El presidente Carlos Alvarado consideró legítimas las manifestaciones pero afirmó que el bloqueo de calles «es un delito».
Desde el pasado 30 de septiembre, cientos de personas manifiestan en diferentes zonas de Costa Rica, en contra de una negociación en puertas del Gobierno de este país centroamericano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito por 1.750 millones de dólares, durante un período de tres años.
Inicialmente, las protestas fueron impulsadas por el ‘Movimiento Rescate Nacional’, que integran el excandidato presidencial José Miguel Corrales y el exdiputado Célimo Guido; pero, luego se unieron varios sindicatos de trabajadores.
Hasta este jueves, los descontentos mantenían el bloqueo de unas 32 rutas a nivel nacional, según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) del país. Los manifestantes han trancado, incluso, el Paso Canoas, la principal vía fronteriza entre Costa Rica y Panamá.
Muchos de los manifestantes se han expresado pacíficamente con banderas, cánticos, pancartas y otras acciones; sin embargo, también se han registrado hechos de violencia y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que incluyeron el lanzamiento de piedras y bombas de fabricación casera en algunos puntos del país, reseñó el Diario Extra.
En la comunidad de La Irma, ubicada en la provincia de Guanacaste, al noroeste del país, los manifestantes quemaron un autobús de la Fuerza Pública, informó el MSP. Por este hecho fueron detenidas seis personas.
El presidente costarricense, Carlos Alvarado, se pronunció la noche de este miércoles e invitó a los manifestantes a deponer sus acciones y sumarse al diálogo nacional que propone.
«Manifestarse es legítimo en democracia, pero bloquear calles es restringir la libertad de los otros y es un delito», indicó el mandatario
Alvarado aseguró que el agravante de las protestas en este momento es que golpean a la «producción», cuando el país necesita que se activen «para recuperar los empleos que se han perdido», producto de la pandemia del coronavirus.
El jefe de Estado costarricense recordó que el pasado domingo 4 de octubre retiró la propuesta inicial que había presentado su Gobierno para negociar con el FMI.
Las medidas que generaron el descontento
Las protestas se organizaron luego de que el pasado 17 de septiembre, el Gobierno de Costa Rica presentara a los ciudadanos la propuesta de acuerdo con el FMI para estabilizar las finanzas del país, golpeadas por la crisis de la pandemia.
«Los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable», justificó entonces el ministro de Hacienda, Elián Villegas, tras presentar la propuesta, junto a la titular de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido; y el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero.
Lo que causó malestar en la población fueron las medidas que se tomarían en el país para que el FMI aprobara el crédito, entre ellas, el aumento del impuesto a la propiedad, así como sobre la renta y las utilidades; también, un nuevo gravamen para tasar todas las transacciones bancarias y cheques, otro a los salarios superiores a 1.400 dólares mensuales, y el cobro de un nuevo 5 % a las remesas al exterior que sean de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica
Aunado a ello, se eliminarían las exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). También, se gravarían con un 25 % los premios de la lotería que excedan la mitad de un salario base.
Asimismo, el Gobierno propuso la «movilidad laboral voluntaria», con la cual se estimaba que 7.000 trabajadores del sector público dejarían su trabajo. Además, se contempló la venta de propiedades del Estado, como la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica, así como tierras estatales.
Diálogo condicionado
Aunque el Gobierno retiró esta propuesta, las manifestaciones no han cesado. Quienes se mantienen en las calles exigen que se firme un documento en el que el mandatario exprese que desiste del préstamo con el FMI.
Mientras, según ha publicado el propio Alvarado en su cuenta en Twitter, el Gobierno ha adelantado la organización del diálogo con varios sectores del país, como rectores de universidades públicas, representantes del Consejo Nacional de Cooperativas, el Consejo de Mujeres, así como con el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, y el titular del Poder Judicial, Fernando Cruz.
En paralelo, las autoridades han condicionado el diálogo con el Movimiento Rescate Nacional hasta que levanten los bloqueos en todo el país.
«La única condición que solicita el Gobierno para su participación es el levantamiento de los bloqueos, pues en muchos casos se han convertido en puntos de coacción injustificada y arbitraria, e impedimento al libre tránsito por el territorio nacional que tenemos todos los costarricenses», detalla Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, en una carta enviada a esa organización