Pueblo en armas
En Colombia el terrorismo de Estado se ha profundizado y es abierto. Asesinan cada día a líderes sociales, indígenas, campesinos, maestros, pobladores. Los ricos de Colombia se sostienen en el poder y mantienen su modelo de acumulación por medio de la violencia discriminada contra los luchadores y sus organizaciones.
Según datos de Global Witness, una ONG de Derechos Humanos radicada en Londres, solo en el 2020 habrían sido asesinados 65 ambientalistas. INDEPAZ informa que 126 líderes sociales han sido asesinados en este 2021 y se suman a la lista de 1241 líderes sociales asesinados posterior a la firma de los acuerdos de paz.
Este mismo año se han registrado 72 masacres y 36 indígenas no encontraron en el Estado colombiano ningún tipo de protección a sus vidas. A esta larga lista de líderes sociales, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos hay que añadirle el asesinato en estado de indefensión de 286 excombatientes farianos firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
El accionar durante el alzamiento popular reciente de la policía militarizada de Colombia y el respaldo absoluto de Duque a la masacre del pueblo, filmada y conocida, es una muestra urbana de lo que el régimen narcoterrorista ha ejecutado por décadas en las áreas rurales, en medio del conflicto armado.
El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), publicó en la nueva edición de la Revista Noche y Niebla, la No. 63, en ella indican que fueron 1388 víctimas de la violencia del Estado colombiano durante el Paro Nacional, entre abril y junio del presente año, colombianos y colombianas que sufrieron lesiones físicas, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias.
Pero la violencia política no es lo único que el gobierno de Colombia de Iván Duque se niega sistemáticamente a reconocer. Recientemente, el diario El Espectador de Bogotá, citando al Defensor del Pueblo de Colombia, aportaba datos sobre la desnutrición infantil, teniendo como fuente oficial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, denunciando que en dos años de gobierno de Duque, en Colombia existen 115.533 niños y niñas desnutridos, de ellos, 432 han sido hospitalizado por su gravedad.
Hasta principio del mes de septiembre de este año, 115 niños y niñas han muerto por desnutrición. ¿Pero qué oculta el Estado colombiano, qué trata cual truco de magia hacer desaparecer? Uno de estos elementos ocultos, 16.209 millones de dólares, que son aportados al PIB de Colombia por el negocio del narcotráfico. Un poco más del 5% de subsidio al capitalismo colombiano.
El narcoestado, deja de ser un cuento de vegueros para convertirse en uns realidad que supera sus fronteras y que envuelve al status quo de la sociedad colombiana. Políticos, Militares, Policías, emporios económicos y financieros, están estrechamente vinculados a la actividad del narcotráfico.
Tan solo hagamos una ojeada a los pilotos de avión al servicio de los carteles de la droga con vínculos con Álvaro Uribe Vélez o al presidente Iván Duque. Repasemos solo episodio de la “Ñeñe política” o veamos las últimas informaciones que vinculan al General Zapateiro, comandante del Ejército de Colombia, con la narcotraficante Solid Murcia Pérez.
El otro elemento no menos preocupante para los colombianos y colombianas, para la región y en especial para Venezuela, lo constituye la amenaza a la paz de Latinoamérica personificada en una clase política y una cúpula militar corruptas y entregadas a los yanquis. Colombia se ha convertido en la plataforma utilizada por los Estados Unidos para mantener su hegemonía a lo largo y ancho de Nuestra América.
La Doctrina Monroe como arma contra los pueblos, se ha utilizado para contrarrestar los avances de estos por consolidar el proyecto integracionista bolivariano. Desde los tiempos de Santander, como peón de los intereses de los Estados Unidos, hasta el tercer ciclo de gobierno del uribismo, la unidad y la paz latinoamericana son los blancos de estos francotiradores.
UNASUR, el ALBA y la CELAC han sido marcados en el tablero de la geopolítica regional. No perdonan que en más de un escenario de integración regional, la paz haya sido colocada como una bandera fundacional de un nuevo proyecto latinoamericano.
Colombia ha sido epicentro de la agresión sobre el pueblo venezolano. Desde el propio inicio de la Revolución bolivariana, la oligarquía ha planificado y ejecutado magnicidios frustrados, incursiones militares, y ha utilizado a gran escala los grupos paramilitares para la desestabilización de la vida cotidiana del venezolano.
Las continuas visitas del jefe del Comando Sur de las Fuerzas Militares de los EEUU y del Jefe de la CIA y la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano con la misma excusa desde hace 40 años de combatir al narcotráfico, se han convertido en rutina y costumbre.
Ahora se sabe de la transferencia por parte del Comando Sur de dos aviones C-130 Hércules a Colombia que aumenta la capacidad de transporte de tropas militares a las futuras “zonas de conflicto” previstas en la Doctrina Damasco, la base doctrinaria para la intervención militar bajo la bandera de la “ayuda humanitaria” para resolver la “inestabilidad política” presente en un territorio vecino.
Por si fuera todo esto poco, la amenaza de esta elite política-militar, no oculta ser la vocera dispuesta por Washington para dinamitar la Mesa de Dialogo de México entre la oposición venezolana y el Gobierno Revolucionario. No solo Iván Duque actúa para fijar posición sobre la direccionalidad que la oposición venezolana debe sostener en suelo mexicano, sino que por todos los medios intenta socavar este camino para la convivencia y la paz de los venezolanos todos.
La condición de esta amenaza real, usual y ordinaria, nos hace a los venezolanos seguir avanzando en los frentes de batalla. Necesitamos la estabilidad económica sin las mal llamadas sanciones ni bloqueos financieros que afectan a la industria petrolera, los servicios públicos, la distribución de alimentos y el acceso a medicinas.
Requerimos consolidar la paz política con el ejercicio pleno de la soberanía popular y los diversos mecanismos de participación y protagonismo del pueblo. La unidad cívico-militar, con el Pueblo en armas, es nuestra garantía del mantenimiento de la paz y de la defensa nacional y del camino bolivariano que nos hemos dado, con la profundización del proyecto país, bajo la bandera del ideario chavista en la transición hacia el Socialismo a la venezolana, sin copias y sin dogmas.
El pueblo colombiano está en búsqueda de un mejor vivir. La disputa por la vida y el territorio, por una paz con justicia social está desatada y son millones de pobladores que se han manifestado en ese sentido. Esta lucha política de calle apenas inicia y puede desatar insurrecciones y grandes confrontaciones. Además, el año 2022 tiene una connotación electoral pues se elige nuevo presidente y Congreso, situación que puede traer desenlaces democráticos y de cambio.
Los pueblos ahora separados por fronteras impuestas, necesitamos avanzar en el camino de la construcción de Colombia la Grande, sinónimo de unidad, con la mirada puesta en un proyecto que facilite la construcción de un Bloque Económico, Cultural y Militar con amplias capacidades de competencia como actor beligerante del mundo multipolar en continuas relaciones de respeto a la soberanía de los países levantando las banderas de la unidad y la integración latinoamericana.
Ese es el camino que nos señaló el Libertador Simón Bolívar y que está vivo en las luchas de los pueblos de Colombia y Venezuela.200 años después Carabobo sigue iluminando el camino hacia la Patria Grande.