«Vimos un despliegue y ostentación de fuerzas que, por lo menos yo, no ví en ningún lado», aseguró Juan Grabois, parte de la comitiva.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales argentinos, hizo público este lunes un informe final detallado con el registro de los asesinatos y la represión en Perú, ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En el acto realizado en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, se exhibió un dictamen jurídico de los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes plantean que el expresidente Pedro Castillo fue mal destituido o, en otras palabras, «nunca fue destituido legalmente».
La misión argentina visitó territorio peruano el mes pasado para relevar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de la crisis política y social que estalló en diciembre con la detención de Castillo. «Vimos un despliegue y una ostentación de fuerzas que, por lo menos, yo no vi en ningún lado», aseguró durante la presentación del informe Juan Grabois, dirigente social y parte de la comitiva.
«Hablamos de una cantidad de muertos que en ningún gobierno se puede sostener», planteó Grabois en conferencia de prensa desde el Anexo C del Congreso de la Nación, y agregó que el trabajo de la misión, al menos sirvió para hacer visible la situación. «Ese será nuestro aporte y ojalá permita que la justa resistencia del pueblo peruano sea victoriosa y Perú vuelva al camino de la democracia y la plena participación política y social», sostuvo el también abogado y escritor.
El Informe, que estará disponible a partir del martes en las redes de la misión, detalla el accionar represivo del Estado peruano y las vulneraciones a derechos fundamentales. La metodología utilizada consistió en entrevistas a víctimas o familiares de las mismas que tuvieron contacto con situaciones represivas en calidad de testigos o en primera persona. Parte de las denuncias fueron relevadas en el epicentro de la represión, condensada en las regiones sureñas de Perú, donde la población sufrió la mayor violencia policial.
La misión advierte que el Estado peruano debería ser investigado por incurrir en delitos de lesa humanidad. Además se agrega la vulneración de derechos fundamentales, la criminalización de la protesta cercenando el derecho de reunión, de asociación, de peticionar a las autoridades y a la libertad de expresión.
La defensa de Castillo
Por otra parte, Zaffaroni y Croxatto sostuvieron que Castillo sigue siendo el presidente de Perú, debido a que la acusación, según su criterio, no respetó el procedimiento contemplado en la Constitución Nacional peruana y el reglamento del propio Congreso. Plantearon incluso que los congresistas que votaron de forma «irregular» son pasibles de «antejuicio político» al haber «instrumentado un golpe de Estado blando contra Castillo, no respetando el debido proceso interno de acusación constitucional».
Lo que corresponde legalmente para los letrados argentinos es reponer a Castillo en el cargo, abrirle una acusación constitucional y recién entonces «suspenderlo, destituirlo o inhabilitarlo si fuera el caso». Castillo, de acuerdo a Zaffaroni y Croxatto, debería poder defenderse en un proceso formal y hablar ante el Congreso.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras la destitución de Castillo el pasado siete de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, ante los reclamos de renuncia contra Dina Boluarte y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas. El accionar represivo del Estado fue repudiado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, e incluso potencias como Estados Unidos.