USA sigue sin pagar daños ocasionados a Nicaragua

 

Sputnik

Este 9 de abril se cumplen cuatro décadas de la demanda presentada por Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por los daños ocasionados por sus actividades militares al financiar una sangrienta y brutal guerra contra nuestro país. El gobierno gringo se niega a cumplir la sentencia.

“Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que no ha sido saldada por los Estados Unidos. Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia», declaró en un comunicado Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores República de Nicaragua.

El funcionario recordó que el 27 de junio de 1986, la CIJ emitió sentencia condenando a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares en contra del país centroamericano.

“La Corte decidió que los Estados Unidos tenían la obligación legal de reparar económicamente a Nicaragua por todos los daños causados”, dijo Moncada, quien también recordó que las sentencias de la CIJ son definitivas y de ineludible cumplimiento.

En específico, hace 40 años, Nicaragua acusó a los Estados Unidos de realizar políticas administrativas donde se violaban las normas y principios más fundamentales del derecho internacional al apoyar directa o indirectamente en sus operaciones militares y paramilitares a las fuerzas contrarrevolucionarias en su guerra contra el gobierno nicaragüense.

La demanda también acusaba la violación del espacio aéreo de Nicaragua por aeronaves militares, la adopción de medidas de carácter económico que indirectamente afectaban al país y por minar los puertos o aguas del país a través de personal militar de los Estados Unidos o de otras nacionalidades, pero pagados por ese país.

Desde que se supo el fallo de la CIJ en 1986, Estados Unidos se negó a respetar la decisión de la Corte, argumentando que esta no tenía jurisdicción sobre el caso.

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