Manuel Espinoza J.
Si bien es cierto que tanto Latinoamérica, Centroamérica y Nicaragua no ocuparon un lugar importante en los discursos de campaña de Joe Biden, era entendible que habría un tanto de continuidad de la política exterior (PE) de la administración Obama cuando Biden fue su vicepresidente y otro tanto de la administración Trump.
La administración Biden lleva 45 días, desde que se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero y las primeras expresiones públicas y oficiales sobre sus futuras relaciones y conducta hacia nuestro país, son suficientes para entender los principales ejes de acción contra nuestra nación en este año electoral.
En materia de continuidad de su política exterior hacia Nicaragua, durante la campaña presidencial del 2020 y a inicios de este año, se pudo constatar en diversos artículos provenientes de los famosos think tanks (centros de pensamiento) recomendaciones de cómo la nueva Administración Biden debería actuar hacia Nicaragua. Ejemplo de lo anterior fue la publicación del 10 de enero del corriente, con el artículo de Richard E. Feinberg, del Programa Latinoamericano del Centro Wilson (Wilson Center Latin Program) bajo el título: “El Uso de las Sanciones en la política exterior y en relación a las elecciones en Nicaragua del 2021”.
Feingber no por casualidad sugiere el tema de las sanciones como una herramienta punitiva y de negociación contra el gobierno sandinista. Feingber fue funcionario en el Departamento del Tesoro, estructura del gobierno norteamericano encargada de dirigir este nuevo tipo de guerra con acciones de saqueo y destrucción económica a sus adversarios, violatorias del derecho internacional.
En su artículo, el mensaje es claro: “sancionar tanto se pueda como instrumento de presión y ablandamiento para obligar al presidente Ortega a que ceda algunas ventajas, que según él, obligarán a levantar las restricciones a la actividad política de la oposición, a los medios de comunicación, que retornen con garantías los que se exiliaron en Costa Rica y la realización de reformas del sistema electoral que impida al presidente manipular los resultados”. Feinberg asegura que “con presión y negociación internacional, la oposición, aun cuando está desunida y fragmentada al unificar criterio sobre un único candidato, ganaría las elecciones con un gran margen a favor”.
Feinberg no dice ni propone nada nuevo en su artículo, pues los EE.UU desde la administración Obama tiene un extenso programa de sanciones que afecta a países como el nuestro (Cuba y Venezuela), que se conoce será ampliado a medida que quieran sentar al gobierno sandinista a negociar el financiamiento abierto USA a la oposición política, con miras a procurar los resultados electorales de noviembre del 2021, que le faciliten el cambio del gobierno a su favor. Para eso desde ya cuentan con la mal llamada Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua conocida como «Nica Act», promulgada en diciembre del 2018 durante la administración Trump y que es una herramienta para impedir la funcionabilidad del gobierno, golpear la economía del país y al pueblo, sancionando a los funcionarios gubernamentales, bloqueando y prohibiendo transacciones financieras y de otros activos, anulando los préstamos y la asistencia financiera o técnica por parte de los organismos financieros internacionales.
Como un académico de la universidad de California en San Diego, a Feingber le vale un comino que el Santo Papa y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidan a gritos la suspensión del sistema de sanciones por ser un instrumento de muerte, hambre, calamidad, subdesarrollo y atraso para naciones enteras. Él se siente “general de ejército” en ese nuevo tipo de guerra económica. De lo que sí está claro Feigber, es que la ventaja actual del sandinismo sobre la oposición política, desunida y fragmentada, es clara e indisputable políticamente y por eso urge el implementar las sanciones.
El 31 de enero, el asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Juan Sebastián González, en entrevista especial, hizo su primera declaración oficial sobre la percepción y predisposición de la administración Biden sobre Nicaragua y las futuras líneas de acción que emprenderán de manera bilateral o en el marco de su relación con Centro América y otros actores internacionales. En su entrevista, González estableció los hilos conductores para la ejecución de su Política Exterior hacia Nicaragua al afirmar que:
A) Los aliados de Estados Unidos no son solo los gobiernos”.
