* Son muchos los que tienen familiares en nuestro país en la comunidad creole de Bluefields y otras de nuestro Caribe, aunque sucesivos gobiernos colombianos los han utilizado en foros internacionales como excusa para desconocer el fallo de la CIJ de 2012 que nos devolvió unos 90 mil km cuadrados de mar.
La comunidad raizal, en el archipiélago de San Andrés, isla que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, entregó a Colombia en 2012, emitieron el jueves pasado un comunicado conjunto para pedir al país sudamericano que se cree una comisión de acercamiento con Nicaragua.
“Nuestra soberanía alimentaria está en juego si la pesca ilegal y foránea continúa depredando nuestros mares”, dijo el representante de una de cuatro asociaciones raizales, al parecer ignorando que esos que llaman “nuestros mares”, pertenecen desde 2012 a Nicaragua.
La nueva sentencia de la CIJ del 13 de julio que negó a Nicaragua la extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas, no le sirve de nada a los olvidados raizales, que se pusieron de moda en Colombia hasta después del fallo de la Corte Internacional en 2012.
Sucesivos gobiernos colombianos, incluyendo al actual de “izquierda” de Gustavo Petro, han utilizado a los raizales para ponerlos en los tribunales internacionales como “víctimas” de Nicaragua, lo que sin embargo no mejora en nada la situación de los ciudadanos de las islas que nuestro país reclamaba como suyas. De hecho, miles de los llamados “raizales” tienen familiares nicaragüenses en Bluefields y otras comunidades del Caribe pinolero.
El asunto es que, en 2022, en un segundo fallo que ratificó la soberanía de Nicaragua sobre casi 90 mil km cuadrados de mar usurpados por Colombia, la CIJ determinó que la nación sudamericana había violado los derechos soberanos del país centroamericano al continuar la pesca y patrullaje en áreas que ahora la Corte reconocía como nicaragüenses, y ordenó un cese inmediato de tales actividades.
El comunicado de los raizales dirigido a su gobierno, jueves pide la “integración efectiva de los pueblos afrocaribeños y anglófonos” y la reunificación y ampliación de la Reserva de la Biosfera Seaflower -declarada como tal en el año 2000 por la Unesco- y que en gran parte pertenece a Nicaragua.
El problema es que Colombia nunca ha tenido un clima político favorable a la negociación, ni siquiera con el actual mandatario de “izquierda”, Gustavo Petro, quien horas antes de la lectura del último fallo de la CIJ, amenazó a Nicaragua con usar su ejército si la decisión de los jueces les era desfavorable.
Pese a que según una nota del derechista diario español El País “los pescadores raizales celebraron la sentencia que el jueves negó las pretensiones del país centroamericano de extender su plataforma continental hasta el punto de sobreponerla con la zona económica exclusiva de su vecino”, insistieron en el diálogo con Nicaragua, algo a lo que las autoridades de Colombia no tienen interés en poner oídos, ya que se han empecinado -incluyendo al “izquierdista” Petro-, en ponerse como delincuentes internacionales al desconocer el fallo de la CIJ, aunque por supuesto sí aceptaron el del jueves pasado.
“Hemos recibido con gran atención y expectativa el fallo”, dice el comunicado raizal. No obstante, enfatizaron en que aún esperan la apertura de espacios de diálogo con la otra parte. “Nuestra familiaridad con el pueblo creole de Nicaragua debe ser promovida por una política de Estado de integración hacia el Caribe”, señalan. Según ellos, una Comisión bajo el liderazgo raizal habilitaría “una hoja de ruta para la integración”.
Los raizales también cuestionan al Estado colombiano por no darles un lugar más protagónico en las negociaciones. “Los años de litigio han impedido que se nos escuche con atención”, subrayan.