Masivas manifestaciones populares que piden justicia han sido ignoradas –además de reprimidas–
Imagino la cantidad de veces que en la Constitución de Perú aparece escrita la palabra «democracia»; y también imagino en cuántas ocasiones su verdadero significado ha sido, como mínimo, ignorado.
El último capítulo de esta escena, devenida dramáticos acontecimientos, ha dejado ya 70 personas muertas y un presidente, que fue elegido por el voto popular, sacado de su puesto y llevado tras las rejas sin motivo alguno.
Masivas manifestaciones populares que piden justicia han sido ignoradas –además de reprimidas– por el reclamo de lo que la «democracia», al estilo de la oligarquía peruana, no acepta: la dimisión de la mandataria Dina Boluarte, rechazada por un 77 % de la población, y la sustitución del Congreso, instancia con un 90 % de desaprobación ciudadana.
Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), divulgada este domingo, pone en evidencia que solo un 6 % de la población respalda el trabajo de los diputados, y únicamente el 25 % cree que Boluarte debe terminar el mandato, reportó EFE.
Las cifras de desaprobación, en ambos casos, son más elevadas en las regiones del sur del país donde, por ejemplo, el rechazo al Congreso supera el 95 %, y el repudio a Dina Boluarte escala hasta un 86 %.
Por si faltaba algo más, un 69 % de los peruanos pide la celebración de elecciones este mismo año, mientras solo un 19 % acepta realizar la consulta popular en 2024, y una exigua cifra de un 8 % de los encuestados consideran que el Congreso debe terminar su mandato en 2026.
Mientras esta realidad se expresa en las encuestas más recientes, en una cárcel peruana guarda prisión Pedro Castillo, un maestro, líder rural, que el pueblo eligió como Presidente, y se encuentra a merced del poder oligárquico y las jugarretas políticas que caracterizan a los gobiernos y congresos dominados por la derecha más reaccionaria en la nación andina.