B) Los gobiernos no serán los únicos interlocutores de la Casa Blanca.
C) EL gobierno de los EE.UU también acepta la interlocución de la sociedad civil,
el sector privado y la comunidad internacional.
También delineó las Líneas de Acción que les permitirá el accionar abierto de intervención en todos los países del istmo centroamericano.
• Corrupción.
• Abusos de poder.
• Respeto a las instituciones,
• Procesos democráticos y transparentes.
La Predisposición hacia Nicaragua enarbola las siguientes mentiras:
a) Nicaragua será un foco de atención para esta administración.
b) Nicaragua es de mucha preocupación.
· “Las acciones del Gobierno de Daniel Ortega en contra de su propio pueblo, incluso usando francotiradores en contra de manifestantes pacíficos, son posibles crímenes de lesa humanidad”.
· “El gran problema que ha tenido Nicaragua, desde que regresó Ortega a la Presidencia en 2006, es su deseo de perpetuarse en el poder”.
· “Estados Unidos defenderá que haya elecciones justas y transparentes”.
· “La administración previa se enfocó en Venezuela y Cuba, y casi se olvidó de Nicaragua. Es algo muy preocupante y sí será un foco de atención para esta administración”.
Es fácil entender, toda la percepción y elementos que integran la propuesta de este asesor de seguridad nacional para Latinoamérica desde el CSN. Técnicamente es lógico porque un funcionario del CSN es el primero que destapa la botella y se pronuncia oficialmente en nombre del gobierno de Biden, pues la política de seguridad nacional estadounidense está sobre la política exterior.
Además, la administración Biden aún no ha seleccionado al funcionario del Departamento de Estado para atender a Latinoamérica y el Caribe dentro del Buró (oficina) para el hemisferio Occidental. Aunque ya se baraja el nombre de Brian Nichols (ex embajador en Perú y Zimbabue) entre otros. El puesto aún lo mantiene Julie J. Chung la Secretaria en funciones de esta oficina.
En el caso del grado y tipo de incidencia que tendrá la política de seguridad nacional en la política exterior de Biden hacia el mundo, nuestra región y país basta con conocer a los miembros del staff del CNS en el nuevo gobierno USA. Por lo menos a los principales asesores como: Jake Sullivan, Jonathan Finer, Juan Sebastián González, Bradley A. Freden, etc.
En el caso de Juan Sebastián González, hasta diciembre 2020 era un alto funcionario del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global (Penn Biden Center for Global Diplomacy and Global Engagement) de la Universidad de Pensilvania. Este centro, de carácter globalista, ve al mundo actual desafiado por “autoritarios” y “extremistas” y estresado por el ritmo, el alcance y la naturaleza disruptiva del cambio global. Este Centro estuvo involucrado de lleno en la preparación del programa global de política de seguridad nacional y política exterior durante la campaña de Biden.
También ocupaba una alta posición en la rama latinoamericana en el Grupo Cohen (The Cohen Group). Una empresa (del Deep State) de asesoría comercial global, sobre liderazgo corporativo con asesoría estratégica y asistencia en desarrollo comercial, asuntos regulatorios, contratación de acuerdos y actividades de obtención de capital. También tiene una asociación estratégica con DLA Piper, un bufete de abogados global con más de 4.200 abogados y 71 oficinas en 30 países. (Deep State también).
González fue un miembro de la junta de la Oficina de Washington para América Latina, (WOLA). Según la página web de WOLA “es un recurso clave para organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe”, trabajando estrechamente con contrapartes locales (sociedad civil y empresarios) en la región en la construcción de coaliciones, en investigación, en campañas de incidencia política y en la participación en debates sobre políticas públicas. La línea de acción intervencionista del WOLA son los temas sobre los derechos humanos, la democracia y la justicia social, que a la par de su financiamiento generan consensos para la acción con sus bases locales en los países involucrados.
Por las características de las organizaciones como el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global y la Oficina de Washington para América Latina, (WOLA), su política hacia Nicaragua será inclinada a la promoción del golpismo e intervencionismo en los asuntos internos del país, pues su experiencia está basada en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe.
