Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández | CELAG
La implosión de Odebrecht tuvo importantes repercusiones en el desarrollo en infraestructura en toda la región; y Brasil se ha convertido en el desigual socio preferencial en la materia para EE. UU.
El secretario de Comercio de Estados Unidos (EE. UU.) Wilbur Ross, fue el protagonista de la reunión llevada a cabo en Brasil sobre infraestructura en América Latina, que luego fue sucedida por una reunión en Perú para exponer los planes para la reconstrucción de Venezuela (que incluye, como parte jugosa de negocios, las inversiones en infraestructura, sobre todo la vinculada con hidrocarburos).
Ross declaró que “por fin”, los gobiernos de la región están mirando al sector privado para cubrir la enorme brecha que hay en inversiones en infraestructura (América Latina es una de las regiones más retrasadas en este rubro). Este escenario es propicio, entonces, para una mayor inversión de empresas estadounidenses que, según aclara el secretario, “no utilizan sobornos”.
Los negocios de EE. UU. se caracterizan por “la transparencia y ajustarse a las normas” afirmó el funcionario y destacó que los acuerdos incluyen leyes y convenciones antisoborno de la OCDE y la ONU –todo esto en clara referencia al escándalo Odebrecht–.
Tal como fue presentado hace algunos meses en el Caribe, Ross hizo referencia a la Ley BUILD que crea la Corporación Financiera para el Desarrollo (CFD), para la inversión estadounidense en infraestructura.
Esta inversión se realiza a través de la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), que viene operando desde la Guerra Fría en la región. Según el funcionario, este organismo cuenta con 143 proyectos activos en la región, que equivalen a 7 mil millones de dólares, de los cuales 2,5 mil millones se destinan a infraestructura.
El aliado preferencial parece ser Brasil, con quien se firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) que privilegia inversiones estadounidenses, especialmente en infraestructura. Un ejemplo es el puerto de transporte de petróleo en Rio de Janeiro, donde la OPIC invirtió 350 millones de dólares.
Para noviembre organizarán una “misión sobre puertos y ferrocarriles” en Brasilia y San Pablo. En su intervención, Ross destacó que en Brasil hay, al menos. 50 personas trabajando en 5 ciudades para ampliar las redes comerciales de EE. UU.
Brasil: la perla económica y geopolítica del Sur
Brasil es la perla del Sur, el país con mayor territorio y población de América del Sur, con un vasto mercado y una enorme reserva de recursos energéticos y naturales. La premura y presión por ampliar los negocios, sobre todo los de infraestructura, se explica en términos económicos (brindar prioridad a las empresas de EE. UU.) y también en términos geopolíticos.
La disputa por los mercados está a la orden del día: “Trump busca recuperar Brasil luego de años de influencia china”, declaran desde la perspectiva de EEUU. Y es por eso que Ross asegura que los estadounidenses son diferentes (léase, mejores) a los chinos, destacando que son “más transparentes” y predispuestos a fomentar -joint Ventures- (algo aparentemente más beneficioso para los negocios y que no está en el espectro de las inversiones chinas).
Por ejemplo, en 2018 el EXIMBank de EE. UU. financió proyectos por 751 millones de dólares, representando el 7% del total para América Latina. La OPIC financió dos proyectos para Brasil con un monto total de 134 millones de dólares, lo que implicó el 21,7% del total de los proyectos financiados en América Latina.
Esta competencia requiere de una estrategia militar asociada a la expansión económica, materializada en una acelerada y marcada presencia del sector militar y de seguridad estadounidense en Brasil desde el golpe a Dilma Rousseff.
En este sentido, hay que señalar que en los últimos años: 1)se firmaron una serie de acuerdos científico-tecnológicos en materia de defensa (MIEA – Master Information Exchange Agreement); 2)se profundizó el intercambio comercial de la industria de defensa a partir de nuevos marcos institucionales (DID BRASIL-EE. UU.);
3)Se aceitaron los vínculos de “militar a militar” a través de nuevas asociaciones (acuerdo con la Guardia Nacional de Nueva York) y entrenamientos de gran envergadura como la Operación América Unida). y el ejercicio Culminating que se realizará en el 2020. Todo eso en el marco de un plan quinquenal que busca estrechar los lazos entre las FF. AA. de ambos países y aumentar la capacidad de operaciones conjuntas.
El corolario de la subordinación es la reciente firma del Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas, asociado a la participación de EE. UU. en lanzamientos espaciales desde la base de Alcántara.
