Silvia Martínez | Prensa Latina
Voces no escuchadas, derechos arrebatados, poblaciones desalojadas, líderes asesinados, batallas criminalizadas, fueron expresiones repetidas en el Foro de Pueblos Indígenas realizado en Roma.
Resistencia para garantizar la tenencia de sus tierras, preservar la cultura y sus tradiciones ancestrales, diálogo sistémico y compromiso de apoyo para esos custodios de la gran parte de la biodiversidad del planeta también se escucharon durante dos días de debate auspiciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Una vez más quedó demostrado cuán urgente es el respeto de los estados y gobiernos a los derechos de los pueblos indígenas, más allá del esfuerzo de organismos internacionales y en particular del FIDA, que desde 2007 ha financiado 127 proyectos en 46 países y beneficiado a unas 100 mil personas.
Proyectos dirigidos a apoyar la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, los servicios financieros, el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria e incluso programas de alfabetización.
El Foro, que recién celebró su cuarta edición, desde 2011 promueve las consultas y el diálogo con los comisionados de los pueblos indígenas en los niveles nacional, regional e internacional y deviene plataforma para el fortalecimiento de los vínculos.
Constituye un espacio donde los representantes de esas colectividades expresan preocupaciones, peticiones y recomendaciones para mejorar las formas de asociación creadas con el organismo internacional y la eficacia de los proyectos que financia.
De cómo deben ser las relaciones con estos grupos poblacionales son principios refrendados en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007) y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, uno de los derechos específicos contenido en ese documento.
La primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, celebrada en Nueva York en 2014, entre otros aspectos relacionados con la educación, salud, economía, vida y trabajo, declaró que ‘los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y establecer las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo’.
Pese a esos y otros reconocimientos de organismos internacionales, los reclamos de los representantes de estas poblaciones persisten en el actuar de ‘los gobiernos y estados que no pocas veces se apartan de los compromisos contraídos’.
Por ejemplo, ello aparece reflejado en la Declaración de Panamá, refrendada por representantes de esas comunidades de América Latina y el Caribe reunidos en esa ciudad en diciembre de 2018 y presentada junto a la de otras regiones, en el IV Foro auspiciado por el FIDA con sede en esta capital.
No obstante a ‘importantes avances en los marcos jurídicos, especialmente en el ámbito internacional’ el texto expresa preocupación ‘por el incumplimiento de los gobiernos y Estados en la promoción y protección de esos derechos, persistiendo la negación, exclusión y afectando con ello la pervivencia física, cultural y jurídica de nuestros pueblos’.
En tal sentido reitera la importancia de avanzar en el fortalecimiento de los nexos con el FIDA desde el nivel local comunitario hasta el internacional que contribuya al cambio en la situación que viven los pueblos indígenas.
Destacan entre ellos el desplazamiento forzado, amenazas, persecución, criminalización de sus luchas y a sus autoridades, líderes y lideresas comunitarias, defensoras de sus derechos territoriales y colectivos.
La denuncia desde el FIDA
En el propio encuentro de Roma, realizado a mediados de febrero de 2019, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, manifestó que ‘la impunidad y la criminalización constituyen retos principales a los que se enfrentan’ esos grupos poblacionales.
Los espacios democráticos para que las personas se expresen contra iniciativas y políticas que vulneran sus derechos se están reduciendo de una forma jamás imaginada, apuntó la líder comunitaria perteneciente a la étnica kankanaeyigorot de la Región de la Cordillera, en Filipinas.
Dijo apreciar una ‘tendencia muy negativa de cómo se está criminalizando a los pueblos indígenas’, por parte de gobiernos y actores privados, así como mencionó campañas también negativas a menudo dirigidas a través de las redes sociales.
Mencionó que cientos de líderes indígenas han sido asesinados por defender los derechos de sus comunidades, para quienes pidió en el encuentro un minuto de silencio.
La también fundadora y directora ejecutiva de Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación sobre Políticas y la Educación (Fundación Tebtebba) indicó que una de sus principales recomendaciones es tolerancia cero a la violencia contra los defensores de los indígenas.
Pueblos Indígenas y el Fondo Verde para el Clima
El Consejo de Gobierno del Fondo Verde del Clima aprobó en febrero del año pasado la Política de Pueblos Indígenas, durante la décimo novena sesión de su junta directiva.