En el plano centroamericano, Nicaragua entra en los planes de la administración Biden a fin de:
· Empoderar como interlocutor creíble a la mal llamada “Sociedad Civil” nicaragüense en sus acciones, que van desde la presión hasta al cambio de régimen y restar valor a los gobiernos o sus emisarios diplomáticos.
· Promover desde la llamada “Sociedad Civil” el desprestigio al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en materia de corrupción y el abuso de poder.
· Promover propuestas desde el seno de estas organizaciones locales para generar la necesidad de creación de organizaciones análogas a la CICIES como en Guatemala y El Salvador y la MACCIH que había en Honduras.
La estrategia de este eje facilita el control judicial del intervencionismo norteamericano, al crear un “vinculo oficializado” entre el Departamento de Justicia norteamericano con las ONG y fiscales peleles locales que intenten enjuiciar y encarcelar a sus opositores políticos en el gobierno, a lo que ellos llaman “JUSTICIA TRASNACIONAL” para que puedan:
· Investigar casos.
· Iniciar procesos.
· Usar las herramientas que tiene Estados Unidos para ir tras grupos transcriminales, y quienes lavan activos,
· Usar herramientas como el Magnitsky Act contra personas, quitando visas y sancionando.
Con esto podrán crear artificialmente un nivel regional de jurisprudencia, que incluya a Nicaragua en la “Lista Engel” del congreso USA para el Triángulo Norte centroamericano. En cuanto al eje de abusos de poder, tratarán junto a los medios masivos de difamación noticiosa de llevar los casos a la corte de crímenes de lesa humanidad. La estrategia es obligar al presidente Daniel a no postularse como candidato en las elecciones del 2021 o lograr denunciarlo y hasta enjuiciarlo a nivel internacional. Es lógico, que el énfasis en la Sociedad Civil y su intervencionismo disfrazado en las elecciones de este año, serán para la administración Biden la piedra angular en la desestabilización del gobierno sandinista.
Tampoco ha dicho nada nuevo Juan Sebastián González, que los EE.UU no hayan venido implementando desde el 2007, cuando fue reelecto el presidente Daniel Ortega. Desde el intento del “golpe suave” del 2018, se trataba con ayuda de las “fake news” de generar las causas para llevar ante la justicia internacional al presidente Ortega. Para esto utilizarán todo un andamiaje de organizaciones de la sociedad civil local y regional, que le den un carácter de plenipotenciaridad internacional, con un ejército de organizaciones y abogados de renombre al servicio y en planilla de la política exterior de desestabilización norteamericana como Iván Velásquez, ex director de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada en el 2007.
El sueño de Velázquez es cumplir con el mandato yanqui de llevar a la corte internacional e investigar por crímenes de lesa humanidad al presidente Daniel y a la Cra. Rosario, por el restablecimiento del orden en el intento terrorista del Golpe Suave del 2018. Esa es la agenda intervencionista de la Casa Blanca y él trabaja en función de los planes desestabilización de la CIA, con el uso de los medios de comunicación mentirosos y el papel de la sociedad civil para el cambio de régimen.
La CICIG y organizaciones análogas funcionan prácticamente como la DEA. Ellos instalan y controlan a las jefaturas de los carteles hasta que estas ya no les convienen y las sustituyen por otras. Es el mismo sistema que aplican a los países latinoamericanos, donde ponen y quitan a tantos presidentes que puedan, con tal de mantener el control de la soberanía nacional de las naciones. Todo depende del interés momentáneo que representen los políticos de la región a su política de control hegemónico.
Es en base a ese interés que cierran los ojos ante la impunidad y la injusticia socio económica de los gobiernos neoliberales aliados. Tal fue el caso del fin de la CICIG en Guatemala, una vez que los altos empresarios se quejaron ante Washington de estar siendo vigilados y acusados cuando estos realmente juegan un papel de respaldo a la política intervencionista yanqui. Al final, en Guatemala y Colombia se siguen asesinando a diario y por docenas a los líderes sociales y para los EE.UU nunca sucede nada.
