Raúl Llarull
El asesinato a mansalva de dos militantes del FMLN al finalizar un acto de campaña electoral al atardecer del domingo 31 de enero, marcará el resto del periodo electoral en El Salvador, que concluye con las elecciones a diputados, diputados al parlamento centroamericano y alcaldes el 28 de febrero, y señala otro punto de inflexión en el gradual, pero acelerado proceso de fascistización que vive el país.
El hecho no puede ni debe verse de manera aislada sino como resultado de un acumulado de acciones de ida y vuelta, de pequeñas escaramuzas con resultados variados, algunas de carácter jurídico, otras de tipo mediático, e incluso algunas enmarcadas en combates diplomáticos, que tienen al centro de la disputa la búsqueda del clan Bukele (quinto grupo económico del país) por imponer un régimen hegemónico con el autoritarismo como bandera.
Y como contraparte, existen amplios sectores de la población que resiste y se opone a esa visión, ofreciendo respuestas desde la calle, pero también desde las redes sociales y desde la organización política, tanto nacional como del exterior.
Aunque esa oposición aún se muestra dispersa, este atentado criminal parece haber favorecido cierto cierre de filas ante el peligro que implica cualquier posible escalada de la violencia gubernamental o paraoficial.
Si no fuera por la resistencia popular al empuje del populismo neofascista, tal vez su avance hubiese sido más acelerado, su desgaste fuese menor, el descenso en las cifras de aprobación presidencial no sería tan marcado y hasta la materialización del atentado podría no haberse dado.
Pero la resistencia contra Bukele y el desgaste de su cargo existe, es evidente tanto fuera como dentro del país, y sus números parecen distanciarse cada vez más de los que utiliza su partido Nuevas Ideas en la propaganda electoral.
Los hechos del domingo no responden a un acto aislado ni improvisado. Mas allá de ser resultante del acumulado de incitaciones al odio y a la intolerancia desde el gobierno, coincidente con la línea argumental y política adoptada desde aún antes de tomar posesión de la presidencia, esta acción concreta refleja una cierta planificación de parte de una estructura organizada.
El atentado fue perpetrado por tres sujetos adscriptos a la Policía Nacional Civil (PNC), uno de ellos, autor material de los disparos, es militante de Nuevas Ideas. Todos ellos están asignados en tareas de seguridad al ministro de Salud, Fran Alabí (primo del presidente y acusado reiteradamente de actos de corrupción durante su gestión de la pandemia desde el ministerio a su cargo).
El vehículo utilizado en el hecho salió y retornó al predio del Ministerio de Salud. En este ataque criminal hubo organización, planificación, intencionalidad y justificación al más alto nivel.
Las acciones comunicacionales del gobierno mostraron un esquema de justificación, con el propio Bukele enviando mensajes destinados a generar confusión, dudas, y establecer la narrativa del “enfrentamiento”. Aunque rápidamente se desmontó ese argumento, desde las filas del gobierno insistieron en la descalificación y la negativa a condenar lo sucedido.
La FGR inició las investigaciones y rápidamente detuvo a los tres sospechosos, mientras la PNC, subordinada desde los altos mandos a la Presidencia de la República, arrestó arbitrariamente por 72 horas a dos militantes del FMLN para sostener el montaje de la versión que pretendió instalar Bukele desde sus redes sociales. El método de los “falsos positivos” colombianos parece querer trasladarse al ámbito centroamericano.
La comunidad internacional emitió de inmediato su condena a los hechos, y expresó su solidaridad con las víctimas. Los hechos de violencia paraoficial, que no fueron los primeros durante esta administración, aunque sin duda los más graves hasta el momento, coinciden con el informe de la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist, conocido esta misma semana.
En su índice anual de Democracia Global, el semanario establece que El Salvador es el único país de América Latina que ha retrocedido en la calidad de su democracia hacia formas autoritarias de gobierno: “Ningún otro país de Latinoamérica giró tanto al autoritarismo en 2020 como El Salvador”. El título del informe lo dice todo “Autoritarismo en El Salvador: ¿un dictador en proceso?”.
A punto de cumplirse un año del golpe fallido, con la toma militar del parlamento por el presidente Bukele el 9 de febrero del 2020, el deterioro de las condiciones de vida de la población, el retorno a las formas autoritarias de gobierno, el debilitamiento de la institucionalidad a través de la confrontación permanente desde el Ejecutivo, la eliminación de instrumentos estatales de control del uso de los fondos públicos y el consecuente aumento de la corrupción desde las más altas esferas del Ejecutivo, configuran un oscuro panorama para El Salvador.
En este contexto las elecciones del 28 de febrero representan un posible último escollo que puede presentar la oposición en su conjunto para evitar el avance de formas no solo autoritarias, si no de corte neo-fascista que convertirían al régimen de Bukele en una democracia formal y una dictadura de hecho.