Carlos Fernando Chamorro, director del Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO, que aglutina un conglomerado de medios que operan con financiamiento del exterior, especialmente de organismos involucrados en lo que se conoce como el “golpe suave” en contra del gobierno de Nicaragua, hizo una rara denuncia en el ONG opositor Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENIDH, de supuesto espionaje y acoso contra dos de sus empleados.
De acuerdo a la página digital de Confidencial, uno de los medios propiedad de Chamorro, dos de sus empleados administrativos, de los cuales aseguró reservarse el nombre “por razones de seguridad”, habrían sido objeto de acciones ilegales y de espionaje perpetrados por operadores políticos “identificados con el partido de gobierno” y por “oficiales del Ejército de Nicaragua”.
“Nos vemos obligados a alertar a la opinión pública, nacional e internacional, el recrudecimiento de prácticas ilegales contra la integridad de los trabajadores de Confidencial. El acoso e intimidación que han enfrentado los periodistas de Confidencial se ha extendido a los trabajadores administrativos de este medio de comunicación con intenciones cada vez más graves”, dijo Chamorro, quien buscó el acompañamiento legal del CENIDH para “elevar” esa denuncia a organismos internacionales.
Lo que en realidad se colige de lo anterior es que Chamorro trata de conseguir más fondos de las agencias desestabilizadoras norteamericanas y europeas que financian sus actividades de operador local en Nicaragua, en su afán de destruir al gobierno sandinista.
Forma burda de reclutamiento
Carlos Fernando dijo que en las últimas dos semanas, dos trabajadores de Confidencial, uno del área administrativa y el otro del área técnica, fueron supuestamente requeridos, en actos separados, por un oficial del Ejército de Nicaragua, y por operadores políticos del partido de gobierno, respectivamente, “para demandar su colaboración en actividades ilegales de espionaje político, pero que “en un acto de gran valentía e integridad los dos trabajadores rechazaron de forma rotunda la pretensión de los agentes u oficiales de someterlos a la intimidación”.
Aunque es obvio que Chamorro no dice la verdad, porque esa es una forma burda de reclutamiento, aseguró que “gracias a su lealtad y coraje personal, podemos realizar ésta denuncia. Sus testimonios, debidamente documentados, quedarán bajo el resguardo del CENIDH y de dos testigos de máxima autoridad moral en el país”, quienes son los monseñores Leopoldo Brenes y Silvio Báez, “como una garantía de protegerlos ante cualquier intento de represalia”.
Dijo que el 20 de septiembre, uno de los trabajadores de Confidencial fue citado por unos desconocidos a encontrarse en un lugar público con Rafael Moreno y Ramón Abarca “para abordar asuntos de una supuesta oferta de trabajo. Ambos se identificaron como miembros del FSLN, aunque nuestra propia investigación directa no ha descartado que tengan contacto con alguna institución del Estado”, y que les pidieron información sobre el trabajo de Confidencial.
Agregó que dos días después, el 22 de septiembre, una persona que se identificó con carné del Ejército de Nicaragua, de nombre Walter Abarca, se presentó a la casa de otro trabajador de Confidencial.
No aportó pruebas
Dijo que éste supuesto oficial, quien llegó vestido de Civil, le demandó al trabajador que trabajara para el Ejército brindando información sobre Confidencial. Esa otra denuncia es todavía más halada del cabello, porque ningún oficial de ningún ejército del mundo, menos del área de Inteligencia, va a reclutar a la brava para obtener información.
Chamorro no presentó pruebas ante la denuncia recibida con gran beneplácito por su socia en la oposición, Vilma Núñez de Escorcia, y expresó que no interpondrían los cargos ante las autoridades nicaragüenses porque dijo estar seguro que no prosperaría, aunque es obvio que su intención es descalificar a nuestras autoridades.
Al finalizar la comparecencia de Carlos Fernando, Nicaleaks recibió de una fuente ligada a CINCO, copia de una carta en la que se aprecia el tipo de problemas internos que son comunes en ese entorno laboral. Se trata de un caso de acoso expuesto por una señorita ante la directora ejecutiva, Sofía Montenegro. ¿Y los derechos humanos de la víctima? Sabemos de acosos de otro tipo que no son objeto de advertencias ni sanciones, mucho menos de conferencias de prensa. Aquí la carta:
