* Además, el expresidente brasileño ha comparecido ante el Tribunal Federal de Brasilia, donde ha negado que haya recibido ningún tipo de soborno en relación con la Operación Zelotes.
A petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, la Policía Federal ha abierto una investigación sobre las declaraciones hechas por el expresidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, contra el actual Presidente de la República. En noviembre de 2019, a su salida de prisión, el exmandatario afirmó que Jair Bolsonaro era un «miliciano».
Así, la Policía ha interrogado este miércoles a Lula para aclarar si había violado la Ley de Seguridad Nacional y si había cometido un delito de calumnias contra el presidente del Estado, ilícito penado con entre uno y cuatro años de privación de libertad.
«No es posible que un país del tamaño de Brasil tenga el desagrado de tener en el Gobierno a un miliciano responsable directo de la violencia contra el pueblo pobre, de la muerte de Marielle, del ‘impeachment’ contra Dilma, responsable de las mentiras en mi contra», fueron las declaraciones de Lula a su salida de la cárcel en noviembre del año pasado, después de haber pasado 19 meses en prisión, y por las que ahora ha tenido que prestar testimonio.
Operación Zelotes
El interrogatorio se ha producido el mismo día en el que el expresidente brasileño ha comparecido ante el Tribunal Federal de Brasilia para responder a las preguntas del fiscal, donde negó categóricamente haber recibido sobornos a cambio de dar luz verde a una medida legislativa en favor del sector automotriz.
Esta comparecencia se produce en el marco de las investigaciones de la Operación Zelotes, en la que los fiscales defienden en su denuncia que el Partido de los Trabajadores (PT) llevó a cabo tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal.
Tanto Lula da Silva como su hijo, Luis Claudio, están acusados de recibir 2,5 millones de reales brasileños (alrededor de 570.000 dólares) de la pareja de cabilderos Mauro Marcondes Machado y Cristina Mautoni, a cambio de que influyeran en la ampliación por parte del gobierno de los incentivos fiscales a los fabricantes de vehículos y la compra de aviones de combate por valor de 5.400 millones de dólares.
Sobre el expresidente pesa una condena en segunda instancia de ocho años de prisión y otra en primera instancia de 11 años, ambas por casos relacionados con la corrupción, además de otras causas pendientes con la Justicia. Según una decisión del Tribunal Supremo, Lula no ingresará en prisión hasta que cualquiera de las sentencias sea firme.
El exmandatario ha defendido en reiteradas ocasiones su inocencia, denunciando persecución política en su contra. Además, los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) piden que se anulen las condenas impuestas por el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, porque consideran que no actuó con imparcialidad a la hora de juzgar al líder del PT.