Misión Verdad
La autojuramentación de Juan Guaidó terminó de definir una afirmación que se venía haciendo desde las últimas incursiones violentas de la oposición venezolana: la matriz del antichavismo está en el extranjero y sus operadores locales no actúan por cuenta propia.
El levantamiento de un «gobierno de transición» como excusa para disparar el caso institucional fue maquetado en la Casa Blanca, tomando visibilidad los principales voceros de la política estadounidense: Mike Pompeo, secretario de Estado; el senador de Florida, Marco Rubio; y John Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump a la cabeza.
Un modelo de insurrección ensayado antes en el Medio Oriente, Libia su referente obligatorio. Con el apoyo adecuado de la comunidad internacional, era cuestión de días, o semanas, para que el producto Guaidó materializara el cambio de régimen en Venezuela.
Sin embargo, desde el gobierno venezolano se puso en marcha una contra-agenda para detener el conflicto a lo interno del país, concatenado a una estrategia diplomática que desarmó los argumentos de los gobiernos que, en las primeras horas de la aventura neocon, parecieron apoyarla sin ningún cuestionamiento.
Claves de la política exterior venezolana que sirven para entender dónde estamos hoy, y lo que queda de la fuerza internacional que validó el interinato anunciado a principios de año.
Juramentación de Nicolás Maduro: los actores a favor y en contra de la desintegración de un Estado
Nicolás Maduro asumió el cargo presidencial correspondiente al periodo 2019 – 2025, cuando en paralelo la oposición venezolana, guiada por gobiernos extranjeros, construía la narrativa del paraestado. El primer mensaje enviado al resto del mundo fue el de no ceder ante las presiones enviadas directamente de Estados Unidos.
Maduro no estaba actuando fuera de la Constitución, a diferencia de la maniobra antichavista, pues el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el desacato de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, ese poder quedaba aislado en el intento de institucionalizar la autoproclamación de Guaidó.
Hubo una división en el escenario internacional con respecto a la crisis inducida en Venezuela, reflejo de las discrepancias entre bloques de poderes en su forma de abordar las relaciones bilaterales con otros países.
Mientras que a Estados Unidos, catorce países, entre miembros de la Unión Europea y países del Grupo de Lima, se le unían al apoyo mediático del «gobierno de Guaidó», la potencias emergentes de Rusia y China reconocieron la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Del lado euroasiático, Turquía enviaba también un sólido respaldo.
Por último, Bolivia, México, Uruguay, Nicaragua, Cuba y países del Caribe rompían con el consenso de la región, trabajado por la OEA, ante la situación en Venezuela. Incluso, en la maquinación del enemigo hubo titubeos de algunos gobiernos de derecha, sobre todo al momento de plantear un escenario militar en la región, lo que acentuaba el quiebre en la unidad de criterios.
Diplomáticos conspiradores expulsados: la credibilidad internacional de Guaidó en riesgo
A la creación del proto-estado le siguieron órdenes guiadas hacia el extranjero, para sustituir a miembros de las embajadas venezolanas con aval de los gobiernos in situ.
El 23 de enero expulsó a la delegación estadounidense del país, dejando un canal abierto para explorar la creación de oficinas de intereses en Caracas y Washington. Finalmente, llama a retirar el personal diplomático el 12 de marzo, tras las amenazas del «uso de la fuerza militar», opción que EEUU venía perfilando con aliados en la región.
En sus redes sociales, Mike Pompeo intentó pasar como decisión propia la retirada de los funcionarios estadounidenses.
Fue en Washington donde unas semanas después escaló violentamente el asedio a la sede de la embajada de Venezuela, defendida por activistas estadounidenses que finalmente fueron desalojados bajo órdenes del Departamento de Estado para luego entregarle el territorio invadido al político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio.
La cobertura mediática que tuvo el hecho tambaleó el relato de la «dictadura venezolana» y posicionó, en cambio, la denuncia de los movimientos anti-guerra en Estados Unidos a la intervención militar.
El personal del gobierno de Iván Duque corrió con la misma suerte, tras la operación ejecutada el 23 de febrero en la frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta.
Fueron expulsados por promover el ingreso de fuerzas irregulares al país, vía camiones con «ayuda humanitaria», a lo que Carlos Holms Trujillo, entonces canciller de Colombia, trató de equilibrar respondiendo que no rompió relaciones con Venezuela porque reconoce a Juan Guaidó como el «mandatario de ese país». Sin embargo, para «resguardar la vida» de sus funcionarios, los retiró de Caracas «a la mayor brevedad».
Esta escena se repitió con la expulsión de Daniel Kriener, embajador de Alemania en Caracas, país aliado de la coalición hemisférica contra Venezuela.
Medidas contundentes tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro a nivel diplomático que hicieron fluctuar el apoyo de la región latinoamericana y de la Unión Europea al radicalismo de la Administración Trump, viendo en lo concreto, el «gobierno» de Guaidó no gobernaba.
Retiro de la OEA: Luis Almagro y su maniobra para sostener la presencial artificial de Venezuela
El retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue anunciado en 2017. Este año se cumplió con el lapso estipulado para validar la decisión y con el pago de los compromisos adquiridos.
De este modo, el país caribeño se convirtió en el primero en salir voluntariamente de la organización. La solicitud hecha por la Cancillería venezolana responde a los actos de injerencia y presión que asumió la OEA, en manos del secretario general Luis Almagro, alineado a los intereses de la Casa Blanca.
En ese marco se entiende la aprobación, en paralelo, de Gustavo Tarre Briceño como «embajador» del gobierno artificial de Guaidó ante el organismo multilateral. Una resolución que también derivó en un hecho inédito: la OEA validando a un representante diplomático sin la autorización del jefe de Estado miembro.
El embajador del gobierno mexicano, Jorge Lomónaco, fue enfático al denunciar la resolución, evidenciado las violaciones a la Carta de la OEA. ¿Se intentaba sustituir la representación formal del Estado venezolano por la del poder legislativo?
En la misma línea, México tendrá, a partir del mandato de Andrés Manuel López Obrador, un papel fundamental en los aflojamientos del Grupo de Lima.
La salida de Venezuela y el enfoque del organismo a la estrategia de asedio contra el país ocurre en medio del desmantelamiento de las instituciones multilaterales que hacían contrapeso geopolítico a la política exterior de Estados Unidos.
El papel que tuvo en el golpe de Estado boliviano, y su incursión ahora en países del Caribe, confirma el agotamiento de la OEA como verdadero mecanismo para arbitrar, sin injerencias, conflictos de la región.