El expresidente ruso afirmó que la instrucción a la CPI de «juzgar al presidente de otra potencia nuclear» procede de Washington y no tiene «ningún valor práctico».
La orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladímir Putin, es señal del «colapso final» del sistema del derecho internacional, según declaró el expresidente ruso Dmitri Medvédev.
«Las consecuencias para el derecho internacional serán monstruosas. Al fin y al cabo, se trata del colapso de los fundamentos, de los principios del derecho. Incluidos los postulados sobre la inevitabilidad de la responsabilidad. Ahora, nadie acudirá a ningún organismo internacional, todos [los países] se pondrán de acuerdo entre sí», dijo Medvédev, que actualmente ocupa la vicepresidencia del Consejo de Seguridad de Rusia, en una publicación en las redes sociales este lunes.
El exmandatario también advierte que se ha producido el «colapso final» del sistema del derecho internacional, señalando que su principal defecto es «su ineficacia», ya que los países no están dispuestos a seguir «los actos sesgados» de la Asamblea General de la ONU, vetan las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y abandonan las distintas instituciones de la organización.
El político señaló la «nula eficacia» del tribunal a la hora de exigir responsabilidades a sospechosos de alto perfil. Incluso el expresidente sudanés Omar al Bashir, buscado por el tribunal desde 2005, «escupe sobre los cargos y a pesar del golpe militar en casa [en 2019], sigue sin estar localizable», comentó. Asimismo, destacó que «el episodio más desacreditado que acabó con la casi nula credibilidad del tribunal tuvo que ver con los crímenes de EE.UU. en Afganistán e Irak», cuando el tribunal «no pudo hacer nada».
Medvédev afirmó que la instrucción a la CPI de «juzgar al presidente de otra potencia nuclear» procedió de Washington y añadió que no tiene «ningún valor práctico».
Rusia abre causa penal
El Comité de Investigación de Rusia abrió este lunes una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, que la semana pasada emitieron una orden de detención contra Putin, citando su responsabilidad por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, sobre la base de la solicitud con la orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la CPI «dictaron ilegalmente órdenes de detención» contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.
- La CPI fue constituida en 2002 para investigar graves violacionesde los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
- El Estatuto de Roma de 1998 ha sido ratificado por 123 países, sin incluir a Rusia, Ucrania, UU., China, Israel, entre otros. Washington incluso adoptóuna ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación» de un militar o funcionario detenido por solicitud de la CPI.
Rusia abre una causa penal contra los jueces de la Corte Penal Internacional
El Comité de Investigación de Rusia abrió este lunes una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, que la semana pasada emitieron una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, sobre la base de la solicitud de orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la CPI «dictaron ilegalmente órdenes de detención» contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.
Se señala que el proceso penal iniciado por la CPI es «intencionadamente ilegal, ya que no existen motivos de responsabilidad penal», así como se subraya que en virtud de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, firmada en 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.
Así, el Comité de Investigación considera que las acciones del fiscal y los jueces contienen elementos de delitos previstos en el Código Penal de Rusia, concretamente «la persecución penal de una persona que se sabe inocente, combinada con la condena ilegal de una persona por un delito grave o particularmente grave, así como la preparación de un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con la intención de agravar las relaciones internacionales».
El pasado viernes, el tribunal, con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra Putin, mencionando la supuesta deportación de menores de edad ucranianos a territorio ruso, que califica de crimen de guerra, y señalando que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la orden de detención contra el presidente ruso es «inaceptable» y que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. «Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante», señaló.
- La CPI fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
- El Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EE.UU., China, Israel, entre otros.