La medida podría significar un juicio político contra el mandatario y propone inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final que plantea acusar por presunta traición a la patria y supuestas infracciones a la Constitución, al presidente de la República, Pedro Castillo.
La subcomisión parlamentaria aprobó la denuncia por 11 votos a favor y 10 en contra. La medida podría significar un juicio político contra el mandatario y, además, inhabilitarlo por cinco años para la función pública.
El informe deberá ser visto ahora por la Comisión Permanente del Congreso, que tendrá que discutir sobre la inhabilitación del Jefe de Estado. Si en esa etapa se aprueba la medida contra Castillo, la última voz sobre la continuidad o no del mandato del Presidente estará a cargo de la plenaria del parlamento, detalló el medio local El Comercio.
El informe final indica que Castillo habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de Perú. Esto por su propuesta de consultar al país sobre dar acceso al mar a Bolivia, durante una entrevista con el medio estadounidense CNN en español.
El mandatario peruano acumula además seis investigaciones judiciales en las que se le imputan presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal contra la administración de justicia, tráfico de influencias y el supuesto plagio de su tesis de maestría.
La crisis política que arrastra Perú recrudeció a inicios de octubre con una serie de medidas judiciales que aumentaron las amenazas de destitución contra Castillo, y que se remontan al inicio de su gobierno, hace más de 15 meses.
Crisis de gobernabilidad en Perú
En ese periodo, el mandatario ya ha enfrentado dos intentos de deponer su mandato a través de la vacancia, un mecanismo institucional del parlamento peruano que en los últimos años ha sido protagonista en la remoción de varios presidentes, en medio de la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país desde el 2016.
Este nuevo proceso podría terminar en un tercer intento de vacancia en contra de Castillo, justo cuando la Fiscalía aumenta las investigaciones contra el círculo político e íntimo del mandatario, involucrando en causas judiciales a varios de sus familiares.
Por su parte, Castillo siempre ha negado las acusaciones en su contra y asegura que se trata de una persecución judicial. Según el mandatario peruano, hay un asedio permanente de golpe de Estado, que se ha mantenido latente desde que asumió la banda presidencial.
La gravedad de la situación política incluso provocó que Castillo pidiera un diálogo a la oposición y solicitara a la Organización de Estados Americanos (OEA) activar la Carta Democrática Interamericana, con el propósito de enviar una misión especial a su país para preservar «la institucionalidad» en Perú.