A finales de agosto se llevará a cabo el ejercicio multinacional UNITAS, organizado por el Comando Sur de EE. UU., en Rio de Janeiro. Lo novedoso de esta edición es que se realizará de forma simultánea la etapa marítima (UNITAS LANT), con misiones llevadas a cabo en mar y en el aire, integrada con una etapa anfibia (UNITAS AMPHIBIOUS) con ejercicios de mar a tierra.
Según la Marina de Brasil, se trabajará con un ejercicio de asistencia humanitaria ante la presencia de un grupo criminal instalado en la capital y otro de socorro en casos de desastre a través de una operación anfibia en la Isla de Marambaia. Además de Brasil y EE. UU. participan las armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Namibia, Paraguay, Perú y Portugal.
Esta creciente presencia militar, sin precedentes, está íntimamente ligada al Lava Jato y el curso que tomó la política (y la economía) brasileña después del golpe a Dilma y el encarcelamiento de Lula da Silva. La megacausa judicial desarticuló a Petrobras y permitió la liberalización de las reservas de hidrocarburos localizadas en el Pre-Sal.
Recordemos que algunas de las petroleras más interesadas eran y son estadounidenses, ganando las primeras licitaciones. Además del escándalo de espionaje por parte de EE. UU. al Gobierno de Dilma.
¿Una guerra híbrida contra Brasil?
La implosión de Odebrecht tuvo repercusiones en el desarrollo en infraestructura en toda la región. Dejó vacantes cientos de proyectos y otros a mitad de construcción. Y debe recordarse que este caso judicial adquirió un protagonismo mediático descomunal a nivel internacional debido, en parte, al relanzamiento del mismo desde el Departamento de Justicia de EE. UU., a través de la Foreign Corrupt Practices Act.
Pero no sólo eso. En la documentación filtrada y publicada por The Intercept, así como en documentos previamente publicados por Wikileaks, se observa un rol activo del sector público-privado estadounidense en el desarrollo y curso de la megacausa judicial.
Esto se hace evidente considerando la presencia de asesores legales estadounidenses en Brasil durante diversas instancias del Lava Jato (particularmente en Curitiba, desde donde se lanzó la causa), así como los vínculos institucionales y personales de Sergio Moro con burós de abogados, universidades y think tanks estadounidenses que no tuvieron ningún reparo en presentarlo como un héroe y salvador de Brasil, en contraposición a la criminalización inmediata de Lula Da Silva, en pleno proceso judicial (cuando aun no existían veredictos, pruebas claras, etc.).
“Las conversaciones entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol filtradas, muestran que al menos en una acción del Lava Jato hubo “articulación con los EE.UU.” (vínculos, negociaciones, esfuerzos conjuntos). La colaboración internacional, particularmente de EE.UU. fue esencial para el Lava Jato e incluyó la presencia física de estadounidenses en Brasil”.
Por ello, podría argumentarse que Brasil es parte de una guerra híbrida librada por EE. UU. para eliminar un adversario que se estaba tornando competitivo en la geopolítica hemisférica y a nivel global. Esta guerra incluiría tanto el golpe a Dilma como la injerencia en el aparato jurídico implicada en la cruzada contra la corrupción.
Parece que esta hipótesis no está alejada de los planteos realizados desde Washington. En una entrevista, el exembajador de EEUU. en Brasil, Thomas Shannon, declaró que hace algunos años “el Gobierno EEUU estaba muy preocupado por las iniciativas de Brasil para crear un bloque sólido en América del Sur con tendencias hacia el progresismo de izquierda, y el lugar que Odebrecht en dicho proceso (pues eso era) un obstáculo para resucitar un acuerdo de libre comercio a nivel continental”. Justamente, la visita de Wilbur Ross a Argentina y Brasil, va en esa dirección.
Otras fuentes afirman categóricamente que “la sumisión de Brasil es el mayor éxito geoestratégico de EEUU en las últimas décadas”. Mientras los medios hegemónicos, EEUU. y otros países centrales declararon como principal enemigo a Venezuela (ejemplo incontrastable de guerra híbrida), colocándola como tema diario al menos desde febrero del 2014, Brasil pasó por un golpe de Estado, el encarcelamiento de su principal líder político y la llegada al Gobierno de la derecha ultraconservadora y con un proceso abierto de privatizaciones y reformas estructurales. La prensa fue protagónica, eso sí, en la difusión del Lava Jato y los “crímenes del Partido de los Trabajadores”.
Hoy Brasil ha perdido su lugar y proyección en la geopolítica global, su economía está quebrada -en creciente dependencia de corporaciones y organismos transnacionales-, mientras su aparato de seguridad se subordina aceleradamente a las necesidades e intereses geopolíticos y geoeconómicos del complejo industrial-militar estadounidense.