La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), anunció que recibió y estudiará la propuesta del gobierno de Nicaragua para el retorno voluntario de los nacionales que salieron del país a raíz de los sucesos de abril de 2018.
La OIM recibió una solicitud formal del gobierno de la nación centroamericana en la que pide apoyo para el Programa de Retorno Voluntario Asistido de los Nicaragüenses en el Exterior, petición que el organismo aceptó analizar y estudiar una vez conozca los detalles.
El Ejecutivo anunció la iniciativa este lunes, la cual especifica que no ampara a aquellos con causas judiciales abiertas, acusaciones formales de las autoridades competentes y con nexos probados con el intento de golpe de Estado de abril de 2018.
Tampoco se beneficiarán del programa autores y/o acusados de delitos comunes que estén prófugos de la justicia, sin importar la fecha de los hechos.
En un comunicado, la Oficina Regional de la OIM, con sede en Costa Rica, explica que la institución ‘espera poder cooperar con el retorno voluntario digno y seguro de los migrantes nicaragüenses en el marco de una trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad de Nicaragua’.
El organismo aclara en el texto que los programas de retorno voluntario que apoyan se basan en la decisión libre de los migrantes y se gestiona en apego a ‘los principios de respeto a los derechos humanos, dignidad, seguridad, y confidencialidad de los datos personales’.
La propuesta de Programa enviada a la OIM es resultado de una gestión unilateral del gobierno de la nación centroamericana, que lo presentó a la opositora Alianza Cívica en el marco de la Mesa de Negociaciones y no fue aprobado de consenso como establece ese mecanismo de diálogo.
Estructurada en tres puntos, la iniciativa establece como primer paso la promoción del retorno voluntario asistido y sostenible, informando a los ciudadanos que retornen de las condiciones para su regreso.
Estipula además las garantías y facilidades para el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto de los derechos humanos.
Por último, acuerda garantizar el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna, todo en respeto de los Derechos Humanos según lo establecido en la Constitución de Nicaragua.
Para que el acuerdo se cumpla según el programa, autoridades pertinentes garantizarán la asistencia durante los trámites de documentación, migración y aduanas al llegar a los puestos fronterizos terrestres, marítimos o aéreos.
También recibirán y tratarán a quienes retornen al país en condiciones de dignidad y seguridad física y jurídica a su llegada, explicó el gobierno.
Policía Nacional niega permiso a grupos que quieren conmemorar fallido golpe de Estado
Por otro lado, la Policía Nacional anunció que no autoriza la movilización pública solicitada por sectores de la oposición para el 17 de abril teniendo en cuenta los resultados negativos de intentos anteriores.
Según la resolución 03-2019 firmada por el jefe de la Dirección de Seguridad Pública, comisionado general Olivio Hernández, la institución desestimó la solicitud de acuerdo a lo estipulado en las leyes y funciones de los uniformados.
La Constitución de Nicaragua “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”, pero la Ley 872 establece que la Policía Nacional es la instancia facultada para otorgar permisos y autorizaciones para efectuar eventos de este tipo.
El documento explica además que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la legislación del país y que las personas que la entregaron son partícipes de los intentos de movilizaciones anteriores que terminaron en la alteración del orden público y resultaron heridas varias personas.
La Policía Nacional reiteró su compromiso en el cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, así como establecer responsabilidades y cargos contra quienes pretendan alterar la paz y la convivencia.
Las solicitudes de marchas anteriores también fueron prohibidas por la Policía, sin embargo, los grupos opositores hicieron caso omiso de la disposición, desafiando abiertamente a las autoridades del país y desconociendo la gestión conciliadora de la Mesa de Negociación por el Entendimiento y la Paz en Nicaragua.
Las protestas, según sus protagonistas, tienen como fin exigir al Estado “la liberación de los presos políticos y la restauración de derechos constitucionales”, demandas a las que el gobierno sandinista dio respuesta de acuerdo con la opositora Alianza Cívica, su contraparte en la mesa.
Entre los resultados de las negociaciones figura la liberación de todos los detenidos en relación con el intento de golpe de Estado de abril de 2018, en un plazo de 90 días a partir del 20 de marzo, día en que se hizo público el acuerdo. Hasta el momento han sido excarceladas más de 800 personas, las más recientes ayer 17 de abril, que se benefician del régimen de convivencia familiar.