Prensa Latina
La salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) constituye hoy una decisión eminentemente política que no afecta las relaciones entre el país y los organismos multilaterales, gobiernos o entidades financieras.
Así aseguró a Prensa Latina, José Figueroa, diputado de la Asamblea Nacional por el gobernante Frente Sandinista y uno de los 83 parlamentarios que aprobó la declaración del órgano legislativo, de condena a la injerencia extranjera en los asuntos internos y los intentos de menoscabar su soberanía e independencia.
El documento, suscrito ya por otros poderes estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, aludió a la resolución adoptada por una veintena de estados durante el 51 periodo ordinario de sesiones de la OEA, celebrado del 10 al 12 de noviembre último en la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el texto, el dictamen emitido por el organismo internacional resulta irrespetuoso, ilegítimo y absolutamente ignorante de sus principios fundamentales, aquellos concernientes a la no intervención y el reconocimiento al derecho de todo territorio a elegir, sin injerencias, su sistema político, económico y social.
«La OEA trasciende en la historia como un instrumento de dominación estadounidense calificado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, como el ministerio de colonias. Su papel histórico es el de castigo, chantaje y presión a aquellos indóciles respecto a la política de Washington», aseguró.
A juicio del secretario ejecutivo de la bancada sandinista, ese mecanismo incumple con elementos incluidos en su carta constitutiva como la preservación de la paz regional y el auxilio a sus estados miembros frente a dificultades de cualquier índole: política, militar, desastres naturales o para el fortalecimiento de la democracia.
Según Figueroa, la OEA actuó, durante cinco décadas, como cómplice de golpes de estado a presidentes electos como Jacobo Árbenz, en Guatemala; Salvador Allende, en Chile; Hugo Chávez, en Venezuela; Fernando Lugo, en Paraguay; Manuel Zelaya, en Honduras y Dilma Rousseff, en Brasil.
«Durante la intentona de golpe de estado en Nicaragua, en 2018, recogieron informes falsos, dudosos y de fuentes no confiables, mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acusarnos de violaciones, cuando nos defendíamos de una maniobra encaminada a la destrucción del país», argumentó.
La declaración aparece cuatro días después del ultimátum dado por el grupo regional, con plazo hasta el venidero 30 de noviembre, para lo que ellos consideran como «restauración de los derechos democráticos» y la liberación de 175 personas catalogadas como presos políticos, entre ellos, siete presuntos precandidatos a la presidencia en los pasados comicios generales.
Para 25 países dentro de la OEA, las elecciones realizadas el 7 de noviembre último no fueron «ni libres, ni justas, ni transparentes y no tienen legitimidad»; de ahí el reclamo de varios poderes estatales nicaragüenses y la exhortación al presidente Daniel Ortega para que denuncie la carta constitutiva.
Desde la difusión de los resultados del sufragio por el Consejo Supremo Electoral, Estados Unidos impulsó numerosas sanciones, entre ellas, la prohibición de ingreso a ese país de Ortega, la vicemandataria Rosario Murillo, funcionarios de su gobierno, agentes policiales, jueces, fiscales, alcaldes y secretarios políticos, entre otros.
«Son medidas arbitrarias, ilegales y fuera del marco del derecho internacional. Nicaragua solo puede condenarlas y rechazarlas, como hizo anteriormente contra las impuestas a Cuba y Venezuela y frente a todos los intentos organizados por Washington y sus aliados en el área para contrarrestar la lucha de los pueblos», concluyó.