Néstor Marín | Prensa Latina
La justicia británica tiene ahora en sus manos el futuro, y posiblemente la vida, del fundador de WikiLeaks Julian Assange, a quien Estados Unidos quiere enjuiciar por revelar crímenes de guerra cometidos por sus militares en Iraq y Afganistán, y cables diplomáticos comprometedores.
La segunda y última fase del juicio de extradición concluyó el 1 de octubre pasado en la Corte Criminal de Londres, pero el veredicto no se conocerá hasta el 4 de enero del año próximo, una decisión que prolonga aún más la agonía del periodista australiano, quien lleva más de ocho años sin poder salir a la calle.
Primero fueron siete años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió en junio de 2012 para no ser enviado a Suecia, que lo investigaba por presuntos delitos sexuales, pero donde corría el riesgo de ser entregado a Estados Unidos.
Tras ser traicionado por el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que en abril de 2019 le abrió las puertas de la embajada a la Policía londinense para que lo arrestara por violar una fianza otorgada en relación con el caso sueco, Assange fue confinado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el este de la capital británica.
Cincuenta semanas de cárcel fue la sentencia dictada de forma expedita por el Tribunal de Magistrado de Westminster, pero una vez cumplida la condena, la jueza Vanessa Baraitser determinó que el fundador de WikiLeaks debe esperar en la cárcel a que ella decida si lo extradita o no a Estados Unidos.
Durante las cuatro semanas que duró la segunda parte de la audiencia de extradición en la corte londinense de Old Bailey, la defensa de Assange trató de convencer a la Baraitser de que su cliente es objeto de una persecución política sin precedente en los anales de la jurisprudencia estadounidense.
Para sustentar el caso, los abogados presentaron una batería de expertos legales norteamericanos que dieron fe de que ningún periodista o editor ha sido jamás juzgado, mucho menos condenado en Estados Unido bajo la Ley de Espionaje de 1917 o por publicar filtraciones de información clasificada, y prueba de ello, dijeron, es que el entonces presidente Barack Obama nunca quiso presentar cargos contra WikiLeaks.
El Departamento de Justicia estadounidense alega, sin embargo, que no quiere enjuiciar a Assange por las revelaciones de WikiLeaks, sino por poner en peligro la vida de los informantes del Ejército cuyos nombres salieron a la luz pública.
Al respecto, varios editores y periodistas que colaboraron en la divulgación de los archivos aseguraron bajo juramento que el ciberactivista australiano fue particularmente cuidadoso a la hora de editar los documentos, y borró toda información que pudiera llevar a la identificación de esas personas.
Confinamiento solitario
Otros testigos citados por la defensa alertaron a la jueza Baraitser sobre las condiciones carcelarias a las que sería sometido Assange desde el momento en que pise suelo norteamericano.
De acuerdo con los testimonios de varios abogados estadounidenses muy familiarizados con el sistema penitenciario de su país, el acusado sería internado en una celda de 50 pies cuadrados del centro de detención de Alexandria, estado de Virginia, durante el tiempo que dure el proceso.
De ser declarado culpable de alguno de los 17 cargos de espionaje y de conspiración para cometer piratería informática, que en total conllevan una sentencia de 175 años de cárcel, la testigo Maureen Baird, exdirectora de una correccional neoyorquina, vaticinó que el fundador de WikiLeaks irá a parar a la prisión federal de Florence, Colorado.
En esa penitenciaría, conocida como Supermax, y donde están confinados terroristas connotados como el Unabomber y el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, Assange estaría bajo un régimen especial diseñado para presos a los que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad nacional, con escaso contacto con el mundo exterior o el resto de los reclusos, y casi ninguna atención médica.
Según Baird, esas condiciones de aislamiento extremo tendrían efectos muy graves sobre la salud mental de cualquier preso, una observación relevante, pues varios psiquiatras también testificaron que el periodista australiano de 49 años corre un riesgo muy alto de suicidio si es extraditado y encarcelado en Estados Unidos.
La mano de Trump y el espionaje contra Assange
En la corte londinense también salió a relucir que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere encerrar a Assange para encubrir los presuntos beneficios que obtuvo de las revelaciones de WikiLeaks para ganar las elecciones de 2016.
Quiere encerrarlo en una prisión para mantenerlo callado, declaró el abogado norteamericano Eric Lewis, quien afirmó que la filtración de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, y que fueron considerados una pieza clave en la derrota de la candidata Hillary Clinton, ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca.
El mandatario norteamericano también estaría detrás del perdón que le ofreció en agosto de 2017 el entonces congresista republicado Dara Rohrabacher, a cambio de que revelara sus fuentes de información, según declaró la testigo Jennifer Robinson.
La periodista estadounidense Cassandra Fairbanks aseguró, por su parte, en un testimonio escrito que Trump ordenó negociar con el gobierno de Ecuador la entrega de Assange a la Policía británica.
El nombre del presidente norteamericano también aparece en sendas declaraciones hechas por dos exempleados de la empresa española que estuvo a cargo de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres durante parte del tiempo que el fundador de WikiLeaks estuvo asilado allí.
De acuerdo con ambos testigos, que presentaron sus testimonios por escrito y de forma anónima por temor a represalias, UC Global comenzó a espiar a Assange y a sus visitas después de firmar un contrato con otra compañía propiedad del magnate Sheldom Addison, conocido por su cercanía a Trump, en julio de 2016.
Después de ese viaje, el director David Morales reunió a sus empleados en la sede de la empresa en Jerez y les dijo que “a partir de ahora UC Global jugaría en las grandes ligas”, relató el ‘testigo 1’.
El testigo dos alegó, por su parte, que después que Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, el espionaje se intensificó, y toda la información enviada a los servicios de Inteligencia norteamericanos.
El periodismo en el banquillo
Concluida la vista oral, y a la espera del veredicto de la jueza Baraitser, la compañera sentimental de Assange, Stella Moris, aseveró que esta segunda parte del juicio de extradición puso al desnudo la verdadera naturaleza de los cargos contra el padre de sus dos hijos, concebidos en la embajada ecuatoriana.
Julian está siendo castigado por prestar un servicio público del cual todos nos hemos beneficiados, aseveró Moris, tras recordar que su pareja está en prisión por revelar al mundo los crímenes y atrocidades cometidos por Estados Unidos.
Tanto ella como el actual editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, coincidieron en advertir que de conseguir la extradición, el gobierno estadounidense no se detendrá hasta llevar a juicio a cualquier periodista que publique algo que no sea de su agrado.
Para el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, el caso podría solucionarse si el gobierno del Reino Unido sencillamente dice que no considera justo ni legal que Assange sea deportado a un lugar donde sufriría las torturas del sistema penitenciario norteamericano.