HispanTV
* El Parlamento de Nicaragua ratificó por unanimidad una serie de medidas con el fin de proteger a los ciudadanos ante las sanciones de EE.UU. y sus aliados.
La Asamblea Nacional de Nicaragua dio el martes luz verde a la ley denominada ‘Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas’, que penaliza a las empresas que implementen sanciones internacionales dentro del país, como las impuestas por Estados Unidos desde 2018.
La legislación tiene como propósito principal salvaguardar la soberanía nacional y proteger a los ciudadanos de medidas coercitivas internacionales, que buscan debilitar la estabilidad económica y política del país centroamericano.
Con la aprobación de esta ley, Managua busca reforzar su posición frente a las injerencias extranjeras que amenazan su independencia y autodeterminación, así como establecer que las instituciones del Estado y los empleados públicos afectados por las sanciones occidentales podrán solicitar la restitución de los servicios y la reparación de los daños ocasionados.
Según el texto legislativo, las entidades que apliquen sanciones extranjeras podrían enfrentar multas, e incluso la suspensión de sus operaciones, marcando un claro desafío al sistema financiero global dominado por Estados Unidos.
Además, la aprobación de esta ley sigue a una reciente reforma constitucional, entre las modificaciones más destacadas figura la creación del cargo de copresidente, que eleva el rango de Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y refuerza su rol en el gobierno.
En este contexto, el diputado nicaragüense, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, aseveró que las sanciones son herramientas utilizadas por los países hegemónicos para someter a su control a naciones soberanas como Venezuela, Rusia e Irán.
Gutiérrez tildó de “absurdas” las sanciones impuestas por Washington, al señalar que estas medidas coercitivas buscan “someter y arrodillar a los pueblos del mundo”.
Desde 2018, Occidente ha establecido sanciones financieras contra el Gobierno de Nicaragua, tras el encarcelamiento de los implicados en un golpe de Estado fallido en la nación centroamericana, operación que fue financiada por EE.UU. y Europa.
Durante estos años, ciertos países occidentales, bajo el pretexto de derechos humanos, han impuesto medidas coercitivas contra Daniel Ortega, su esposa y la vicepresidenta, Rosario Murillo, así como al sector industrial del país.