La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que evaluó a los candidatos para ocupar los dos cargos vacantes de magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE), actuando con apego a la Constitución rechazó por tercera vez la postulación de la ciudadana estadounidense Carmela Marie Rogers o Kitty Monterrey como se le conoce en Nicaragua.
El presidente de dicha Comisión Especial, diputado liberal Wilfredo Navarro, fue claro al argumentar la posición de esa comitiva legislativa: “Monterrey no cumple con los requisitos de Ley para poder ser candidata”.
Como una forma de “mascar sus rabia”, la ciudadana norteamericana dijo que insistirá en recurrir de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo una interpretación de la Constitución Política, argumentado “que deben defenderse los derechos de todos los nicaragüenses que nacieron en el exterior, debido a la emigración de sus padres”.
Apelará ante la Suprema Corte
La decisión de la ciudadana norteamericana, de acuerdo al criterio de constitucionalistas, es política e ilegalmente improcedente, porque como ella dice, la situación de su ciudadanía fue por cuestiones migratorias, pero ahora que su domicilio es Nicaragua, si quiere ocupar un cargo de esta naturaleza tiene que renunciar a ser gringa.
En un consuelo de tontos que ni ella se cree, y en su interés desmedido por seguir considerándose norteamericana, Monterrey explicó que el escrito que presentará ante la Corte Suprema de Justicia no es para reclamar el cargo, sino para aclarar los derechos constitucionales de los nicaragüense con doble nacionalidad.
Sin embargo, la Comisión Especial sustentó su rechazo en el numeral uno del artículo 171 de la Constitución Política, que establece el requisito de “ser nacional de Nicaragua” para poder ser candidata a este cargo, aclarando a continuación que “en el caso de quien hubiere adquirido otra nacionalidad, deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de ser electo para ostentar a ese puesto”.