La canciller colombiana, María Ángela Holguín, repitió el desgastado argumento de que su gobierno considera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no es competente para admitir las nuevas demandas de Nicaragua en el litigio por la delimitación marítima en el Caribe.
Lo anterior lo expresó Holguín luego de un encuentro privado con parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso, entre ellos el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, que desde el partido Centro Democrático, encabeza la oposición al Gobierno.
La ministra dijo que la reunión con los parlamentarios fue “excelente” y que lo que se hizo fue explicarles que “la Corte no es competente” para las nuevas demandas, sobre las cuales se pronunciará este jueves ese tribunal con sede en La Haya.
Igualmente Holguín aseguró que este jueves lo que se va a saber es si la Corte “es o no competente para entrar al fondo de los dos asuntos, de la plataforma continental extendida y del incumplimiento del fallo”.
La primera querella es del 16 de septiembre de 2013 cuando Nicaragua demando a la CIJ reconocer una plataforma continental que le pertenece, la cual se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde la costa en el Caribe, demanda que obviamente es rechazada por Bogotá, pero sin argumentos jurídicos que sustenten esa negación, por lo que hizo fue huir del Tribunal de la Haya.
La otra es del 26 de noviembre del mismo año, cuando Nicaragua denuncia y argumentó que Colombia incumple el fallo del 19 de noviembre de 2012 mediante el cual La Haya redefinió los límites marítimos entre ambos países.
Esa decisión dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados, fallo que ha sido desacatado por Colombia.
Colombia, dice en uno de sus alegatos halados del cabello, que el fallo de la CIJ es “inaplicable” porque solo el Congreso puede modificar los límites del país.
Están golpeados
Es que el gobierno de Colombia, todavía tiene la esperanza que este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), anuncie si es competente o no para conocer de dos nuevas demandas de Nicaragua.
Sin embargo, los mismos analistas reconocen lo mismo pensaba no sólo el gobierno Santos sino muchos sectores nacionales en la antesala de noviembre de 2012, cuando ese mismo alto tribunal emitió su sentencia a favor de Nicaragua.
Las dos demandas sobre las que éste jueves mañana el alto tribunal tendrá que emitir decisiones sobre su competencia fueron interpuestas por Nicaragua en noviembre de 2013. En la primera se denuncia el incumplimiento de Colombia frente al fallo de noviembre de 2012 y pide que la CIJ monitoree que ese país acate la sentencia.
En la segunda demanda, Nicaragua señala que, a partir del fallo de noviembre de 2012, se recalcule la plataforma continental extendida en el mar Caribe, más allá de las 200 millas, lo que implica recuperar una porción mayor de mar territorial que Colombia se ha apropiado desde hace muchos años.
La arrogante estrategia de Colombia tiene como argumento principal el planteamiento de las “excepciones preliminares”, alegando que la CIJ ya no es competente para conocer y tramitar estas demandas de Nicaragua, ya que el Estado colombiano se retiró del Pacto de Bogotá tras la aparatosa derrota del 2012, con el claro propósito de no acatar la sentencia.