El 3 de febrero, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) Junto con 19 organizaciones más (todas financiadas por las agencias norteamericanas), cantó a coro para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Continúe monitoreando los abusos de los Derechos Humanos en Nicaragua”. Esta es una vieja táctica para la formación y luego la implementación de la política exterior USA bipartidista, donde los “Think Tanks” generan un tema que lo propagandizan hasta la saciedad para convertirlo en un tema de acción de un organismo internacional como lo es la ONU y sus diferentes instancias.
El 3 de febrero también Biden anunció su deseo de nombrar a Brian A. Nichols, aún embajador en Zimbabue, como Subsecretario para los asuntos de Latinoamérica y el Caribe en el Departamento de Estado. Su papel en ese país ha sido la de cualquier embajador gringo en apoyo a las acciones clandestinas de cambio de régimen, vía la punta de lanza llamada “sociedad civil” financiada por sus agencias de la supuesta cooperación para el desarrollo. El gobierno sandinista en todo caso está claro de quién sería en el Departamento de Estado el análogo de Juan Sebastián González en el Consejo de Seguridad Nacional y qué agenda perseguirán si a este análisis estructural se le agregan dos sujetos más como son Victoria Nuland la Subsecretaria de Asuntos políticos del Departamento de Estado, y Anthony Blinken, el Secretario de Estado.
Victoria Nuland desde el 2013 al 2017 fue responsable de la política exterior para asuntos europeos y euroasiáticos. Muy conocida por sus posiciones antirrusas y por jugar un papel clave en el golpe de Estado en la Plaza Maidan en Kiev-Ucrania, que terminó por desestabilizar por completo a todo el país, sometiéndolo a una guerra civil con miles de muertes, destrucción de la infraestructura económica y el cercenamiento territorial al promover, desde el departamento de Estado, la instalación de grupos políticos de corte nacionalistas-fascistas.
En los años 90 trabajó en la Oficina de Asuntos para Rusia en el Departamento de Estado, como vicejefe de esta sección. Mucho tuvo que ver en la decisión de sustituir a Mijaíl Gorbachov por Boris Yeltsin, a pesar de que Gorbachov les ayudó a destruir al imperio soviético. Su apuesta tuvo lógica, pues Yeltsin la terminó de derrumbar.
Muy famosa por su frase famosa “F**k the EU!”, (¡Que se joda la Unión Europea!) durante una llamada telefónica con el embajador norteamericano en Ucrania, Geofreey Pyatt, al dirigir y apresurar el golpe suave en Ucrania con o sin la UE en febrero del 2014. Nuland anduvo de bondadosa y solidaria hasta repartiendo pan y galletas junto al senador John McCain, a los protestantes ucranianos para derrocar al gobierno de Yanukovich, que contó con unas elecciones bien observadas internacionalmente pero no para la satisfacción de los EE.UU.
Como subsecretario para asuntos políticos en el Departamento de Estado, ocupará el tercer puesto más importante en esa estructura gubernamental y se espera que la cultura de acción política sea del mismo perfil que cuando trabajaba para la administración Obama. Nuland coordinará con el Subsecretario para los Asuntos de América latina y el Caribe, llegue a ser Brian A. Nichols u otro designado al cargo. Está claro cuál será su receta para Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Nuland es un halcón distinguido de la política exterior yankee. Del 2003 al 2005, fue la asesora principal de política exterior para el vicepresidente republicano Dick Cheney, el arquitecto de la invasión a Iraq causando la muerte de más de un millón de iraquíes basados en la mentira de la existencia de armamento de destrucción masiva en el ejército de Sadam Hussein y generado un gasto del presupuesto federal de Defensa de 2 a 6 trillones de dólares (en términos anglosajones) que fueron a manos del complejo militar industrial dedicado a abastecer al Pentágono en su campaña contra Iraq y a las corporaciones petroleras.
