El objetivo son los inmigrantes con una orden de deportación que no han cumplido
El miedo a los arrestos volvió a prender este jueves entre los inmigrantes sin papeles de Estados Unidos. Donald Trump anunció en junio una oleada de redadas para expulsar a unos 2.000 extranjeros que tienen orden de deportación y lo acabó aplazando, pero, según avanzó The New York Times, las detenciones se producirán a partir de este domingo en 10 grandes ciudades. Más de 10 millones de inmigrantes irregulares residen en el país, según el centro de investigaciones Pew Research, el 66% de ellos desde hace más de una década.
Es tan poco habitual que las fuerzas del orden anuncien una redada como que un inspector avise de que se va a personar en un establecimiento para revisar el estado de la situación. El efecto para el primer caso es la siembra de terror, no solo por los sujetos a los que busca, sino por otros inmigrantes sin papeles que pueden ser identificados en el momento de los arrestos planificados. El propio presidente de Estados Unidos se encargó el mes pasado de comunicar la operación en su cuenta de Twitter con días de antelación —expulsaría a “millones”, dijo, cuando se refería a los citados 2.000—, pero, a tan solo 24 horas de que comenzase —curiosamente, también en domingo— tuiteó que lo retrasaría a petición de los demócratas.
Esta vez, han sido fuentes anónimas de la Administración las que han informado del asunto al Times y después han confirmado a otros medios. El objetivo es arrestar a 2.000 extranjeros que ya han recibido órdenes de deportación, pero han permanecido en el país. No está claro el éxito de la operación. La policía migratoria (ICE, en sus siglas en inglés) no puede legalmente entrar en una casa por la fuerza y, con lo tan cacareado de los arrestos, tiene sentido que los inmigrantes opten por simplemente no abrir la puerta o, si pueden, cambiar de dirección. Las redadas, sin embargo, se desarrollarán durante días y la situación llegará a un punto insostenible.
Formalmente, la ICE no ha confirmado ni desmentido el plan, con el lógico argumento de que no comentan operaciones en marcha, pero las fechas coinciden con los avisos del propio Trump. El pasado 22 junio, el mandatario advirtió de que el aplazamiento duraría “dos semanas” con el objetivo de ver “si demócratas y republicanos pueden juntarse y trabajar en una solución” para lo que califica de “problema de vacío legal” en la frontera sur. Si no, añadió, “¡empezarán las deportaciones!”.
La expulsión de indocumentados con orden supone una práctica habitual; las redadas, también. Así que el anuncio a los cuatro vientos tiene mucho de declaración política. El republicano ha hecho de la mano dura con la inmigración una bandera electoral y presiona para lograr una legislación que estreche más los controles migratorios en la frontera, como hizo en su día con la posible expulsión de los dreamers (los jóvenes migrantes que llegaron sin papeles como niños y han crecido en EE UU).
A México, otro actor clave en el desafío migratorio, le amenazó con la imposición de aranceles a todos sus productos si no intensificaba las deportaciones. El repunte migratorio se debe sobre todo a la ola de centroamericanos que huyen de la miseria y la pobreza para llegar al país más rico del mundo. Fruto del acuerdo con Trump para evitar la guerra arancelaria, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador elevó en un 33% las deportaciones, hasta las 21.912 expulsiones, lo que supuso la cifra más alta desde 2006. El efecto en la frontera sur parece inmediato: el número de personas tomadas bajo custodia bajó un 28% en junio, hasta las 104.344 detenciones, aunque sigue siendo casi cinco veces más que en el mismo mes de hace dos años.
El pacto con López Obrador también implicó que Estados Unidos puede enviar ahora a algunos de los solicitantes de asilo a México para aguardar allí mientras se procesa su solicitud. Los primeros -alrededor de una docena, según datos de The Washington Post– llegaron esta semana al Estado de Tamaulipas, zona a la que el Departamento de Estado otorga un nivel de riesgo tan elevado como el de Siria o Afganistán y al que por tanto recomienda no viajar a los ciudadanos estadounidenses.