Se trata de la segunda acción policial en esta semana. Se han emitido 16 mandatos de búsqueda y aprehensión y ocho órdenes de prisión preventiva en varios estados del país.
La Policía Federal lanzó este viernes una nueva operación contra sospechosos de financiar, participar o promover el asalto contra la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero.
En un comunicado, la corporación indicó que se han emitido 16 mandatos de búsqueda y aprehensión y ocho órdenes de prisión preventiva en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y en el Distrito Federal (DF).
«Los hechos investigados constituyen delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictuosa, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos», reza el texto.
Esta operación, denominada Lesa Patria, se ha lanzado después de que el lunes la Policía llevase otra a cabo en Río de Janeiro en la que detuvo a un bombero militar y el jueves a un asesor del diputado bolsonarista Filippe Poubel.
El pasado 8 de enero, bolsonaristas radicales invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto en la capital del país, en el mayor asalto contra la democracia desde la dictadura.
La Secretaría de Administración Penitenciaria del DF comenzó el jueves a instalar tobilleras electrónicas a los radicales bolsonaristas que fueron liberados por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Hasta el momento, el magistrado liberó a 200 personas, 324 han sido encarceladas y 885 casos se encuentran todavía en proceso de análisis.
Desconfianza en las fuerzas de seguridad
Debido a su desconfianza con las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva despidió a casi 60 militares que desempeñaban sus labores en su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, y en la sede presidencial, el Palacio de Planalto.
El presidente también realizó un drástico cambio en la línea de mando de la PF y de la Policía Federal de Carreteras (PF) y destituyó a más de 40 agentes.
Mientras, el cerco judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro se va estrechando. El Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una nueva investigación contra el ultraderechista –que se encuentra en Florida, EE.UU.– por abuso de poder político y económico durante la campaña presidencial de 2022.