Del 2005 al 2008 fue representante permanente de los Estados Unidos en la OTAN. Posteriormente fue portavoz del Departamento de Estado. Entre el 2011 y el 2013, su relación con el “DEEP STATE” se evidenció más al fungir desde enero del 2018 hasta febrero del 2019 la dirección del Centro para una Nueva Seguridad Norteamericana (Center for a New American Security). Un think tank al servicio del Complejo Militar Industrial y por ende del Pentágono. También ha sido alta consejera en el grupo Albright Sonebridge, una empresa de asesoría sobre estrategia y diplomacia comercial.
Para ponerle “la tapa al pomo”, está casada con Robert Kagan, un especialista estudioso de la política exterior norteamericana. Robert Kagan trabaja para el Consejo de Asuntos Internacionales (Council for Foreing Affairs – CFR), fundado en 1921. Es una organización independiente y “no partidista” (Deep State en vivo) que se especializa en la formulación anticipada de la política exterior USA para todas las administraciones en la Casa Blanca. Entre sus miembros se incluyen a políticos de alto rango, a más de una docena de exsecretarios de estado estadounidenses, exdirectores de la CIA, banqueros, abogados, profesores y figuras de los medios de comunicación.
Kagan también labora para la Institución Brookings, un “think tank” similar al CFR, quienes tienen mucho que ver con lo que se conoce como “Futurología” en las relaciones internacionales. En otras palabras, preparan los temas álgidos y los conflictos que estarán en la agenda global de la situación internacional. Su producción analítica y académica se convierte en los fundamentos bíblicos que excusarán el accionar de los EE.UU a nivel global. No es un Nostradamus, si no uno de los que tiran la línea de acción para que el gobierno USA las implemente posteriormente.
En Nicaragua conocemos bien a Robert Kagan. De 1984 a 1986, fue redactor de discursos del Secretario de Estado George P. Shultz y miembro del Personal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado. Durante la administración de Ronald Reagan de 1986 a 1988, se desempeñó en la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado. Escribió en 1996 un libro titulado: “Una lucha crepuscular: El Poder Norteamericano y Nicaragua 1977-1990” … ya se imaginaran lo que escribe. No en balde sus colegas se refieren a Kagan como «el principal teórico neoconservador de la política exterior USA”.
No solo para Victoria Nulan, la nueva obra de su esposo Robert Kagan del 2018 titulada: “La jungla vuelve a crecer: Estados Unidos y nuestro mundo en peligro” es toda una guía de inspiración filosófica de la administración actual de Joe Biden y Kamala Harris. En ella, de nuevo encontramos la misma cantaleta sobre “el papel único de Estados Unidos en el mundo» y el argumento de siempre de que los Estados Unidos son un actor internacional para la paz y el orden en todo el mundo, y lo que podría ocurrir si se retiran y enfocan su atención hacia adentro.
Kagan, principal defensor del intervencionismo liberal y cofundador del proyecto neoconservador para el Nuevo Siglo Americano, con un pensamiento y enfoque agresivo sugiere que: “Como una jungla que sigue creciendo después de ser talada, el mundo siempre ha estado lleno de actores peligrosos que, si no se controlan, poseen el deseo y la capacidad de empeorar las cosas.… Un verdadero realismo, argumenta, que la jungla volverá a crecer, si lo permitimos”.
Aunque Victoria Nuland aún no ha sido confirmada por el Congreso, por todos lados se han disparado las señales de alarma. Nuland, al igual que su esposo Robert Kagan, ejemplifican las posiciones neoconservadoras de la política exterior USA. Según muchos especialistas, Nuland es altamente peligrosa para la paz internacional. Nuland es especialista en cambio de régimen. Su experiencia reciente se basa en la destrucción y asesinato de Muamar Al Gadafi en Libia y la guerra en Siria, donde todo el armamento que tenía Libia fue a parar a manos de los terroristas en Siria.
Nuland es especialista en Guerras Proxy y sueña con traerlas a Nicaragua. Es muy importante entender la psicología y el culto a la desestabilización del escalón de mando de la administración Biden en materia de política exterior, sobre todo en lo que se conoce como el equipo de seguridad nacional (Nacional Security Team), que reúne a las principales agencias como el NSC, la CIA, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, el Pentágono y otras más, y visualizar por sus acciones de desestabilización contra otros países.
