Sergio Rodríguez Gelfenstein
Tres países, hechos diversos, características particulares, pero todos agrupados bajo la crisis del modelo. Para Estados Unidos, la tarea es producir los cambios necesarios que eviten la pudrición, manteniendo peones controlables que logren aminorar la crisis y restablecer el control deseado por Washington. En eso anda el Departamento de Estado, la CIA, el Comando Sur y todo el entramado intervencionista creado para mantener bajo control al patio trasero.
Mi apreciado amigo Luis Casado me ha dicho varias veces que los títulos de mis artículos no se corresponden con su contenido. Razón no le ha faltado, reconozco que es una habilidad que no tengo. Al contrario, los escritos de Luis dicen mucho desde su propio enunciado.
Uno de sus textos recientes fue denominado «Salvar el negocio» y tal vez no haya mejor forma de expresar los avatares que atraviesa el sistema neoliberal de democracia representativa para sostener el poder a cualquier precio, inclusive haciendo maquillajes para que «todo cambie sin que nada cambie» con el objetivo de mantener privilegios a costa de la exclusión y represión de las mayorías con uno de los pocos recursos que les va quedando: el de la fuerza.
Al hacer un recorrido por algunos países de América Latina se puede percibir tal situación. Al escribir estas líneas, Colombia entra en su octavo día de manifestaciones populares de rechazo a la reforma tributaria que trató de imponer el gobierno de Iván Duque.
Después de 31 ciudadanos asesinados por las fuerzas militares y policiales, 124 heridos, 13 personas con daños oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus funciones y 1,089 casos de violencia policial, las manifestaciones han continuado y las demandas han crecido mientras se hacen desesperados llamados a que cese la masacre.
Como respuesta, el jefe del ejército, hablando como si estuviera en guerra, informó que «480 hombres orgánicos, que son 16 pelotones tengo en este momento desplegados». A continuación, explicó que eso es solo para cumplir la primera orden del presidente de la república. Y para la segunda, tiene helicópteros tanto de la policía como del ejército «que ya están dispuestos allá», refiriéndose a la ciudad de Cali.
La contundencia de la protesta obligó al gobierno a paralizar la ley para la reforma tributaria, pero intentando ganar tiempo por un lado y enmascarar su derrota por el otro, lo hizo en dos tiempos. Inicialmente ordenó «redactar un nuevo texto y nutrirse de otras opiniones con propuestas que han presentado otros sectores» reculando en cuanto a la aplicación del IVA para alimentos, productos y servicios, aunque asegurando altanero que «la orden es no cambiar las reglas de juego».
La respuesta popular fue incrementar las medidas de presión a través de una manifestación pacífica que ha intentado ensombrecer el gobierno infiltrando militares y policías vestidos de civil en las manifestaciones, con la misión de instigar la violencia que justifique una represión sin control.
En este contexto, se ha llegado incluso a que el expresidente Uribe y su partido, hayan hecho un llamado público a elevar la represión y decretar el estado de «conmoción interior», pomposo nombre que sustituyó al de «estado de sitio» que le proporciona poderes absolutos al presidente.
Ante esta situación, Duque, anunció su decisión de retirar el texto de la reforma tributaria del Congreso. De paso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, principal redactor de la ley se vio obligado a dimitir, propinándole al gobierno una estocada de la que difícilmente podrá reponerse.
Lamentablemente, una oposición pusilánime y calculadora (con pocas excepciones) no ha tenido capacidad de conducir el descontento, siendo desbordada por la situación de ingobernabilidad solo posible de manejar por la extrema represión que recuerda los peores años de las dictaduras latinoamericanas.
En este marco, han sido las organizaciones populares y sociales las que han asumido la conducción del proceso, tratando de ordenar el espontaneísmo popular, la pérdida del miedo y los deseos de paz y democracia.
Paradójicamente, nadie, ni siquiera la izquierda se quiere hacer cargo de la crisis ni se han propuesto derrocar a lo que el pueblo con autoridad llama la dictadura de Uribe y Duque. A pesar de la situación tan terrible que ha motivado las demandas populares, las elecciones están en la mirada de los políticos.
El analista colombiano Felipe Tascón Recio en su análisis de la situación, opina que en el horizonte se otea «…la posibilidad de la próxima elección de una figura progresista, ajena al poder tradicional en Colombia» y agrega que «una serie de factores, incluyendo la larga campaña presidencial -desde el 2017 hasta la actualidad- porque por el fraude del 2018 y la ingobernabilidad de Duque esta nunca se detuvo, consolidan la emergencia de Gustavo Petro como personificación del cambio posible. Es decir que, en la coyuntura del paro, influyen las encuestas que dan a Petro ganador en 1ª vuelta del 2022».
Otro tanto ocurre en Chile después que el Tribunal Constitucional, uno de los últimos bastiones del pinochetismo, creado por la ilegal constitución como mecanismo para dirimir las dudas respecto de la «constitucionalidad» de las leyes en ese país declaró el pasado 27 de abril inadmisible la impugnación presentada por el gobierno de Sebastián Piñera contra la ley que permite un tercer retiro de hasta un 10 por ciento de los fondos de pensiones, asestándole un duro golpe al mandatario. Esta decisión obligó a Piñera -al igual que a su homólogo colombiano, durante la misma semana- a descartar el veto presidencial y promulgar la ley, aprobada por ambas cámaras del Parlamento incluso con numerosos votos de su propia coalición.
La decisión del Tribunal, el voto contrario al presidente de varios parlamentarios de la alianza de gobierno, la manifiesta desesperación de los empresarios por la situación existente en el país y hasta las vedadas opiniones de militares retirados que suelen hablar por los activos, dan cuenta de una orfandad casi total de Piñera cuyo gobierno no llega ni siquiera a dos dígitos de aprobación.
Sin embargo, sería erróneo suponer que se ha llegado a esta situación solo por una crisis en las alturas o por benevolencia de la clase dirigente. Al contrario, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de derecha y centro derecha se pusieron de acuerdo para elaborar en conjunto un plan de engaño al pueblo a fin de paralizar las manifestaciones y…al igual que en Colombia «cambiar todo para que nada cambie».
Desde octubre de ese año, y a pesar de la pandemia y su uso como mecanismo de control de la avalancha popular que amenazaba con dar al traste con la institucionalidad pinochetista que regula la vida de los chilenos, el pueblo no ha cesado de manifestar su repudio al régimen. Esto ha permitido que la disputa existente en la sociedad se haya trasladado al Estado enmarcada en una cada vez más profunda crisis.
En este contexto el largo proceso de movilización iniciado en octubre de 2019 que ha manifestado claros indicios de rebelión popular contra el sistema, aunque en momentos haya bajado en intensidad como consecuencia de la pandemia y de la fuerte represión que se ha visto obligada a enfrentar, no se ha paralizado y ha tenido continuidad, profundizando la crisis del modelo y de la institucionalidad pinochetista vigente.
Así, el paro nacional del 30 de abril se produjo a pesar que Piñera se vio impelido a detener el veto que pretendía imponer. En este sentido, fue determinante la gran paralización previa de los trabajadores portuarios que con su acción le dieron un contundente golpe al corazón del modelo que se sustenta en las exportaciones. De esta manera, se crearon las condiciones para el exitoso paro nacional del 30 de abril que significó un peldaño más en la lucha popular, de cara a las elecciones en la trampa constitucional prevista para el 15 de mayo.