Una corte federal de Brasil absolvió a los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para financiar ilegalmente su partido.
El juez duodécimo federal de Brasilia (capital), Marcus Vinicius Reis Bastos, absolvió el miércoles a los expresidentes brasileños Lula da Silva (2003-2010) y Rousseff (2011-2016) del cargo de asociación para delinquir, en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.
La sentencia también benefició a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT, Antonio Palocci y Guido Mantega, así como al extesorero de la formación progresista Joao Vaccari.
En la decisión, el juez Bastos echó por tierra esa denuncia por “falta de pruebas” y la criticó duramente como “un intento de criminalizar la actividad política”.
“Adopta determinada sospecha (la de la instalación de una organización delictiva que perduró hasta el final del mandato de la expresidenta Dilma) Rousseff presentándolo como la verdad de los hechos, sin ni siquiera tomarse el trabajo de apuntar los elementos esenciales de la caracterización del crimen de organización criminal, los que infringe el artículo 41 de la ley procesal penal”, explicó Bastos.
En octubre, el Ministerio Público Federal ya había pedido la absolución de todos los implicados por considerar que no existían elementos que configurasen la supuesta organización.
El abogado de Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, celebró la decisión judicial en Twitter: “Ante un juez imparcial, conseguimos hoy la absolución sumaria de Lula”, escribió.
El líder de la izquierda brasileña, por su parte, se dice inocente y víctima de una persecución judicial, y no descarta ser candidato presidencial en 2022, aunque para que pueda hacerlo la Justicia tendría que anular las dos condenas en firme que ya pesan en su contra.
Lula entró en prisión por una condena promulgada por Sérgio Moro, hoy Ministro de Justicia, que le consideró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero por beneficios recibidos de una constructora, cargos que desde el primer momento el expresidente rechazó, aunque por esas imputaciones fue enviado a la cárcel.
Tras 19 meses en prisión, el expresidente recuéró su libertad gracias a una decisión de la Corte Suprema que determinó que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.