Ricardo Soberon Garrido | Cronicón
Según el World Drug Report 2023, el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$85,000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$320,000 millones (Global Financial Integrity).
Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.
El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 toneladas métricas que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.
América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de usuarios, seguido de Europa Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EEUU, es sólida y maneja los negocios de cocaína.
El referido informe se aferra en poner a América del Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos.
Luego están los puertos graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación comercial posibles.
En cuanto a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234,000 hectáreas cultivadas con coca en la selva de América del Sur (95,008 de ellas en el Perú) respecto de 54,134 hectáreas en el 2018, con precios de US$1100 por kilo de cocaína.
A nivel campesino, las estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio peruano y embarcan con destinos finales.
De la Alta Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021, hasta 1,982 toneladas de cocaína mediante infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales.
La producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico. Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea (Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y Ucayali) y fluvial.
Aunque el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en Perú (conocido como VRAEM) atravesó y sigue pasando por una fuerte crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022), mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína.
Una tendencia es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y africanas.
Del total de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1,424 toneladas, el 72 % de lo producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos) que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de salida marítima de la cocaína sudamericana.
Ahora se incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60 toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado las incautaciones en Asia, África y Oceanía.
El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.
La organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se encuentran compartimentadas por cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos, migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:
A nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene, Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato, 800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del Gallo”.
El segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.
El tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México: principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando do Capital y el Comando Vermelho.
Los Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, están inermes frente a las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Mientras los países desarrollados endilgan a América Latina gran parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera errónea, nuestros países agachan la cabeza y se niegan a encontrar otras salidas profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político adecuado.