Desde el pasado 17 de octubre, jóvenes del país centroamericano se han movilizado contra «el condicionamiento de recursos para la educación superior».
Estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica se han movilizado desde el pasado 17 de octubre para protestar en rechazó al «condicionamiento de recursos para la educación superior», lo que consideran «un golpe a la autonomía universitaria y a la calidad de la educación».
Tras una movilización estudiantil efectuada el martes hasta la Casa Presidencial, los rectores de las universidades, representantes estudiantiles, la ministra de Educación y el presidente Carlos Alvarado se reunieron para encontrar un punto intermedio entre las posiciones.
¿Por qué protestan?
Los estudiantes exigen a las autoridades costarricenses que respeten el Presupuesto Especial de Educación Superior (FEES) acordado para el año 2020, luego que el Ministerio de Hacienda decidiera desviar 70.000 millones de colones —unos 122 millones de dólares— del denominado «gasto corriente» de las universidades estatales a la partida de «inversión de capital».
«Demandamos que se brinde la totalidad del presupuesto acordado para el FEES 2020 sin restricciones impuestas por dicho ministerio, con el fin de que cada universidad pueda asignar su presupuesto según sus necesidades y así no quebrantar el principio de autonomía universitaria«, expresó la Universidad de Costa Rica a través de un comunicado.
El FEES es la principal fuente de financiación de cuatro de las cinco instituciones educativas públicas: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico (TEC).
¿Qué acordaron con el gobierno?
Tras una sesión de negociación que se extendió por casi seis horas, el gobierno de Costa Rica y los sectores universitarios firmaron un acuerdo que impide dar clasificaciones de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que no hayan sido aprobadas por las casas de estudio de manera autónoma.
El rector de la Universidad de Costa Rica y representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen Pennington, afirmó que este acuerdo logra que se respeten los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, con lo que resguarda la autonomía universitaria.
Dentro del mismo acuerdo, y para discusiones futuras, se incorporó la firma de un decreto ejecutivo para ampliar la conformación de la Comisión de Enlace entre las Instituciones de Educación Superior, los Poderes del Estado y las Instituciones Autónomas, con la participación estudiantil.
La incorporación del alumnado en este espacio es una demanda histórica del movimiento estudiantil que, con la ratificación de este decreto, sería atendida por primera vez desde la conformación de la Comisión de Enlace en 1974.
¿Es el fin del conflicto?
En el espacio de negociación participaron el Presidente costarricense, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; la ministra de Educación, Guiselle Cruz; las autoridades de las universidades públicas; representantes de las federaciones de estudiante; las diputadas Karine Niño y Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), y el parlamentario Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, otros movimientos estudiantiles, que aún protestan en Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, rechazan el acuerdo.
Estos estudiantes inconformes fueron reprimidos durante la madrugada del miércoles con gases lacrimógenos por parte de la Fuerza Pública, que intentó despejar parcialmente la vía, a pesar de que el Gobierno había asegurado que no intervendría mientras se mantuviera en diálogo con los manifestantes.
Un sector del estudiantado costarricense considera que aún quedan muchos temas pendientes de ser discutidos y resueltos, como la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los recursos para las sedes regionales. Además, rechazan la pretensión del Gobierno de imponer en la Constitución una regla fiscal tan agresiva, que podría acabar con el presupuesto educativo.