Una verdadera batalla entre organismos de Derechos Humanos se libró en el caso de la niña “Rosita” de nueve años -violada y embarazada por su padrastro-, luego que grupos feministas intervinieran en favor de un aborto terapéutico, chocando con organizaciones plegadas a la posición de los jerarcas de la Iglesia Católica que se oponían a esa solución.
La pugna por quién tenía la razón llegó a tanto, que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) se llegó a exponer ante el Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos, que un grupo de activistas femeninas estaban siendo objeto de persecución de parte de los organismos afines a la Iglesia Católica.
Y es que en esa ocasión la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de un grupo de feministas por los delitos contra la administración de justicia, encubrir una violación, asociación ilícita para delinquir y apología del delito.
Esta es una copia de la denuncia:
