Fabrizio Casari *
* «… el resultado de la reunión certifica una vez más el destino frustrante de la familia Chamorro, que gira desesperada por todo el mundo solicitando sanciones contra Nicaragua. Sus miembros viajan en comitiva, con el dinero estadounidense, y se hacen fotos como en un viaje escolar, pero parten cada vez llenos de esperanzas para luego regresar desesperados».
Un balde de agua fría en la cabeza, más o menos esto ha sido para la derecha nicaragüense el resultado de la reunión de la OEA, en la cual no se ha votado por la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua.
Si bien la hostilidad de la derecha continental hacia el gobierno sandinista es firme y, la peor parte de esta continúa apoyando al golpismo en Nicaragua, no se cuenta con suficientes números para abrir un proceso contra Managua.
A pesar de contar con el soporte de EE.UU., Canadá, Colombia y Chile, los golpistas y sus aliados únicamente han obtenido una «exhortación – genérica y no vinculante – a reanudar el diálogo entre el gobierno y la oposición».
Exhortación de por sí ridícula: el gobierno está sentado en la mesa desde hace casi un año y la llamada «oposición», dividida en su interior, se levanta y se sienta cada día, para demostrar que existe. Su intento de desempeñar un rol, a través del chantaje y la presión del exterior, no funciona: fueron y siguen siendo irrelevantes para cualquier proceso de reforma.
El documento de la OEA, aprobado por una mayoría relativa, a pesar de su insignificancia sustancial, es sin embargo un acto de injerencia en los asuntos internos de un país miembro. Ha sido condenado por varios países, que ahora identifican en la deriva política a favor de los Estados Unidos un claro indicador del declive hacia un proceso terminal de la organización.
Por otra parte, el resultado de la reunión certifica una vez más el destino frustrante de la familia Chamorro, que gira desesperada por todo el mundo solicitando sanciones contra Nicaragua. Sus miembros viajan en comitiva, con el dinero estadounidense, y se hacen fotos como en un viaje escolar, pero parten cada vez llenos de esperanzas para luego regresar desesperados.
¿Por qué una organización como la OEA, ciertamente orientada en su gran mayoría hacia la derecha y notoriamente hostil al sandinismo, no ofrece su total apoyo a los nuevos contras?
Existen diferentes motivaciones, pero resumiendo, dos son las más importantes. Hay un aspecto político-jurídico: la mayoría de los países miembros no tienen la intención de sentar un precedente, de tanta injerencia en los asuntos internos de un país (lo que quebranta el espíritu de la Carta, que en cambio defiende a los países de los riesgos de desestabilizaciones violentas).
Y, si bien no por respeto al derecho internacional, al menos se oponen por temor a que la violación de la soberanía nacional de un país hoy, podría mañana, con diferentes equilibrios políticos, volverse en contra de cualquiera de ellos.
Hay, además, una valoración política sobre la confiabilidad de la oligarquía nicaragüense que ciertamente no favorece un apoyo inmediato. La búsqueda obsesiva de sanciones contra su propio país, no permite que el golpismo gane reconocimiento internacional.
Las posiciones instrumentales de los Chamorro, que repiten cada día un papel en la comedia narrando feroces represiones, transformando delincuentes seriales en presos de conciencia y gritando de torturas nunca exhibidas, suscitan ahora más perplejidad que confianza.
La obsesiva campaña de mentiras y la absoluta falta de fiabilidad de los personajes – entre los más comprometidos y corruptos de la historia de Nicaragua – determinan un juicio fatal en términos de confianza.
En resumen, los golpistas no representan un camino creíble, incluso para aquellos que no quisieran el gobierno sandinista, como evidencian las palabras de Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, quién en una entrevista con un periódico colombiano, elogió repetidamente al Presidente Daniel Ortega reconociéndole «a pesar de la falta de recursos, importantes esfuerzos para el bienestar de su gente» y diciéndose convencido de que «Ortega gobierna Nicaragua».
Pueden parecer palabras obvias, dada la reconocida estatura del Comandante Ortega, pero no lo son: son un reconocimiento importante, que inhibe efectivamente cualquier procedimiento de sanción y que certifica la validez del camino hacia la reforma del sistema electoral, en vista de la votación prevista en noviembre de 2021.
A diferencia de cuanto predican los sacerdotes de la intolerancia en los medios de la oligarquía, Almagro no se convirtió repentinamente en sandinista: solo midió la falta de fiabilidad de la oposición versus la fiabilidad del gobierno, que mantiene los compromisos asumidos tanto internamente como a nivel internacional y, de hecho, va más allá al aceptar pagar precios muy altos para alcanzar la paz.
Es claro para todos, que el odio político hacia el sandinismo se cruza con el odio de clase, dirigido hacia los beneficiarios de las reformas estructurales y de la modernización del país lograda con el sandinismo. También, queda claro a sus aliados internacionales, que el propósito del programa de acción política de la jerarquía eclesiástica y oligárquica es retomar las riendas del país.
Porque al final, de esto se trata. El proyecto de la familia Chamorro y sus aliados es recuperar la posesión de una nación ahora transformada en infraestructuras, con una estabilidad financiera y un respetable superávit primario, con un nivel importante de autosuficiencia energética y alimentaria y un atractivo para las buenas inversiones.
El famoso proyecto político de la Alianza Cívica es este: poner sus manos y sus dientes en el país para reiniciar a comerse Nicaragua tal como lo hicieron del 1990 al 2006.
Y si su credibilidad internacional es mínima, también a lo interno tienen una progresiva pérdida de credibilidad, causada por sus continuas mentiras. Su trabajo por cuenta de la oligarquía más nefasta y la solicitud de sanciones extranjeras contra el propio país, los han dejado ante los ojos de los nicaragüenses como un producto poco fiable. Incluso aquellos que cultivan sentimientos antisandinistas, encuentran serias dificultades en ver un posible voto útil en el caos de la derecha.
No es una coincidencia que únicamente los escuche el Gabinete de Trump: considerando los personajes que lo integran, hasta los chamorro parecen moderados. Pero, el hecho de que se apliquen sanciones contra algunos líderes sandinistas, parece más bien el reflejo pavloviano de una administración que se ha deslizado en un callejón sin salida.
El evidente error de cálculo hecho en Nicaragua (como en Venezuela), los llevó a confundir las mentiras de las famélicas oligarquías con análisis del cuadro socioeconómico; se atizaron con relatos fantasiosos sobre el análisis de las fuerzas en campo, alimentados por una narrativa inventada del supuesto apoyo mayoritario antigubernamental.
Haber introyectado acríticamente, identificándose con la narración interesada de una clase indecente, ansiosa sólo de absorber dinero para disfrutar de la vida, ha comprometido seriamente la capacidad de la Casa Blanca para evaluar una línea política sensata.
No podía ser de otra manera. Dejar decidir a Mike Pence, Mike Pompeo, Marco Rubio y Elliot Abrams la acción estadounidense en América Latina, en lugar de realizar un análisis sofisticado, produjo sugestiones ideológicas: después de todo, más que un gabinete estratégico, el grupo parece una caravana destartalada de nazis evangélicos sangrientos.
Por supuesto, los EE.UU. aspiran a obtener el cuero cabelludo de al menos uno de los gobiernos progresistas latinoamericanos (y con Nicaragua probarían una venganza particular, dados los reveses sufridos por los EE.UU. en la historia); por eso es normal que preparen, financien y apoyen el golpe. Sólo que su fracaso, en consecuencia, también ha causado el fracaso de la Casa Blanca.
El gobierno sandinista, por su parte, ha aplicado cada parte del acuerdo firmado con la oposición que, al levantarse y sentarse en la mesa como si fuera un ejercicio gimnástico, no contribuyó de ninguna manera al cumplimiento de los acuerdos, por lo que se volvió irrelevante para la toma de decisiones políticas nacionales.
Los amnistiados están libres y esto causa descontento en el propio FSLN y en la población que ha sido víctima de los delincuentes. Pero en el tablero de ajedrez político nacional e internacional, haber robado a la derecha su arma de propaganda más importante, ha proporcionado una nueva asignación de seriedad y credibilidad al gobierno. Lo que los nicaragüenses quieren, es confiabilidad y sabiduría, que ven como requisitos indispensables; quieren que el país vuelva al camino de las reformas estructurales emprendidas desde el 2007.
Y Nicaragua no solo libera cientos de detenidos, de acuerdo con la Constitución, que indica la cárcel un elemento de castigo reeducativo y no punitivo, sino que continúa sin pausa el camino hacia su desarrollo. Se acaban de asignar los fondos, obtenidos con los préstamos internacionales, para construir el nuevo hospital en León, que será el más grande del país. Se ha abierto la carretera que conecta directamente la costa atlántica con la costa pacífica; ocho horas en automóvil ahora conectan a Nicaragua de un punto a otro y no es difícil adivinar los posibles beneficios económicos y comerciales de esto, así como la utilidad en términos de movilización pública y privada. Nunca en la historia del país se había imaginado y logrado tanto.
Un extraordinario camino de éxito, que sólo espera ser confirmado en el 2021, cuando las elecciones reafirmarán una vez más que el sandinismo fue, y sigue siendo, la única receta para Nicaragua.
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