* Desde inicios de 2018, Violeta Granera Padilla y resto de cabecillas opositores empezaron a moverse febrilmente en busca de una excusa para provocar un estallido social en contra del gobierno sandinista. El incendio en Indio Maíz les sirvió de ensayo, luego aprovecharon las reformas al INSS, manipuladas por esta golpista.
Eran impelidos por el imperio del norte para que se apresuraran a derrocar al comandante Daniel Ortega. Les habían dado muchos millones de dólares y les exigían resultados.
Así que se apresuraron con los preparativos. El 15 de enero de 2018, se reunió la comisión de coordinación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), conformada por Violeta Mercedes Granera Padilla, Mónica Baltodano Marcenaro, Umanzor López Baltodano, Gabriel Álvarez Montalván, María Teresa Blandón, José Dávila Membreño y Guillermo Incer Medina, dando a conocer algunos acuerdos sostenidos con directivos del COSEP para reactivar la “insurrección social” en las calles para ejercer presión al Gobierno y retomar el Diálogo Nacional.
El 9 de febrero de 2018, participó con otros representantes de organizaciones de sociedad civil y partidos políticos opositores en una reunión en la Embajada de Estados Unidos (EMBUSA), en la que participó también el Secretario de Estado de los Estados Unidos, donde abordaron el contexto político del país, temas de derechos humanos, situación de la NICA Act y la aplicación de la ley Magnitsky.
Participaron en dicha reunión Noel José Vidaurre Argüello, Carmela María Rogers Amburn (Kitty Monterrey), Luciano García (Chanito), Mónica Agustina López Baltodano, Violeta Mercedes Granera Padilla y Vilma Núñez de Escorcia.
Preparando la Nica Act
El 12 de febrero de 2018, Sofía Montenegro Alarcón, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Comunicación (CINCO) y dirigentes de organizaciones de sociedad civil opositoras y expresiones políticas del FAD y MRS, entre las que destacan Margarita Vijil Gurdián, Suyén Barahona Cuan, Violeta Granera Padilla, Azahálea Solís Román, Luisa Molina Cabezas y Marilea Reynosa Mercado, acordaron desarrollar un plan de medidas para organizar una serie de plantones a través de sus redes territoriales, con el fin de fortalecer la campaña mediática de desprestigio que mantenían contra el Ejército de Nicaragua y el gobierno, por el caso de San Pablo 22, cuando fue diezmada una banda delincuencial que ellas reivindicaban como “rearmados” .
El 15 de febrero de 2018, junto a Suyén Barahona Cuan y Bosco Matamoros, sostuvieron una reunión en Washington, Estados Unidos, en la que participaron Gonzalo Konche, jefe de Gabinete del Secretario General Luis Almagro; los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Paul Joseph Cook, Ron de Santis, el Senador Bob Menéndez, y Beatriz Rangel. El objetivo era abordar los avances de la Nica Act en el caso de Nicaragua y la situación geopolítica en Latinoamérica, en particular los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador.
Caso Indio-Maíz financiado por la NED-CIA
El 9 de abril de 2018, junto a otros dirigentes de la “sociedad civil”, entre ellas Luisa Molina Cabezas, Ruth Selma Herrera y Marilea Reynoza, de Coordinadora Civil; Haydée Castillo Flores, del Instituto de Liderazgo de la Segovia y Margarita Vijil Guardián, organizaron un plantón a las 5:00 de la tarde en la Plaza de las Victorias “Alexis Argüello”, en protesta por un incendio en la reserva “Indio Maíz”, que sirvió como antesala al estallido social del 18 de abril del 2018.
El 12 de abril de 2018, se conoció que Violeta Mercedes Granera Padilla, Ana Margarita Víjil Gurdián del FAD-MRS y Jorge Flavio Latino Briceño, Eloísa Jeaneth Altamirano Meza, y Ariadna Yubielka Moraga Membreño, miembros del movimiento ambientalista “Misión Bosawas”, se comunicaron con Aimel Ríos Wong, asistente oficial de la NED-CIA para América Latina y el Caribe, solicitando apoyo económico para la compra de recursos como víveres y camisetas para seguir desarrollando plantones en protesta por los daños en la reserva Indio Maíz, cuya culpa achacaron antojadizamente al gobierno.
El 14 de abril de 2018, Violeta Granera, en compañía de Suyén Barahona Cuan y Ana Margarita Vijil Gurdián, realizaron un plantón frente al RUCFA en protesta por el incendio de la Reserva Indio-Maíz.
