A pesar de habérsele explicado una y otra vez a la ciudadana norteamericana Kitty Monterrey, conocida en los EEUU como Carmela María Rogers, que de acuerdo a la Constitución y Leyes del país no puede aspirar a cargos públicos hasta que renuncie a su estatus de estadounidense, insistió ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en su desacierto.
Con un argumento contradictoria Rogers se presentó ante los magistrados del TAM exigiendo que se le respetara sus “derechos” protegidos por la Constitución, misma que le prohíbe a alguien que tenga doble nacionalidad optar a un cargo público, hasta que renuncie definitivamente a su condición de foránea y se quede únicamente con la de nicaragüense.
En su desacierto, alentado por la dirigencia del PLI, partido en el que milita con el cargo de secretaria ejecutiva, Monterrey se presentó este lunes al TAM e introdujo un recurso de amparo en contra del Poder Legislativo, específicamente en contra de su Presidente René Núñez, argumentando que la han “inhibido” de optar a cargos públicos.
El abogado de la señora Rogers, Eliseo Núñez, de manera ingenua o como queriendo mofarse de los magistrados del TAM, alegó que su representada no solicitó la ciudadanía norteamericana, “tampoco tiene la culpa de haber nacido en ese país, pero de padres nicaragüenses”. Más allá sobre si la solicitó o no, la Constitución es clara al respecto sobre esta dualidad.