Stansfiel Smith | The Grayzone
Violando la legislación internacional, Estados Unidos busca extraditar y encarcelar a empresarios extranjeros por sortear sus sanciones unilaterales. Los objetivos de Washington incluyen al ciudadano venezolano Alex Saab, el norcoreano Mun Chol Myong, y la ejecutiva china de Huawei, Meng Wanzhou.
Estados Unidos emplea sanciones económicas como arma contra los estados que eligieron un camino hacia el desarrollo, independiente de la dominación global norteamericana. Las sanciones pueden cobrar forma de bloqueo a las transacciones financieras y comerciales de una nación, impidiendo que puedan ser procesadas por las instituciones financieras. Estados Unidos también puede congelar los activos de otro país.
Washington emplea las sanciones como instrumento para desestabilizar gobiernos que rechazan arrastrarse. Las sanciones son un arma de guerra contra los civiles. Richard Nixon lo dejó claro cuando, con la elección del socialista Salvador Allende en el Chile de 1970, el presidente estadounidense le ordenó a la CIA “hacer que la economía chille” para “evitar que Allende alcance el poder o para derrocarlo”.
Las sanciones pueden destruir la economía de un país al provocarle hiperinflación y desempleo, mientras se le impide la importación de bienes como comida, medicinas, y equipos para mantener en pie su industria y su infraestructura.
Según las Naciones Unidas, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan las leyes internacionales. La Asamblea General de la ONU ha conminado a los estados a desconocer la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, tales como aquellas empleadas por los Estados Unidos. Desde 1992 ha condenado el bloqueo a Cuba; la respuesta de Washington ha sido empeorarlo. Los 120 miembros del Movimiento de los No-Alineados condenaron las sanciones a Venezuela.
Esta influencia global posibilita que los Estados Unidos bloqueen transferencias monetarias incluso para la transacción más pequeña posible, y confiscar miles de millones de dólares propiedad de gobiernos e individuos. Al controlar el sistema financiero internacional, Washington puede exigir que los bancos de otros países acepten las restricciones estadounidenses, o de lo contrario enfrentar sanciones ellos mismos.
Según Naciones Unidas, no obstante, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan la legislación internacional. La Carta de la ONU –de la que Estados Unidos jugó un papel fundamental en su redacción– claramente manifiesta que sólo pueden ser consideradas legales aquellas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Las sanciones impuestas por un país a otro son ilegales.
De forma repetitiva la Asamblea General ha llamado a sus estados miembros a no reconocer o aplicar medidas coercitivas unilaterales, como las empleadas por Washington.
Pero aun así, el gobierno de los Estados Unidos continúa libremente desdeñando a la ONU y su Consejo de Seguridad al imponerle sanciones unilaterales a una variedad de países, de forma más severa contra Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Sudán y Venezuela.
Las sanciones contribuyeron con 40 mil muertes en Venezuela apenas entre 2017 y 2018, así como a la muerte de 4 mil norcoreanos en 2018, en su mayoría niños y mujeres embarazadas. En los 90, las sanciones contra Irak llevaron a tanto como 880 mil muertes infantiles de niños por debajo de cinco por enfermedades y desnutrición.
Incluso Washington, descaradamente, amenazó con sancionar a jueces de la Corte Penal Internacional si se atrevían a investigar crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán. El Consejero de Seguridad Nacional John Bolton los amedrentó, diciendo: “Le vetaremos la entrada a los Estados Unidos a sus jueces y fiscales.
Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero estadounidense, y los demandaremos en el sistema penal de los Estados Unidos… Le haremos lo mismo a cualquier compañía o estado que asista en una investigación de la CPI a los estadounidenses”. Esto resultó ser más que una amenaza sin contenido: al final la administración Trump le estampó sanciones a la CPI y sus empleados.
En 2020 y 2021, el gobierno de los Estados Unidos llevó sus medidas coercitivas unilaterales a un nivel aún más amenazante al acusar e intentar extraditar a empresarios extranjeros que han cumplido con la legislación internacional, en vez de los dictámenes económicos de Washington.
Alex Saab, un ciudadano venezolano; Mun Chol Myong, un empresario norcoreano; y Meng Wanzhou, del gigante tecnológico chino Huawei, cada uno de ellos fue acusado de violar las sanciones ilegales de Washington, a pesar de que ninguno es ciudadano estadounidense que viven y hacen negocios fuera de los Estados Unidos. Los tres están siendo perseguidos políticamente por actuar de acuerdo a los intereses de sus propios países, y no de los de Estados Unidos.