Victoria Nuland, por su participación en el golpe de Estado en Ucrania y cómo condujeron esa operación de cambio de régimen en Ucrania en el 2014, tiene mucho parecido con lo que ocurrió en el 2018 en Nicaragua. En Kiev, los francotiradores ultranacionalistas asesinaron por lo menos a unas 100 personas, acusando a la policía y fuerzas elites del gobierno. Tras investigaciones internacionales, se concluyó que fueron los protestantes desde un hotel y otros edificios los perpetradores de las muertes. Nuland quería que el presidente fuera el candidato opositor Arkadiy Yatsenyuk, pero este perdió las elecciones.
A pesar de que la Unión Europea sirvió de mediadora entre los opositores y el gobierno de Yanukovich, este no tuvo más remedio que salir huyendo al haberse interrumpido el acuerdo por la oposición instado por Victoria Nuland. Al final, Arkadiy Yatseniuk, el candidato de Nuland, ocupó el puesto presidencial. ¿Entendemos entonces la importancia de ver todo el bosque y no solo unas cuantas ramas en año electoral en Nicaragua?
Por ese tipo de acciones desestabilizantes, la ley de “Agentes Extranjeros” y otras en Nicaragua les corta toda capacidad operacional de financiamiento y acciones de terror y mentira mediática para la promoción de la desestabilización, y está golpeando su espina dorsal. El 5 de febrero, una ONG financiada desde hace años por los EE.UU. como la Fundación Violeta Barrios, cerró sus operaciones al igual que otra denominada PEN International.
El 8 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, exoficial de la CIA, (hoy en ese puesto) anunció, que “La Ley sobre los Agentes Extranjeros conduce a Nicaragua a una dictadura”. El mensaje en tweeter y en la página web del Departamento de Estado escrito por Price, fue que: “La administración Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda por democracia. Estamos enfocados en fortalecer a la sociedad civil y mejorar los derechos humanos. ¡Urgimos al presidente Ortega a cambiar el curso ahora!”
El 18 de febrero, Ryan C. Berg, del American Enterprise Institute (AEI), no podía quedarse atrás y en un panel en línea junto a Monseñor Carlos Avilés, abordaron el papel de actores religiosos en las elecciones venideras. Ryan establece que “hay solo dos vías para salir de la dictadura en Nicaragua”. La primera es por la vía pacífica con elecciones libres, justas y “vigiladas”. Para ello, la comunidad internacional vista desde los EE.UU, Canadá y la UE deben seguir sancionando y demandando elecciones libres; ya que la infraestructura de leyes emitidas por el cuerpo legislativo nicaragüense impide la libertad política en el país y queda poco tiempo para que se realicen las elecciones.
El 1ro de marzo, Julie J. Chung, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE.UU, quien reza a diario para que no la sustituyan del puesto por un demócrata, publicó en su tweeter un comentario abusivo e intervencionista diciendo que: “el régimen sandinista podía pintar los edificios confiscados ilegalmente de 100% noticias y de Confidencial, pero que no puede encubrir sus sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos”.
El secretario de Estado de EE.UU. ¿Necesitamos más oficialización para entender su intervencionismo político?
El 3 de marzo, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró, “que la nueva administración Biden no promoverá la democracia mediante costosas intervenciones militares o intentando derrocar regímenes autoritarios por la fuerza, sino que hará las cosas de manera diferente». Pero la realidad de las cosas es que a) los pueblos no pueden sentirse a salvo de guerras de agresión solo por este mero discurso. b) queda abierta la posibilidad de “intervención política” en los asuntos de Nicaragua y otros países, como la que ya estamos observando en los primeros 45 días de la administración Biden en la Casa Blanca y a lo largo de este artículo por parte de EE.UU.
Mucha atención, entonces, en sus deseos y acciones de cambio de régimen, con los mismos formatos, solo que más agresivos y urgidos, pues las elecciones de noviembre están muy cerca y necesitan eliminar al sandinismo en este país.