Las comunidades Yanomami y Mundurucus han sido víctimas de ataques sistemáticos por parte de mineros ilegales en sus territorios.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes al Gobierno de Jair Bolsonaro tomar «las medidas necesarias» para proteger a indígenas en los territorios Yanomami y Mundurucus, en los estados de Roraima, Pará, Amazonas y Mato Grosso.
Las dos reservas y sus comunidades indígenas han sido víctimas de ataques sistemáticos por parte de mineros, con armas y bombas, que ya han provocado la muerte de al menos dos niños de la etnia yanomami.
El fallo del juez federal Luis Roberto Barroso, determinó que el Gobierno «adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger la vida, salud y seguridad de las poblaciones indígenas que habitan en los Territorios Indígenas Yanomami y Mundurucu».
El magistrado establece una serie de procedimientos que deben ser seguidos por las autoridades federales, a fin de garantizar la efectividad de las acciones de seguridad.
La decisión de Luis Roberto Barroso responde a la denuncia interpuesta el 19 de junio pasado por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que pedía la remoción de los mineros ilegales en los territorios indígenas Yanomami y Mundurucu.
El 10 de mayo, la Asociación Hutukara Yanomami (HAY) denunció un enfrentamiento entre indígenas yanomami y mineros ilegales que invadieron la comunidad Palimiu, en el estado de Roraima, con saldo de cuatro mineros y un indígena heridos de bala.
Los mineros ilegales también han protagonizado episodios violentos en territorio Mundurucu, ubicado en el estado de Pará y habitado por unos 12.000 indígenas.
Desde el 2020, los indígenas yanomami alertan sobre la situación de extrema tensión en su reserva, la mayor de Brasil, con 96.000 kilómetros cuadrados divididos entre los estados de Roraima y Amazonas.
Las organizaciones indígenas y ambientalistas denuncian la presencia de unos 20.000 mineros ilegales en territorio yanomami y sostienen que son uno de los principales factores de contagio del coronavirus en las comunidades.
Medicamentos sin eficacia
La cloroquina no cuenta con eficacia científica comprobada para tratar el covid-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Brasil distribuyó unos 265.000 comprimidos de este fármaco y de otros dos –ivermectina y azitromicina– a indígenas de cinco estados de Brasil con el propósito de combatir el coronavirus.
Según informa el diario Folha de Sao Paulo, un informe de la Secretaria Especial de Salud Indígena (Sesai), vinculada al Ministerio de Salud, muestra que se orientó a los Distritos Sanitarios Indígenas (DSEI) a «instruir a sus respectivos» trabajadores en los procesos de adquisición de los fármacos.
El diario cita notas de gastos de oficinas de DSEI en los que se especifica que estos medicamentos se destinaron al «enfrentamiento de emergencia de salud pública por covid-19» o a «medidas de control de infección humana» causadas por el virus.
La cloroquina es una medicamento utilizado para combatir la malaria, mientras que la azitromicina es un antibiótico que sirve como tratamiento para dolencias respiratorias y la ivermectina trata la infecciones parasitarias.
El Ministerio de Salud respondió que la cloroquina es enviada de manera regular a 25 DSEI para tratar la malaria y los otros dos fármacos forman parte de la Relación Nacional de Medicamentos Esenciales (Rename) utilizados en distintos tratamientos.
Comisión de investigación
El envío de estos medicamentos a las poblaciones indígenas para hacer frente al covid-19 es uno de los puntos que investiga la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), que analiza desde hace varias semanas las posibles omisiones del Gobierno durante la pandemia, que ya ha dejado casi 450.000 muertos en el país.
El exministro de Salud, Eduardo Pazuello, que durante su gestión liberó el uso de la cloroquina para pacientes con síntomas leves de coronavirus, negó durante su comparecencia haber distribuido estos fármacos a los DSEI.
Desde que comenzó la pandemia hace más de un año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido un ferviente defensor del uso de estos fármacos. Dos de los cuatro ministros que han estado al cargo de la cartera de Salud durante esta crisis dejaron su puesto por discrepancias con el ultraderechista por la cloroquina.
El exministro de Salud Henrique Mandetta y el director de el director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antonio Barra Torres, confirmaron a la comisión que el Gobierno se planteó cambiar el prospecto de la cloroquina para usar el fármaco contra el covid-19.