Anteriormente, el dimitido mandatario boliviano ha tachado de «injusta, ilegal e inconstitucional» la orden de aprehensión en su contra.
El ministro de Gobierno de facto en Bolivia, Arturo Murillo, reconoció que será «complicado» cumplir con la orden de detención dictada por la Fiscalía boliviana para el mandatario depuesto Evo Morales.
«Obviamente, va (a) ser complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina», dijo Murillo, en entrevista con CNN.
Sin embargo, señaló que las autoridades de facto pueden activar el proceso de «extradición» contra el presidente destituido.
Según Murillo, Morales «tiene una deuda con el Estado boliviano, debe rendir cuentas al pueblo boliviano y debe pagar, porque hay delitos que se los debe pagar con la ley, con la cárcel».
La orden de prisión contra Morales fue dictada este miércoles por parte de la Fiscalía, en respuesta a una investigación que le siguen al mandatario depuesto por los supuestos delitos de «sedición», «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo».
La investigación se abrió contra Morales y Faustino Yucra, un dirigente del trópico de Cochabamba, luego de darse a conocer un video en el que supuestamente ambos dialogan sobre cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de facto.
«No procede»
Morales, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, dijo este jueves que la orden de aprehensión «no procede», porque «legalmente» sigue siendo el presidente de Bolivia.
El mandatario depuesto explicó, en una conferencia de prensa, que su dimisión, que fue provocada «a causa de un golpe de Estado», el pasado 10 de noviembre, debía ser aceptada o rechazada por el Parlamento boliviano y eso «nunca ocurrió».
«La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente», enfatizó Morales.