millones, libres de impuestos, en concepto de perjuicio moral. Es una cifra «exorbitante», según el tribunal, que causó consternación a la propia Lagarde. Esta, sin embargo, no recurrió, cerró el caso antes de terminado el plazo para su examen y, además, se asesoró casi en exclusiva de quienes estaban a favor de indemnizar a Tapie.
Doce parlamentarios en el tribunal
Las constantes alegaciones de la directora gerente del FMI de estar demasiado ocupada con su macroministerio y la crisis mundial del momento ha impactado al tribunal, a la vista del contradictorio veredicto. Este ha tenido en cuenta el contexto y la reputación internacional de Christine Lagarde para suspender la pena e incluso borrarla de su historial. El tribunal especial para aforados que la ha juzgado está formado por tres magistrados y doce parlamentarios (seis socialistas y seis conservadores). Sus escasas sentencias suelen ser benevolentes con los acusados, políticos acusados de algún delito en el desempeño de sus funciones públicas.
Elcaso Tapieque ha terminado por ser también elcasoLagarde,se inició en 1995, cuando Bernard Tapie exigió más dinero de la venta de Adidas, realizada con la intermediación del Crédit Lyonnais, entonces entidad pública. Consideraba que había habido plusvalías de las que no se había beneficiado. En 2007, con Sarkozy en el Elíseo y Lagarde en Bercy, el arbitraje puesto en marcha en Economía se resolvió favorablemente para Tapie. Todo se cocinó ahí, pero a sus espaldas, ha alegado Lagarde, que, sin embargo, ha asumido la decisión sin echar balones hacia las más altas instancias del Estado. Si hubo fraude en la organización del arbitraje es algo que la justicia penal ha de decidir todavía. En la causa está imputado, entre otros, el entonces director de gabinete de Lagarde, Stéphane Richard, hoy presidente ejecutivo de Orange.
Esta condena pone en evidencia por segunda vez en cinco años a un director gerente del FMI de nacionalidad francesa. En 2001, Dominique Strauss-Kahn tuvo que abandonar el puesto por un escándalo sexual. Le sustituyó en el cargo Christine Lagarde. En enero pasado, el FMI abrió el proceso para nombrar nuevo director gerente dado que el mandato de Lagarde expira este verano. En febrero, y a pesar de la imputación de Lagarde decretada ya en 2014, el consejo de administración decidió prorrogarlo ante la ausencia de otros candidatos. Lagarde pidió a este consejo que levantara su inmunidad para acudir al juicio que se ha celebrado en París desde el 12 de diciembre pasado y que ha terminado de manera tan perjudicial para su carrera.