María de los Ángeles Duarte dijo que había decidido salir de la sede diplomática porque el Gobierno ecuatoriano la convirtió «en su rehén política».
La exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, junto a su hijo menor de edad y de nacionalidad argentina, abandonó el pasado lunes la embajada de Buenos Aires en Quito, donde se encontraba desde agosto de 2020 y contaba con asilo político por razones humanitarias.
Las autoridades ecuatorianas tuvieron conocimiento del hecho porque el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Santiago Cafiero, se comunicó con su par de Ecuador, Juan Carlos Holguín, y le informó al respecto.
«Le manifestó que la señora María Duarte escapó de la embajada argentina en la ciudad de Quito sin conocimiento del personal de su embajada«, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en un comunicado.
Buenos Aires confirmó la información la mañana de este martes: «Todo indica, más allá del status otorgado y la voluntad del Gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática, que la Sra. Duarte Pesantes se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de la Embajada en la República del Ecuador», reza un texto oficial.
También señalaron que durante el pasado fin de semana, del sábado 11 y domingo 12 de marzo, «no se registró presencia en el ala del edificio en la que Duarte Pesantes habitaba, distante de la residencia oficial del representante argentino», por lo que se procedieron a hacer los recorridos correspondientes de las distintas dependencias, sin ubicar su paradero.
Convocatorias al embajador
De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, tras ello, el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, se reunió con el embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, para conocer detalles de la situación.
Este martes, la Cancillería volvió a convocar a Fuks. «Ante algunas inconsistencias en la información, el Gobierno ecuatoriano ha pedido confirmación de nuevos datos«, dice el nuevo comunicado de esta oficina.
En ambos textos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que la Policía ha activado los protocolos de búsqueda y captura de Duarte.
De ministra a la condena
Duarte se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Inclusión Económica y Social, entre 2007 y 2017, durante la presidencia de Rafael Correa.
En 2020, fue condenada a ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Sentencia que también recayó sobre Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
En este proceso, la Fiscalía General de Ecuador (FGE) señaló la participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. Según esa institución, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superarían los 7,5 millones de dólares.
Este caso, al que el exmandatario llama ‘Bochornos’, ha generado debate y algunos lo consideran como parte de una persecución judicial o ‘lawfare’, es decir, el uso de procesos legales para inhabilitar políticamente a ciertas personas.
En esta causa, los magistrados determinaron que hubo cohecho; pero, en el caso específico de Correa y Glas, señalaron que «actuaron a través de influjo psíquico para instigar o incitar a los funcionarios a cometer el delito», explicó Fausto Jarrín, quien fungió como abogado de Correa, en entrevista con RT.
«Hablar de la posibilidad de delinquir con los pensamientos o de influenciar a través de la mente a otras personas ya no solo es risible, sino que es ridículo«, agregó entonces el abogado.
Por ello, consideró que el caso Sobornos «es y será digno de estudio para las futuras generaciones, por la barbarie jurídica que significa todo lo que se ha hecho».
El mes pasado, Francisco Jiménez, quien se desempeñó como ministro de Gobierno de Guillermo Lasso entre marzo de 2022 y febrero de 2023, reconoció que «en el caso Sobornos se estiró el derecho de una forma que nunca antes se había visto y al final plantea interrogantes e inquietudes, igual que otros casos».
El asilo
El 20 de agosto de 2020, antes de que la Justicia ecuatoriana ratificara la sentencia en última instancia, Duarte se refugió, junto a su hijo menor de edad, en la embajada de Argentina, en calidad de «huésped por motivos humanitarios».
En diciembre pasado, el Gobierno de Ecuador informó que Argentina había concedido formalmente el asilo diplomático a Duarte, por lo que solicitaba a la Cancillería ecuatoriana que se le permitiera a la exministra salir de la legación en Quito y viajar a Buenos Aires.
El 13 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano comunicó a Argentino que no concedería el salvoconducto a Duarte para que pudiera viajar a Argentina.
«Tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el Gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 —del que ambos países son parte—, no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción», indicó la Cancillería entonces.
En su comunicado de este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina recalcó que luego de esa respuesta de Ecuador, en la que rechaza otorgar el salvoconducto a Duarte, «se entablaron esfuerzos en la búsqueda de un entendimiento común que al momento habían resultado infructuosos».
«Rehén política»
La mañana de este martes, Duarte publicó un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que agradeció a Argentina por haberla «cobijado» ante la «persecución de los gobiernos» de Lenín Moreno y Lasso.
«Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política […] el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», dice el mensaje.
Duarte añadió que tuvo que salir de la embajada «bajo riesgo», pero ejerciendo «el derecho» que le asistía.