VENEZUELA: EL FRACASO DEL BLOQUEO Y UN NUEVO CONTROL DE DAÑOS

La nota editorial del Washington Post (WaPo), medio alineado al estamento corporativo estadounidense, expone abiertamente la posición de aquella élite respecto al proceso de diálogo llevado a cabo el pasado 26 de noviembre entre el gobierno venezolano y un sector de las oposiciones que es patrocinado por Washington.

El resultado del mencionado proceso realizado en la ciudad de México, y que contó con el gobierno noruego como garante, fue un segundo acuerdo parcial social para la protección de la población venezolana más vulnerable. El estado venezolano busca recuperar parte de los recursos que han secuestrado mediante las sanciones ilegales y las medidas coercitivas unilaterales con el fin de invertirlos en atender diversas necesidades sociales de la población.

NO ES MÁS QUE UN CONTROL DE DAÑOS

El texto del WaPo, uno de los principales orientadores de «opinión pública» del hemisferio occidental, titulado «Cómo asegurarse de que la nueva política de Estados Unidos en Venezuela tenga resultados», inicia acusando al gobierno venezolano de toda la retórica antichavista acostumbrada y afirma que «Estados Unidos y sus socios internacionales hasta ahora han demostrado ser incapaces de impulsar el cambio» en Venezuela.

Cabe aclarar que el referido «cambio» que propugna WaPo se refiere al intento de magnicidio, asonadas militares y a las incursiones paramilitares intentadas en el marco de la Operación Gedeón y demás estratagemas fallidas, sin obviar los intentos de golpe parlamentario que buscaron, vía desacato, para socavar la institucionalidad estatal y la Constitución.

La corporación mediática, que apoya particularmente una política de seguridad nacional más militarizada, señala que las partes del diálogo acordaron aprovechar aproximadamente 3 mil millones de dólares en activos venezolanos bloqueados fuera del país y ponerlos a disposición de un fondo de ayuda humanitaria. Sin embargo, concluye que esa nueva política, alejada de las medidas draconianas tomadas por Trump, «le da al régimen un respiro económico y legitimidad internacional».

Cuando WaPo declara, está ejerciendo la vocería de los «titanes de los nuevos medios» en los que se inscriben magnates como Jeff Bezos, dueño de la plataforma mediática y Amazon, que junto a otros que conforman el gran Silicon Valley y se hicieron dueños de buena parte de corporaciones mediáticas a comienzos de la década pasada. Bezos es considerado uno de los hombres más ricos del mundo y en 2007 no pagó ni un centavo en impuestos federales sobre la renta, hazaña que repitió en 2011, bajo la venia gubernamental.

En su recetario de situaciones, WaPo se ha desplegado en teorías para explicar el fracaso del golpe en Venezuela, y hasta sugiere sanciones de «retroceso rápido» por si «Caracas se estanca o hace trampa». Todas y cada una de sus recomendaciones refrendan el fracaso del intento de cambio de régimen en Venezuela, hacen un olímpico esfuerzo por evadir la motivación energética de su «preocupación por la democracia» y es elocuente la forma de expresar el control de daños.

AMARGURA DE UN GIRO «ENDULZANTE»

El texto califica de «endulzantes» los métodos que se instrumentan desde la Casa Blanca para no perderlo todo luego del fracaso de Trump, en el que también se inscribe el entramado mediático globalizado del que WaPo forma parte. Es por ello que advierte repetidas veces que está en riesgo «una apertura política genuina» para el antichavismo.

Aun cuando dicen que la meta planteada es «inducir al régimen a una negociación» advierten que «el compromiso al estilo de Biden puede no resultar más fructífero que la presión al estilo de Trump». El giro político de Washington denota resignación amarga, y WaPo lo sabe.

Deja claro que no es mucha la capacidad de maniobra de Washington, sobre todo en estos tiempos en los que su sociedad padece los efectos de la inflación y la crisis energética inducida por Estados Unidos y sus países satélites al desatar una escalada brutal de sanciones contra Rusia. La sombra de la recesión se acerca y TWP lo sabe.

El último párrafo cierra refiriendo que la estabilidad «es de hecho un interés nacional vital de los Estados Unidos; pero en Venezuela es imposible sin democracia». Sin embargo, lo que en la nota editorial llaman «estabilidad» significa acceso a petróleo barato e injerencia en las decisiones geopolíticas y económicas de Venezuela.

Esto se nota más por lo que no dice el texto que por lo que dice. Curiosamente solo hace mención al acuerdo con la transnacional Chevron en un párrafo y lo califica de una concesión «simbólicamente significativa».

ELECCIONES LIBRES… DE SANCIONES

Entretanto, el presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa internacional realizada el pasado 30 de noviembre, afirmó que todas las «medidas criminales» contra Venezuela están vigentes y que 84% de los venezolanos las repudian tanto como a quienes las pidieron. Informó que se estarían realizando las reuniones de la Comisión de Seguimiento para confirmar la liberación de los primeros recursos para la recuperación de las escuelas y las de las poblaciones afectadas por las recientes lluvias.

Respecto a los fondos y dividendos de la empresa venezolana Citgo, exigió desde ya el reintegro de lo incautado «libre de polvo y paja». Exigió también que sean levantadas todas las sanciones sobre la industria petrolera de Venezuela, afirmando que «la idea de sacar a Venezuela del circuito económico del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial».

El presidente venezolano manifestó que el impacto económico y social del cumplimiento del acuerdo significaría la recuperación acelerada, entre otros ámbitos, de los sueldos, salarios y pensiones en el país, que los llevarían, como en el año 2015, a los más altos de la región.

En su intervención, el primer mandatario agregó que el gobierno se mantiene en diálogo con todas las oposiciones y que se activará una serie de reuniones para discutir las condiciones de unas elecciones… libres de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales.

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