The Grayzone
Luego de presidir el golpe en Bolivia, los Estados Unidos declararon a Nicaragua como una «amenaza a la seguridad nacional» anunciando nuevas sanciones, al mismo tiempo que Trump designó a los carteles del narcotráfico en México como «terroristas» sin descartar una intervención militar.
Al parecer, un golpe exitoso contra un presidente socialista elegido democráticamente no es suficiente.
Inmediatamente después de supervisar un golpe de extrema derecha en Bolivia el 10 de noviembre, la Administración Trump pone su mirada, una vez más, sobre Nicaragua, cuyo gobierno sandinista (democráticamente electo) derrotó un violento intento de golpe en 2018.
Washington designó a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y anunció que ampliará sus sanciones asfixiantes contra la pequeña nación centroamericana.
Trump también aumenta la temperatura en México, vinculando sin base alguna al país con el terrorismo, incluso sugiriendo una potencial intervención militar. Estos movimientos se manifiestan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte sobre los intentos de un golpe de Estado de la derecha.
Al igual que Colombia, Brasil, Chile y Ecuador (los aliados de Washington), están desesperados por derrotar los masivos alzamientos populares contra las políticas de austeridad neoliberal y la enorme brecha de desigualdad, los Estados Unidos aumentan las agresiones contra los gobiernos progresistas todavía en pie.
Estos movimientos han llevado a las fuerzas de izquierda en América Latina a alertar sobre el resurgimiento de una Operación Cóndor del siglo XXI: la violenta y velada campaña de la Guerra Fría con el apoyo de los Estados Unidos en toda la región.
La administración Trump declara a Nicaragua una «amenaza a su seguridad nacional»
Un día después del golpe en Bolivia, la Casa Blanca publicó un comunicado aplaudiendo el putsch militar y dejando claro cuáles son los dos países que vienen a continuación en la lista de objetivos de Washington: «Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua», declaró Trump.
El 25 de noviembre, la Casa Blanca de Trump, de forma discreta publicó un comunicado caracterizando a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
Esto prolonga un año más la orden ejecutiva firmada por Trump en 2018 declarando «estado de emergencia nacional» al país centroamericano.
La declaración de Trump de 2018 vino luego de un fallido y violento intento de golpe en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos ha financiado y apoyado a muchos de los grupos de oposición que buscaron derrocar a Daniel Ortega, el presidente electo de Nicaragua, y los aupó mientras buscaban tumbarlo.
Luego de la designación de amenaza a la seguridad nacional de 2018, a continuación, y rápidamente, siguió la guerra económica. En diciembre de ese año el Congreso estadounidense aprobó la Ley NICA (NICA Act) sin ningún tipo de oposición. Esta legislación le otorgó a Trump la autoridad para imponer sanciones a Nicaragua, prohibiendo a las instituciones financieras internacionales hacer negocios con Managua.
El nuevo comunicado de Trump lanza propaganda estrafalaria contra Nicaragua, refiriéndose a su gobierno electo -que por décadas ha sido objeto de ataques de Washington- como un supuesto «régimen» violento y corrupto.
Esta orden ejecutiva es similar a la que firmó el para entonces presidente Barack Obama en 2015, que también designó a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Ambas órdenes fueron empleadas para justificar la imposición unilateral de sanciones económicas asfixiantes. Y la renovación de la orden prepara el camino para una escalada en el ataque económico contra Nicaragua.
Medios corporativos en inglés le dieron una cobertura escasa a esta extensión, pero los medios de derecha en español en Latinoamérica la amplificaron pesadamente.
Y los activistas opositores aúpan con alegría la intensificación de la guerra híbrida de Washington contra Managua.
Más sanciones agresivas contra Nicaragua
El principal servicio de información del gobierno de los Estados Unidos, Voice of América (VOA), indicó que la extensión de la orden ejecutiva vendrá acompañada con más ataques económicos.
Carlos Trujillo, el embajador de Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA), le dijo a VOA que «continuará la presión contra Nicaragua».
El representante ante la OEA agregó que Trump anunciará en las próximas semanas una nueva ronda de sanciones contra el gobierno nicaragüense.
VOA claramente manifestó que «Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, es uno de los países latinoamericanos que se ha vuelto prioridad en el empleo de presión diplomática y económica para lograr el cambio de régimen».
Esta no es una frase retórica. El Departamento del Tesoro actualizó la sección de sanciones relacionadas con Nicaragua el 8 de noviembre.
Y en septiembre, la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro anunció una serie adicional de «regulaciones integrales», reforzando las sanciones existentes contra Nicaragua.
El reportaje de VOA citó a varios nicaragüenses de derecha que pidieron abiertamente más presión estadounidense contra su país.
Bianca Jagger, la celebridad y activista de oposición que estuvo casada con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, hizo un llamado a los Estados Unidos a que impusiera más sanciones, particularmente contra el ejército.
«[Las sanciones] no han tocado al ejército nicaragüense porque [los funcionarios estadounidenses] tienen la esperanza de que actúen como lo hicieron en Bolivia», dijo Jagger, haciendo referencia a los oficiales que derrocaron violentamente al presidente democráticamente electo de Bolivia.
Muchos de estos líderes militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas, una notoria base de subversión que se remonta a los años de la Operación Cóndor. En los últimos días, los medios latinoamericanos han estado repletos de trabajos que destacan que para llevar a cabo el putsch los soldados bolivianos recibieron hasta 50 mil dólares y los generales 1 millón.
Agregó VOA que «en el caso del gobierno centroamericano, el efecto que tendrán las sanciones podrá ser mayor porque es un país económicamente vulnerable».
VOA citó a Roberto Courtney, un prominente activista en el exilio y director ejecutivo del grupo de oposición Ética y Transparencia, que monitorea elecciones en Nicaragua y que recibe apoyo del brazo para el cambio de régimen del gobierno estadounidense, la National Endowment for Democracy (NED).
Courtney, que dice ser activista de derechos humanos, salivó sobre el pronóstico de la guerra económica estadounidense contra su país, diciéndole a VOA que «hay una sutil diferencia [entre Nicaragua y Bolivia]… la vulnerabilidad económica hace que las sanciones posiblemente sean más efectivas».
Courtney, descrito por VOA como un «experto en procesos electorales» agregó que «si hay un palo, también debe haber una zanahoria». Dijo que la OEA podría ayudar a aplicar presión política y diplomática contra el gobierno de Nicaragua.
Estas sanciones unilaterales de los Estados Unidos son ilegales bajo la legislación internacional, y consideradas un acto de guerra. El canciller de Irán, Javad Zarif, ha caracterizado a la guerra económica «terrorismo financiero», explicando que apunta de forma desproporcionada a los civiles para volcarlos contra su gobierno.
Figuras de alto nivel de la derecha nicaragüense aplaudieron a Trump por extender la orden ejecutiva y por solicitar nuevas sanciones contra su país.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un frente de oposición que reúne a varios grupos, muchos de los cuales son financiados por la NED, celebraron la orden.