El Estado del Río de Janeiro ha decretado este viernes un estado de emergencia económica y ha pedido socorro para la celebración de los Juegos Olímpicos, que empiezan el día 5 de agosto.
El “estado de calamidad pública» que declara el Gobierno del Estado, en la práctica, debe permitir la adopción de medidas excepcionales para reducir gastos y servicios públicos ante el evento deportivo. Ni el decreto, publicado en el Diario Oficial este viernes, ni los asesores del Gobierno estatal especifican, sin embargo, qué medidas serán tomadas. Según especialistas consultados por EL PAÍS, la hipótesis más probable es que el decreto sirva, además de para hacer recortes, para justificar una inyección extra de recursos del Gobierno Federal, en plena restricción fiscal.
El Comité Organizador de Rio 2016 garantiza que la medida no tendrá impacto en los Juegos Olímpicos porque sus preparativos no dependen de fondos públicos. El decreto, vago y con frases contundentes, arroja, sin embargo, aún más sombras sobre el evento, en un momento en el que abundan las noticias negativas sobre Brasil, sumido en la crisis política y lidiando desde hace meses con el virus del zika. El texto asegura que la crisis económica compromete “el cumplimiento de obligaciones» con la organización de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos y advierte que la situación puede «ocasionar el total colapso de la seguridad pública, la salud, la educación, la movilidad y la gestión ambiental». El estado de emergencia suele ser una medida excepcional para casos de catástrofes naturales, con el fin de poder repartir recursos de forma extraordinaria o firmar contratos en carácter de urgencia. El decreto de Río busca, según reconoció el gobernador del Estado, Francisco Dornelles, que el Gobierno federal colabore en el mantenimiento de esas áreas.
Aunque la mayoría de los equipamientos olímpicos ya están listos para el evento, el Estado de Río de Janeiro es el responsable por concluir las atrasadas obras del metro, que unirá las zonas turísticas con Barra de Tijuca, el principal escenario de las competiciones y que son fundamentales para el transporte de los aficionados. Para su inauguración, Río de Janeiro aún necesita que el Gobierno federal le preste otros 130 millones de euros. El Estado, que hace meses tiene dificultades para pagar el salario de sus funcionarios a tiempo, también necesitaría una inyección del Gobierno brasileño de unos 775 millones de euros para garantizar las nóminas y evitar, de paso, que los trabajadores públicos protagonicen ruidosas manifestaciones en plenos Juegos Olímpicos.
El gobernador de Río de Janeiro concedió el viernes por la noche una rueda de prensa en la que afirmó que el Estado tiene problemas económicos por la caída en el precio del petróleo y problemas en los sectores automovilístico y siderúrgico que han causado la caída de la recaudación de impuestos. Según él, «el decreto tiene el objetivo de llamar la atención de toda la sociedad de Río de Janeiro para los problemas que vive el Estado y abre camino para tomar medidas muy duras en el campo de la administración». La crisis, en realidad, ya manifestó descaradamente a principios de año, cuando los hospitales públicos dependientes del Estado estaban colapsados por falta de dinero y cosas tan básicas como gasas o agujas. El área de seguridad pública también se ha visto afectado por la crisis, con cortes y atrasos en el pago de los policías, lo que se ha traducido en un aumento de los índices de criminalidad en los últimos cinco meses.
Según el gobernador, el presidente interino Michel Temer se reunirá con los gobernadores de todos los Estados el lunes en Brasilia. «Esperamos que exista una gran comprensión, porque los Estados no tienen condiciones de pagar sus deudas», comentó.