Sobre el particular también se remitió al Foro a través de una video conferencia Leonardo Paat, especialista superior sobre cuestiones ambientales y sociales de ese organismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Paat expuso las acciones de esa institución para apoyar a esas poblaciones y los avances en la movilización de recursos dirigidos a hacer frente al cambio climático y sostener a las comunidades más vulnerables.
El fondo cuenta, según explicó, con cuatro mil 600 millones de dólares para diversas inversiones en el ámbito del cambio climático, además de un programa para administrar la financiación a través de una cartera de intervenciones orientadas por políticas y normas, como la de salvaguarda, de género y la de pueblos indígenas.
Representantes de las comunidades ancestrales de Argelia, Myanmar, Botsuana y Marruecos, expresaron inquietudes sobre cómo acceder a ese fondo, qué criterios se aplican para seleccionar a sus delegados ante el grupo consultivo, si tienen en cuenta a las mujeres en esa instancia y sobre los mecanismos de verificación de proyectos.
En tanto José Gregorio Díaz, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, apeló a un diálogo más directo con ese ente, pues dijo ‘ya no queremos ser colaboradores, ni beneficiarios, sino actores fundamentales’.
En nombre de Mujeres Guaraníes del Paraguay, de la región occidental, intervino también Liz Corolina Orué Cruzable, quien refirió la existencia de ‘una lucha doble, porque nos pertenecen nuestras tierras, pero no tenemos un documento que lo avale y es el propio estado el empeñado en la deforestación’.
¿Por qué nos transgreden de esa manera?, preguntó y más adelante volvió a cuestionar ¿por qué si la naturaleza es vida, queremos acabar con la vida?
Entrevistada más tarde por Prensa Latina, la líder indígena, denunció cómo en El Chaco a diario se talan grandes extensiones de árboles, algo demostrable mediante estudios de geodesia, ‘superficies que pertenecen a los pueblos indígenas’.
‘No tiene sustento valido lo que está haciendo el Estado. En la zona oriental cero tala de árboles, pero en la occidental permiten talar y dejar solo el tres por ciento de la superficie, pero eso no le importa al Estado’, señaló.
Igual, desde el evento y en declaraciones a la prensa, Liz Carolina, dijo que los organismos dicen aportar, pero según ella es preciso saber en qué se invierte, a dónde se está llevando la inversión, si es sostenible y dónde está.
Liz mencionó la edificación de la ruta bioceánica para El Chaco paraguayo la cual unirá el Atlántico con el Pacífico, para la cual ‘se consulta en teoría’, y añadió: ‘nada nos dijeron antes sobre los problemas que acarrearía deforestar toda esa área y no dejan claro dónde van a replantar’.
La representante de las mujeres guaranies consideró la necesidad de que el Estado invierta, pero ‘lo que saques vuélvelo a poner en otra parte y doblemente, necesitamos de espacios verdes, no solo los pueblos indígenas, sino todos’, precisó.
Nuestro compromiso con los pueblos indígenas es fuerte
Gilbert F. Houngbo, presidente del FIDA, reconoció en el encuentro que ‘habrá ocasiones en que no cumplamos con sus expectativas’, pero aseguró que ‘seguimos decididos, que nuestro compromiso con los pueblos indígenas es fuerte’.
Queremos apoyar sus esfuerzos para hacerse escuchar en defensa de sus derechos, que se establecen en los convenios y declaraciones internacionales, precisó y declaró más adelante que ‘ustedes tienen mucho que enseñarnos a todos sobre cómo respetar, cómo proteger y cómo conservar los recursos naturales’.
‘Sus conocimientos ancestrales, combinados con su experiencia cotidiana pueden brindarnos valiosas lecciones sobre cómo adaptarnos y mitigar el cambio climático y ser más resilientes. Pero sus voces a menudo no son escuchadas’, reconoció.
En el mundo más de 370 millones de personas en unos 70 países conforman los pueblos indígenas, los cuales constituyen cerca del cinco por ciento de la población mundial, pero representan el 15 por ciento de los pobres del planeta. De ahí también el llamado del FIDA a la comunidad internacional para lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de acabar con la pobreza en todas sus formas, en esas comunidades.