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San Salvador (Sputnik).- El Gobierno de Nicaragua instó a la opositora Alianza Cívica a condenar las sanciones impuestas por EEUU contra esa nación centroamericana, recrudecidas tras el cese de las negociaciones para sacar al país de la crisis, reportaron medios locales.
«La delegación del Gobierno insiste en la denuncia conjunta que debemos hacer de esas medidas ilegales y unilaterales, llamadas sanciones, que desgraciadamente algunos, gozosa y malignamente, pidieron, disfrutan y continúan pidiendo con maldad», dice un comunicado del oficialismo divulgado por la web 19Digital.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 17 de abril sanciones contra el Banco Corporativo (BanCorp) y varias figuras del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda).
En su pronunciamiento de este viernes, el Sandinismo informó de los infructuosos llamados a la Alianza a generar un clima de confianza mediante el compromiso de evitar provocaciones y confrontaciones «innecesarias y burdas».
«No hemos encontrado, hasta el momento, disposición de la contraparte a compartir ese llamado al cese y suspensión de esas medidas unilaterales e ilegales, conocidas como sanciones», confirmó la delegación gubernamental.
En un comunicado publicado en su web oficial, la Alianza responsabilizó al Gobierno por las sanciones, cuyo levantamiento, afirmaron, pasa por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la negociación que culminó oficialmente el 3 de abril.
«La falta de voluntad del Gobierno de avanzar con acciones concretas a cumplir con los acuerdos ya firmados son el verdadero tranque que impide la búsqueda de una solución a la actual crisis», asegura el grupo opositor en su nota.
Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de «terroristas».
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno dijo el 9 de abril que mantenía reuniones informales con los delegados de Alianza Cívica, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en varios puntos medulares de su agenda.
El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, actúan como testigos y acompañantes internacionales de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza para superar la crisis.