Shahrokh Saei | Tehran Times
* 10 razones por las que la resolución de la ONU sobre Gaza oculta la injusticia tras la diplomacia. La crisis humanitaria persiste. Desde que Israel lanzó su guerra contra Gaza el 7 de octubre de 2023, más de 69.000 palestinos han muerto. Y los ataques mortales continúan.
Teherán – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre Gaza redactada por Estados Unidos, celebrada en Washington como un gran avance diplomático. Pero para los palestinos y muchos en todo el mundo, se trata de otro plan fallido que prioriza la vigilancia policial sobre la justicia y el control sobre la libertad.
El lunes, el Consejo votó 13-0 a favor, con las abstenciones de Rusia y China. Sus abstenciones fueron significativas: Rusia advirtió que la resolución no debía convertirse en «un golpe mortal para la solución de dos Estados». Al mismo tiempo, China argumentó que la soberanía y la propiedad palestinas eran «apenas visibles» en el texto.
Ambas potencias criticaron el papel mínimo de la ONU y la falta de participación palestina genuina, dejando al descubierto las lagunas de legitimidad que subyacen al plan.
La resolución forma parte del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza. Trump celebró la votación y declaró que presidiría personalmente la nueva “Junta de Paz”. Su papel central subraya cómo la resolución está diseñada para promover los intereses políticos de Estados Unidos.
Mientras tanto, la crisis humanitaria persiste. Desde que Israel lanzó su guerra contra Gaza el 7 de octubre de 2023, más de 69.000 palestinos han muerto. A pesar del alto el fuego anunciado el 10 de octubre, Israel lo ha violado repetidamente con ataques mortales y restricciones a la ayuda humanitaria. Para muchos palestinos, el alto el fuego y la resolución no son instrumentos de paz, sino una fachada para que Israel y Estados Unidos avancen en la normalización de relaciones con los estados árabes y desvíen la atención de lo que las organizaciones de derechos humanos describen como un genocidio en Gaza.
Hamás ha rechazado la resolución de plano, calificándola de intento de imponer la tutela internacional sobre Gaza y privar de neutralidad a la fuerza de estabilización. El grupo afirma que el despliegue de tropas extranjeras para desarmar a los movimientos de resistencia los convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación.
La resolución se presenta como una hoja de ruta hacia la paz, pero en realidad está plagada de defectos que la hacen ineficiente e injusta. Cada uno de estos defectos socava los derechos palestinos, debilita la legitimidad internacional y afianza la ocupación en lugar de ponerle fin. Diez problemas distintos destacan:
El rechazo rotundo de Israel a la creación de un Estado palestino: La resolución habla de una “vía creíble” hacia la creación de un Estado, pero el liderazgo israelí ya ha cerrado la puerta. Netanyahu y ministros de todo el espectro político prometen que “no habrá un Estado palestino”, e incluso algunos niegan la existencia misma de los palestinos. Este rechazo unánime convierte la promesa de la resolución en mera retórica antes incluso de entrar en vigor.
La condición de Estado se reduce a una promesa vaga y condicional: incluso sin la oposición de Israel, la resolución en sí misma solo ofrece un lenguaje simbólico. La soberanía está supeditada a las reformas de la Autoridad Palestina y a los objetivos de reconstrucción, sin plazos ni garantías. Esto convierte la autodeterminación en una posibilidad remota en lugar de un derecho inherente.
La Autoridad Palestina carece de credibilidad: La resolución prevé que la AP asuma el control de Gaza. Sin embargo, la AP está ampliamente desacreditada entre los palestinos por su corrupción, incompetencia y complicidad con la ocupación. Confiar el futuro de Gaza a un organismo así socavará su legitimidad y podría agravar las divisiones.
La Junta de Paz carece de definición y rendición de cuentas: la autoridad transitoria recibe amplios poderes sobre gobernanza, reconstrucción y seguridad, pero su composición y rendición de cuentas no están definidas. Los palestinos no tienen voz ni voto en quién los gobierna, lo que crea una tutela extranjera que los priva de autonomía y representación.
La ONU queda marginada de la supervisión: Al minimizar el papel de la ONU, la resolución elimina la rendición de cuentas neutral. Rusia y China se abstuvieron precisamente porque la ONU está marginada, dejando a los palestinos expuestos al control unilateral. Sin una presencia fuerte de la ONU, la supervisión es débil y la confianza se erosiona.
Las abstenciones de Rusia y China ponen de manifiesto las deficiencias de legitimidad de la resolución. Sin un consenso total, los países a quienes se les solicita que aporten tropas o recursos podrían mostrarse reticentes, lo que dificulta su implementación. La falta de unanimidad indica que el plan se percibe como un instrumento al servicio de los intereses de Estados Unidos e Israel, en lugar de como una propuesta genuinamente multilateral.
Fuerza de estabilización empoderada pero no protectora: La Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) está autorizada a utilizar todas las medidas necesarias para desmilitarizar Gaza, pero no garantiza la protección frente a los ataques israelíes. Por ello, Hamás ha advertido que, al hacerlo, pierde su neutralidad y se convierte en parte del conflicto. En lugar de salvaguardar a la población civil, la fuerza corre el riesgo de afianzar su control.
No existe ningún mecanismo para contener a Israel: Israel ha violado repetidamente el alto el fuego desde el 10 de octubre, pero la resolución no ofrece herramientas para detener los ataques ni para exigirle responsabilidades. Sin disuasión, la población civil sigue expuesta y el alto el fuego carece de credibilidad.
Crisis humanitaria relegada a un segundo plano: La resolución prioriza la vigilancia policial y la desmilitarización sobre las necesidades humanitarias urgentes. Con decenas de miles de palestinos asesinados y la ayuda restringida, esta situación agrava el sufrimiento y demuestra que los intereses de seguridad priman sobre los derechos humanos.
La condicionalidad socava la soberanía: el progreso se vincula a indicadores externos —reformas de la Autoridad Palestina, hitos de reconstrucción y aprobación internacional—. Esto externaliza los derechos palestinos, convirtiendo la autodeterminación en una recompensa condicionada en lugar de un derecho inalienable.
En resumen, la resolución funciona menos como una iniciativa de paz que como un instrumento político que permite a los estados poderosos proclamar avances sin abordar la injusticia fundamental. A menos que los esfuerzos futuros sitúen la autonomía, la rendición de cuentas y las protecciones efectivas del pueblo palestino en el centro, Gaza seguirá atrapada en ciclos de control y crisis. Lo que en el extranjero se celebró como un gran avance es, para los palestinos, un recordatorio más de cómo el sistema internacional puede perpetuar la injusticia cuando se niega a afrontar la realidad de la ocupación.