Gestora directa de la pesadilla
El 17 de abril de 2018, Granera Padilla convoca a un plantón de protesta frente al INSS para el día siguiente 18 de abril a las 10:00 de la mañana, donde se pronunciarían en contra de las reformas al Seguro Social. Fue el inicio del fallido y sangriento golpe de Estado que dejó más de 200 muertes, incluyendo a 22 policías y decenas de militantes sandinistas y población en general.
El 20 de abril de 2018, Violeta Granera organizó un plantón en Monte Tabor, municipio de El Crucero, Managua, y con un grupo antisandinista se ubicó en la vía pública con pancartas, cazuelas y pitoretas.
Antes, el 14 de abril de 2018, en las oficinas de la Coordinadora Civil, se reunieron Violeta Granera Padilla, Suyén Barahona Cuan, José Pallais Arana, Noel Vidaurre Argüello, Bosco Matamoros y Luisa Molina Cabezas, entre otros dirigentes, en donde formaron comisiones de trabajo para desarrollar acciones de presión enfocadas en propiciar un golpe de Estado, que estuviera acompañado y amparado por organismos de derechos humanos como la CIDH, además de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos.
Manipulan a madres de fallecidos
El 18 de mayo de 2018, Violeta Granera participó en reunión con Juana Jiménez Martínez, dirigente del MAM; Vilma Núñez de Escorcia, dirigente del CENIDH y Ruth Selma Herrera, dirigente de Plataforma Nacional del Agua, donde impulsaron la conformación de un movimiento social de madres y familiares de fallecidos en las protestas, con el fin de manipular las muertes que ellos mismos causaron.
Se esforzaron en preparar discursos que achacaran la supuesta represión del gobierno y con ello que la CIDH mostrara un estado de opinión a favor de la oposición y dirigentes que organizaron las protestas de 2018.
El 20 de mayo de 2018, en las oficinas del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), algunos dirigentes de organizaciones de sociedad civil opositoras y movimientos sociales, entre ellos: Violeta Granera Padilla; Azahálea Solís Román, del FAD; Haydée Castillo Flores, del Instituto de Liderazgo de la Segovia (ILS); Luisa Molina Cabezas, de la Coordinadora Civil; Juana Jiménez Martínez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Ana Quirós Víquez, de CISAS; Patricia Orozco Andrade, de Onda Local; Mónica López Baltodano, de Fundación Popol Na y Camilo de Castro Belli, exdirigente de Nicaragua 2.0, entre otros, realizaron una asamblea con el fin de contemplar una agenda de acciones para continuar con el proceso de desestabilización en el país.
Creyeron que habían ganado
Conformaron cuatro comisiones de trabajo: Retroalimentación y Comunicación, a cargo de Juana Jiménez Martínez; Comisión del Exterior, encabezada por Ana Quirós Víquez; Comisión de Justicia, a cargo de Haydée Castillo Flores y Comisión de Democratización, a cargo de Violeta Granera Padilla, a través de las cuales pretendían desarrollar las siguientes acciones en el país:
– Realizar una propuesta de “democratización” para ser presentada en el diálogo.
– Perfilar posibles candidatos para gobernar el país, ya que manejaban que la opinión de la población en las calles era que, si el presidente Daniel Ortega Saavedra renunciaba, Nicaragua quedaría sin liderazgo capacitado para gobernar.
– Constituir una asamblea de retroalimentación y rendición de cuentas entre la sociedad civil y sus representantes en el diálogo.
– Actuar estratégicamente sobre los tranques para evitar que se esté cobrando el paso vehicular, ya que eso podía causar descontento en la población y se iban a debilitar las manifestaciones.
– Mantener una posición firme en el diálogo ante la Conferencia Episcopal, ya que valoran que está siendo condescendiente a las posiciones del gobierno.
– Conformar espacios de articulación cívica para sostener la movilización activa y tranques en las calles a través de las redes territoriales.
– Exigir la transmisión en vivo del diálogo para evitar la desmotivación de los activistas, porque creen que se está negociando debajo de la mesa.
– Mantener activa la campaña mediática internacional a través de las redes de organizaciones regionales para ejercer presión externa al gobierno.
– Exigir al Ejército de Nicaragua, a través de campañas mediáticas, un pronunciamiento sobre su posición ante el contexto actual del país.
– Plantear en el diálogo medidas de intervención cívica, como referéndum considerando que si lo realizan por vías constitucionales no lograrán la renuncia del presidente.
– Solicitar la intervención de CIDH y ONU para realizar una investigación exhaustiva sobre los fallecidos en las protestas. (El colmo del cinismo opositor).